La necesaria búsqueda de un gobierno de resultados exige un nuevo espíritu que rompa la parálisis y la atonía, pero también una nueva ingeniería legal y administrativa para dar orden, coherencia y fortaleza al aparato del poder Ejecutivo. Esa es la razón por la que una amplia y contundente mayoría de diputados aprobamos, el jueves 22 de noviembre, reformas de fondo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La reforma administrativa, que obtuvo en la cámara de origen el voto favorable de los dos partidos políticos con mayor presencia parlamentaria, PRI y PAN, así como del PVEM y el PANAL, espera ahora que sea también aprobada en el Senado de la República, donde la composición de fuerzas políticas augura su refrendo.
Tenía más de tres administraciones federales que una reforma de esta magnitud no era procesada. Quizás la última de esta profundidad fue cuando, con Carlos Salinas y de manera más abierta con Ernesto Zedilo, inició el proceso de ciudadanización de los órganos electorales y la creación de un organismo autónomo que tutelara los derechos humanos, la CNDH.
Esta vez se trata, como consigna la iniciativa presentada por el PRI y por el PVEM con el aliento del presidente electo Enrique Peña Nieto, de “asegurar una sólida coordinación intergubernamental, mejorar el esquema de seguridad interior y protección de los ciudadanos, imprimir un sentido integral a la política social y a la armonía al desarrollo territorial”.
Pienso que a nuevas realidades corresponden nuevas legislaciones y hoy es preciso dar orden a un aparato gubernamental distorsionado en algunas áreas y rebasado en otras. Hace falta que al titular del poder Ejecutivo le acompañen un coordinador de gabinete desde la secretaría de Gobernación y una oficina bien cimentada, legal y administrativamente, no un órgano de facto, que de fortaleza a la oficina de la Presidencia de la República.
Por eso, en la discusión y posterior aprobación en la cámara baja de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mi voto fue a favor de construir condiciones de paz pública, bienestar social y certidumbre jurídica para la población mexicana, con el impulso de un gobierno ordenado y articulado.
La seguridad pública es una responsabilidad esencial del Estado nacional que no puede ser depositada, en su diseño, planeación y coordinación, a las fuerzas policiacas. Tiene que estar dirigida por la dependencia encargada de garantizar la estabilidad política y la convivencia armónica de los mexicanos, la secretaría de Gobernación.
¿Con qué autoridad o con qué legitimidad podía una dependencia policiaca encabezar un órgano genuinamente federalista, como el Sistema Nacional de Seguridad Pública?
Este Sistema es una instancia que requiere del entendimiento y acuerdo político entre quien representa al presidente y los mandatarios locales, por lo que es necesario fortalecer la coordinación con y entre los estados, municipios y el Distrito Federal, tarea política fundamental que no puede dejarse en manos de instancias operativas.
En lo relativo al otro polo que coadyuvará a dar orden, coherencia y eficacia a la administración pública, la oficina de la presidencia, ahora coordinará en el gabinete la preparación y negociación del presupuesto, así como el Plan Nacional de Desarrollo y la preparación de los informes presidenciales. Como lo determina el artículo 8 de la Ley Orgánica, esta oficina de gobierno es una instancia de apoyo directo al presidente, aunque la norma precisa que actuará en la evaluación y seguimiento periódico de las políticas públicas que emprenda el titular del Ejecutivo federal.
Otra reforma importante es el fortalecimiento de la dependencia encargada de conducir la política de combate a la pobreza, la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora enfocará los esfuerzos y recursos de la nación en los sectores vulnerables, como las niñas y los niños, las madres solteras jefas de familia, los adultos mayores y los sectores marginados de la sociedad.
Estas reformas mantienen y fortalecen organismos autónomos que atienden temáticas de vital importancia para México, pero muy en particular para entidades rezagadas socialmente pero con un gran potencial cultural como Oaxaca; me refiero a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas y mantiene su autonomía el Instituto Nacional de la Mujer.
Se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Habitacional para consolidar el proceso de regularización de la propiedad rural y urbana, así como impulsar el crecimiento ordenado de asentamientos humanos, hoy caóticos en muchas ciudades del país. También coordinará el rubro cardinal de la vivienda, un ingrediente fundamental del desarrollo urbano.
Otro avance fundamental en la reorganización del gobierno federal es la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la creación de un órgano autónomo de combate a la pobreza, la Comisión Nacional Anticorrupción, con capacidad para intervenir en las tres instancias de gobierno del Estado nacional, la federación, las entidades y los municipios; con facultades incluso para investigar a particulares que hayan tenido relación con estos órganos de gobierno.
Estoy convencido de que la administración de Enrique Peña Nieto seguirá tomando decisiones administrativas de fondo e impulsando acuerdos legislativos de amplio consenso, para sentar bases más sólidas de gobernanza y estabilidad social y de esa forma apuntalar a nuestro país hacia un futuro de mayores oportunidades. Bienvenida esta nueva ingeniería legal y administrativa para dar mayor contundencia y eficacia a las políticas públicas emanadas del titular del poder Ejecutivo.
No se trata de hacer más de lo mismo sino de innovar fórmulas de convivencia política y de acción administrativa para abrir las puertas del siglo XXI, las puertas de la modernidad y recuperar la gobernabilidad democrática, la seguridad pública y un piso básico de bienestar social para todas y todos los mexicanos.
