Sin lugar a dudas, la alternancia en el gobierno de Oaxaca generó la esperanza de un nuevo período y un nuevo lugar dentro del complejo proceso de cambio político en nuestro Estado; un cambio que no se circunscribía a un territorio determinado ni se limitaba a los momentos electorales; que tampoco dependía de las dirigencias de los partidos, ni de talentos o buenas voluntades de algunas personas de la clase política, o de los acuerdos cupulares. El cambio que se esperaba tenía que ver con un modo distinto de hacer gobierno y de construir relaciones democráticas con los ciudadanos; de no repetir los esquemas predominantes en los gobiernos estatales que precedieron.
El cambio que se proponía era de fondo, el cual pasaba por la reorientación de la cultura política y por el establecimiento de un orden institucional que sirviera a los ciudadanos y no a los intereses de los grupos de poder, como había venido ocurriendo; un cambio que apuntaría a la construcción de ciudadanía en toda la extensión del término, que no dependiera de caudillos iluminados, ni del reposicionamiento de partidos políticos desacreditados.
Sin embargo, las señales que nos manda la realidad nos hacen pensar que cada vez estamos más lejos de la consolidación del nuevo esquema político-institucional por el que la gente votó el 4 de Julio de 2010, porque el estado sigue siendo rehén de la clase política, de las organizaciones sociales y de sus intereses grupales y personales.
La cada vez más notoria falta de capacidad para resolver los conflictos que presentan las comunidades por parte de los servidores públicos del gobierno se ha convertido en una constante en nuestro estado; ahí están las pifias cometidas en la defensa del territorio de los chimalapas, la falta de generación de acuerdos para resolver los constantes conflictos en la sierra sur o en la región de la mixteca, la nula e insensible respuesta de muchos de estos funcionarios ante las amenazas que a diario sufren hombres y mujeres que se dedican a defender los derechos humanos de otras personas.
Asimismo la falta de justicia y la impunidad son dos hechos que han marcado este gobierno, basta mencionar que a la fecha ningún responsable por violaciones graves a derechos humanos señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al conflicto del 2006 ha sido detenido. De igual forma, ninguno de aquellos que de manera por demás indignante lucraron con el erario público en la administración pasada, se han visto mínimamente molestados en su persona por las instituciones del estado, que, se supone, debieran velar por los intereses de todas y todos los oaxaqueños, investigando y sometiendo a la acción de la justicia a dichos personajes.
De igual manera, la nula consulta a los pueblos respecto a la utilización de sus recursos naturales, como es el caso de la mina de San José del Progreso, el parque eólico del Istmo de Tehuantepec, o la instalación de la presa Paso de la Reina, ha provocado que, lejos de propiciar desarrollo en la zona, como comúnmente se menciona, se genere una profunda conflictividad al interior de estas comunidades, lo cual ha traído división y muerte entre sus habitantes.
Lo anterior aunado a la falta de un proyecto claro de desarrollo económico que combata la pobreza, la inseguridad y mejore la administración pública y la vigencia del Estado de Derecho, nos hace pensar que han sido prácticamente tres años de muy pocos avances para el estado, en los que no se no supo explotar el “bono democrático” que le otorgó la ciudadanía al actual gobierno, pues no se han sentado la bases para una efectiva transformación y consolidación de las instituciones y de la forma en cómo el estado se relaciona con sus ciudadanos. Las famosas audiencias públicas se convirtieron en una terapia de desahogo social, asuntos que -según los que hacen filas y esperan hasta por 6 horas- sirven para irritar más a quienes no les son solucionados sus problemas.
Pero más aún, existe un divorcio cada vez más patente entre las acciones que emprende el gobierno y la legitimidad que estas tienen ante la sociedad civil, pues esta última no ve ningún resultado de fondo en aquellas, lo que hace pensar que, a este ritmo, nuestro estado muy difícilmente conseguirá los cambios que requiere en sus estructuras institucionales para poder sentar las bases hacia una efectiva transición democrática.
Y lo que es más grave, las posibilidades de que esta situación cambie son realmente insignificantes mientras no se tenga la voluntad política de hacerlo, lo cual pasa por una seria de acciones contundentes que permitan un golpe de timón y cambio de rumbo a la actual forma de conducir el navío estatal, y que necesariamente pasa por la salida de varios integrantes del gabinete que se han caracterizado por operar con los mismos mecanismos del viejo régimen, y de quienes, lejos de buscar el bien común de todos las y los habitantes de nuestro estado, siguen metidos en sus luchas intestinas por sus tristes feudos de poder, generando un profundo retraso en el desarrollo económico, político y social de nuestra entidad.
Soy Wilfrido Mayrén Peláez, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS!
