Porque nunca más se repita otro caso de esclavitud y explotación laboral como el de San Quintín en el país, se pronunció el presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, tras concluir la plenaria en Ensenada, Baja California, en donde se alcanzaron los primero acuerdos para resolver el conflicto social de los jornaleros agrícolas.
Luego de 18 horas de trabajo entre autoridades federales, estatales, legisladores y líderes de jornaleros agrícolas, el legislador oaxaqueño pidió al Gobierno en todos sus ámbitos e instancias, estar atentos a otras entidades en donde pudieran estar sucediendo casos similares de abusos en contra de los trabajadores.
“Les quiero reconocer a los jornaleros agrícolas de San Quintín que han visibilizado el grave problema que viven muchos compatriotas nuestros y que habla de la obligación que tenemos a nivel nacional de encontrar respuestas prontas para que esto no vuelva a suceder. San Quintín está en pie de lucha, lo sabemos desde el senado, cuentan con nuestra solidaridad”, expresó Robles ante la plenaria.
Y es que dijo que el trato deshumanizado, prácticamente de esclavitud, en el viven muchos compatriotas, que dejan su tierra natal en busca de una oportunidad, hoy debe ser un compromiso del Gobierno de la República, de los Gobiernos de los Estados que reciben a esta población migrante y del Senado de la República, para buscar los mecanismos que permitan que esta situación no se repita.
Cabe mencionar que durante la plenaria se realizaron varios recesos, durante los cuales el senador siempre manifestó su respaldo a las demandas de los jornaleros agrícolas para mejorar sus condiciones laborales y de vida.
Parte de los acuerdos suscritos la madrugada este jueves son:
Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores al IMSS, este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores; por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se hará la retención ni el condicionamiento de los salarios de las y los trabajadores los cuales se pagarán total y puntualmente en el lugar de trabajo y se transparentarán los diferentes conceptos que lo integran.
Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores en estricto apego a la ley; se garantizará el respeto a los derechos laborales contenidos en la LFT y a los derechos humanos integrales, particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familiares, para ello se llevarán a cabo las Inspecciones de Trabajo necesarias; y las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil.
Además se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona, dicho fideicomiso quedará formalizado en un plazo no mayor a 60 días; y se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus lugares de origen a los campos agrícolas y se revisarán los padrones para constatar que éstos cumplan con los requisitos para acceder a ellos.
También la STPS otorgará, en los términos que conforme a derecho proceda, su registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la justicia social; la autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores en la zona; y el Gobernador del Estado se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar las problemáticas locales de San Quintín planteadas por la misma, antes de que concluya el mes de mayo.
Por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades federales y locales del Estado de Baja California, en los términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su libertad privilegiando que prevalezca un ambiente de respeto al orden público y al estado de derecho.
En tanto que las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente de absoluto respeto a la ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia, preservando en todo momento la paz pública y privilegiando el diálogo, la concertación y la conciliación.
En el tema del salario base, los gobiernos Estatal y Federal, y las y los Senadores harán las gestiones pertinentes con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo más cercano posible, a la propuesta de la Alianza (doscientos pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo. El gobierno federal, en su caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de la Alianza.
