La cifra no es menor: faltan 111,878 mexicanos que tienen la condición de desaparecidos de 1990 a mediados de marzo de 2025. La desaparición de personas en México fue una de las tácticas o técnicas de la estrategia contrainsurgente del Gobierno a partir de las asesorías de la seguridad estadounidense a las fuerzas mexicanas de policías políticas y ahora son comportamientos del crimen organizado.
Los desaparecidos en los últimos 19 años –desde el comienzo de la guerra de Calderón contra el crimen organizado en 2006– fueron denunciados por sus familiares, pero sin encontrar ninguna respuesta gubernamental en su momento; los mecanismos oficiales funcionaron con una intolerante falta de empatía con quienes denunciaban que algunos de sus familiares se habían disuelto en el aire sin saber si por accidente o por delincuencia.
El activismo de las madres buscadoras llegó hasta Palacio Nacional en el sexenio anterior y se encontraron con un presidente López Obrador intolerantemente sordo a las denuncias y reclamos e inclusive –con el aplauso de sus seguidores– hasta groseramente reactivo. Calderón y Peña Nieto tampoco resolvieron los problemas, pero fueron menos agresivos con las denuncias y desviaron los reclamos hacia instancias burocráticas.
Los datos más significativos del recuento del grupo TResearch Internacional son contundentes: los desaparecidos denunciados durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto –doce años– sumaron 51,611, en tanto que en la gestión sexenal de López Obrador las cifras fueron de 52,565.
Los números por sí mismos estaban revelando un gravísimo conflicto de inseguridad social dentro de la crisis de la seguridad pública en los tres sexenios en los que se desarrollaron estrategias presidenciales personales de enfrentamiento a las bandas y desde luego tomando en cuenta las denuncias de los estragos colaterales a la delincuencia organizada y/o vinculada al narcotráfico.
Los expresidentes Calderón, Peña Nieto y López Obrador terminaron su sexenio, los dos primeros hoy en situación de virtual exilio político ante el temor de que el cuatroteísmo les finque responsabilidades penales y los remita a prisión preventiva oficiosa, y el expresidente tabasqueño asumió por sí mismo un exilio interno en el Palacio de Invierno de Palenque –hasta donde le han llegado los aplausos promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo–, pero ninguno de los tres ha sido sometido a indagatoria siquiera formal para deslindar responsabilidades.
Los tres expresidentes, desde luego, no son responsables de haber desaparecido los ciudadanos, pero los tres tienen que rendir cuentas sobre el incumplimiento de sus funciones de estabilidad nacional y dentro de ellas la obligatoria de proteger a los ciudadanos y sus derechos. Los desaparecidos son, podría decirse, no-ciudadanos.
Si los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa construyeron un discurso de reclamo social que giró en torno al grito de “¡nos faltan 43!”, los familiares de los desaparecidos están clamando con un grito más estentóreo: “¡nos faltan 111,878!”
El reclamo mayor se está dando contra la cifra de 52,575 desaparecidos durante el gobierno del presidente López Obrador y la exigencia tiene que ver con el hecho de que esas ciudadanos que existen en el papel pero no en la realidad fueron víctimas de la estrategia de seguridad que permitió el funcionamiento abusivo de los grupos delictivos dentro de México bajo el argumento político oficial –así lo declaró el presidente López Obrador al tomar posesión– de que la estrategia de no perseguir narcos iba a permitir que “no en seis meses, ni en tres, sino al día siguiente” del inicio del Gobierno los delincuentes cambiarían las armas y las drogas por los instrumentos de labranza del campo.
Todas las investigaciones que se deban realizar para buscar a los desaparecidos deben de incluir en sus evaluaciones las responsabilidades de funcionarios públicos que debieron de encargarse de la persecución y acusaciones de responsabilidades penales contra los delincuentes, pero al mismo tiempo desde el principio del sexenio anterior y en función de la herencia de Calderón y Peña Nieto, la estrategia de seguridad de López Obrador debió de haber incluido nuevos criterios que profundizaran investigaciones para encontrar los desaparecidos en esos dos sexenios anteriores y al mismo tiempo incorporar a la estrategia de “abrazos, no balazos” algunos mecanismos para impedir la impunidad de las bandas delictivas que con la mano en la cintura desaparecieron a más de 52,000 personas.
Nada dibujó más la impunidad criminal y la pasividad gubernamental que las madres buscadoras por sí mismas y con pala en mano se pusieron a escarbar en la República buscando tus restos de sus familiares, y con ello la circunstancia agravante de que Ceci Flores le fue a entregar al presidente López Obrador a Palacio Nacional una pala especia para que también se convirtiera en buscador y la resouesta fue de desdén: ”que la deje”.
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Política para dummies: la política no sirve si no respeta ni defiende la vida humana.
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