En Oaxaca, el 55 por ciento de los comercios establecidos no pagan impuestos. Esto comprueba, de acuerdo con Ana Luz Ramos Soto, directora de la Escuela de Economía de la UABJO, que existen en la entidad empresas-fantasma y empresas outsourcing con prácticas anómalas.
“El Servicio de Administración Tributaria (SAT: 2010) reporta que el Estado de Oaxaca es pionero en evasión de impuestos”.
Oaxaca, añade, se ha caracterizado por su bajo crecimiento económico y la poca aportación que su economía hace al Producto Interno Bruto Nacional (PIB). Ante estas circunstancias, debemos decir que para que se dé un dinamismo económico, es necesario que en una economía exista competitividad.
En este mismo año, la entidad oaxaqueña se ubica en el lugar 31 del país, con un índice de 0.375 en la materia, lo que significa que se carece de una política fiscal, no existen finanzas públicas eficientes y un ambiente institucional favorable. El estado se encuentra por lo tanto en un estancamiento económico.
“De acuerdo a estos datos, vemos una economía nada competitiva y por otro lado empresas que se instalan pero que evaden sus responsabilidades. Una economía que depende de los recursos federales, ingresos que provienen del petróleo los cuales son altamente volátiles.
“La OCDE declara que la recaudación tributaria representa el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, la cual es baja desde una perspectiva internacional, por lo que recomienda mantener inversiones que fomenten el crecimiento, reducir la pobreza e incentivar el paso del sector informal al formal, dado que la informalidad de la economía frena la productividad”.
La especialista, en su participación en Sensor, dice que las empresas que están en el sector informal carecen de protección civil, protección jurídica y acceso al crédito. Y que para combatir este sector, se propone una regulación, incentivos para formar parte del sector formal y un cumplimiento riguroso de las leyes tributarias.
En economías subdesarrolladas, explicó, es muy común la evasión de los impuestos; pero desde el punto de vista legal este acto es un delito, y entran en juego los valores éticos, los que se anteponen ante las necesidades económicas. Una de las consecuencias de la evasión fiscal es la pérdida de recursos del sector público.
“En la evasión de los impuestos, influye el que no exista transparencia y eficiencia en la actuación de la administración tributaria. Comúnmente la población se pregunta ¿Hacia dónde van nuestros impuestos? ¿Qué se hace con ellos? ¿En verdad se destinan a programas de beneficio para la población? ¿Qué tanto de este dinero le destinan a la educación o a la salud?”
De acuerdo a estos datos, vemos una economía nada competitiva y por otro lado empresas que se instalan pero que evaden sus responsabilidades”. Ana Luz Ramos
En ese sentido, explicó que por transparencia, debe entenderse el hecho de que los impuestos que se cobran sean claros, de fácil aplicación, que incorporen seguridad jurídica en su aplicación, para cuando la población tenga que pagar, tenga un conocimiento pleno del porqué del cobro y del para qué del mismo.
“En el estado de Oaxaca es necesario tener finanzas sanas, lo que significaría que el gobierno obtenga mayores recursos fiscales y que la conducta de los actores sociales sea voluntaria. Como tales, la eficiencia gubernamental sería honesta y transparente y, de lograrlo, vendría en consecuencia la competitividad, lo que permitiría medir la eficiencia gubernamental de acuerdo al grado de gobernabilidad, la eficiencia de gestión, la capacidad que se tiene para dar respuesta a las demandas sociales”.
Asimismo, agrega que el concepto de competitividad, establece la descripción de la metodología, “se refiere al medio ambiente creado en una economía de mercado el cual es suficientemente atractivo para localizar y desarrollar actividades económicas exitosas, que permitan generar valor agregado y sea base de riqueza y bienestar”.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, los ingresos provenientes de impuestos locales son de los más bajos en el país. Aunque esta situación ha mejorado en los últimos años con la implantación de programas orientados a facilitar el pago de contribuciones a través del uso del internet y el sistema financiero. Sin embargo, es posible considerar como área de oportunidad el aprovechamiento de potestades tributarias, como los impuestos cedulares.
“Es de suma trascendencia una mayor cooperación entre la Federación y el Gobierno de Oaxaca que permita hacer más eficiente la recaudación en el estado, así como dotar de una mayor infraestructura tecnológica y capital humano para no depender de las transferencias federales para fortalecer su hacienda local”.
En materia de incentivos fiscales, señala la dependencia, éstos constituyen una fuente de ingresos de mayor importancia respecto de los impuestos propios, lo que implica que el Congreso de la Unión podría impulsar la implementación de más y mayores incentivos económicos a las entidades federativas.
“Un buen ejemplo de ello es lo que ha sucedido con la tenencia, en principio regulado por la Federación y coordinado al estado para, en una segunda etapa, establecerse como un ingreso local, una vez fortalecida su fiscalización”.
De la misma manera, indica que es necesario impulsar una mayor actividad económica a nivel local y regional, lo que traerá beneficios implícitos en el fortalecimiento de la hacienda local. Sin embargo, existe el riesgo de que el fomento de la inversión privada se vea limitada al no poder otorgarse incentivos económicos, vía impuesto sobre nóminas, a los inversionistas, debido a que su recaudación futura ya está comprometida por la emisión de certificados bursátiles.
Por último, y con el fin de fortalecer la hacienda pública local, resulta fundamental incrementar el grado de responsabilidad fiscal estatal mediante el establecimiento de mecanismos que vinculen más gastos e ingresos estatales.
“Es decir, se requiere no sólo que un gasto mayor sea decidido y ejecutado por los estados, sino también que buena parte de ese gasto tenga una vinculación más estrecha con los ingresos fiscales originados en los propios estados, ya sea por incentivos económicos o por ingresos propios”.
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