Luego de los diferentes casos de corrupción que han salido a la luz pública, en el que están involucrados funcionarios federales y ex servidores públicos; el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya, junto con tres compañeros de su bancada del PRD, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para evitar y sancionar los conflictos de interés.
“Gobernantes que utilizan el dinero para arreglar su vida y la de futuras generaciones sin mover ni un dedo pero a costa del pueblo, eso ya no debe ser; ojalá en adelante, cualquiera que quiera estar en el gobierno, cualquier nivel que sea, primero presente una declaración patrimonial y que sea pública, y que presente su declaración de impuestos y una carta que certifique que no tiene conflicto de interés”, asentó Robles Montoya.
Los legisladores Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto y el congresista oaxaqueño sentenciaron que con esta reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos nadie más podrá hacer negocios al amparo del poder, ni utilizar la función pública para hacerlos.
“Que los funcionarios públicos cumplan, a cabalidad, con su responsabilidad de actuar con objetividad e independencia; que se rijan por los principios de transparencia y rendición de cuentas. Que se combata a la opacidad, pues genera sospechas, legítimas, sobre la integridad. Que el interés personal de un funcionario público no interfiera en el ejercicio correcto de su juicio en los asuntos públicos. Que tiendan, defiendan y procuren el bienestar general, no el particular”, enfatizaron.
Por su parte, Benjamín Robles reprobó el comportamiento de aquellos que se dicen gobernantes y logran un patrimonio familiar abusando de la confianza del pueblo mexicano al adquirir inmuebles millonarios, que compran a través de prestanombres o empresas que le trabajan al propio gobierno.
Ante esta situación, detalló que con estas modificaciones se busca regular que los funcionarios declaren si existen intereses derivados de otras fuentes personales de ingresos, como remuneraciones, utilidades, créditos o donaciones, así como relaciones personales que puedan afectar su ejercicio público.
De faltar a la verdad en sus declaraciones, Robles Montoya puntualizó que serán sancionados con la suspensión temporal o inhabilitados hasta por seis años.
