Con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto, inicia una nueva etapa en la vida jurídica del país, “Ya no habrá 33 códigos procesales, ahora tendremos solo una manera de aplicar la justicia penal en México, lo que ayudará en la certidumbre que todos como ciudadanos esperamos de los criterios judiciales que se dicten en los tribunales”, afirmó la oaxaqueña Mariana Benítez Tiburcio, Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la Procuraduría General de la República.
El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene el objetivo fundamental de unificar los procedimientos penales en toda la República Mexicana; es decir, a partir de su entrada en vigor, existirá un solo procedimiento para la investigación, persecución y sanción de los delitos.
Cada Estado decidirá el momento de su entrada en vigor el código, teniendo como fecha límite hasta el 2016. En 2008 se hizo una reforma constitucional, que es la que mandata la transformación del sistema penal a un sistema más abierto, transparente, equilibrado; previendo un periodo de transición de ocho años, mismo que vence en junio de 2016.
De acuerdo a Benítez Tiburcio, el nuevo Código establece reglas que favorecerán la transparencia, equidad e igualdad entre las partes que participan en una contienda penal, estableciéndose dentro de las normas constitucionales un plazo máximo de un año para ser juzgado ante los tribunales.
Al respecto, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que México atraviesa por una de sus mayores transformaciones jurídicas de la historia, ante el reto de concretar una nueva forma de hacer justicia, de lograr un sistema penal eficaz, asequible, transparente y armónico con la realidad de nuestro país.
Luego de la promulgación, vienen medidas de ejecución importantes en todo el país empezando por la capacitación, todos los factores relevantes deben estar a la altura de esta nueva forma de hacer justicia penal; “se requiere del remplazo de hábitos de muchos años, se trata de un cambio de cultura jurídica que propiciará una verdadera transformación de nuestro sistema penal”, concluyo la jurista oaxaqueña.
