Por permitir que la Sección 22 del SNTE aplique el Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO), que aún no ha sido aprobado por el Congreso del Estado y por lo consiguiente no tiene carácter de Ley, el gobernador Gabino Cué Monteagudo, “comete muchos delitos por omisión, por no hacer cumplir la Ley”, así lo advirtió el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Oaxaca, Manuel de Jesús Silva Sumano.
Aunado a ello, si el gobernador aliancista cedió los 10 millones de pesos, que son parte de los recursos públicos para “pilotear” el PTEO en algunas escuelas en la entidad, como él mismo lo anunció hace unos meses, la sociedad oaxaqueña debe exigirle rendición de cuentas por incurrir en una responsabilidad.
El también autor de la Ley de Participación Ciudadana, sostuvo que si Cué Monteagudo permite que se aplique una Ley que no existe, porque el PTEO no ha sido aprobado por el Congreso Local y por lo tanto no tiene carácter de Ley ni mucho menos vigencia, el gobernador del estado incurre en omisión.
Lo anterior luego de que la Sección 22 del SNTE anunció que éste sábado 26 de octubre iniciaron los trabajos en todas las escuelas de la entidad para concretar el PTEO, “rescatando el análisis crítico de la realidad de cada escuela y comunidad, y sobre todo, generar las condiciones necesarias para mejorar las condiciones educativas de los niños y jóvenes, según el entorno donde se desenvuelven”.
Más adelante, el también integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, afirmó que si el gobierno del estado “permite que un sector de la población, como es el magisterio aplique disposiciones que no son Ley, el gobernador comete muchos delitos por omisión, de no hacer cumplir la Ley”.
Precisó que no es válido aplicar el PTEO en Oaxaca, “porque todo lo que no está en la Ley, es irregular”, además, si el gobierno del estado ha cedido recursos públicos para un proyecto inconstitucional que ha sido desechado por el Congreso de la Unión y por la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), la sociedad debe exigir rendición de cuentas al gobernador, porque estaría incurriendo en responsabilidad.
Silva Sumano recalcó que la lucha magisterial, en éstos momentos carece de respaldo social, su única ventaja es que es un sector organizado y su fuerza numérica le permite traspasar sus exigencias más allá de sus derechos sindicales, invadiendo temas de tipo social, político, hasta electorales y formas comunitarias.
Abundó que por todo esto, y por todas las prebendas de las que goza el magisterio, el gran número de aviadores, la improvisación y hasta documentos falsos con las que han ingresado al sistema educativo, la Sección 22 del SNTE se opone a la aplicación de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias.
Jurídicamente, dijo el profesional del Derecho, “el sindicato es para atender asuntos gremiales del magisterio y nada más, sin caer en otros asuntos que no les corresponde”.
El autor del Manual del Síndico, editado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, resaltó que uno de los grandes retos del gobierno del “Cambio”, debe ser la recuperación de la rectoría de la educación en Oaxaca, darle autonomía a la Secretaría de Educación Pública Estatal y crear la máxima transparencia en la nómina del magisterio oaxaqueño, que será un gran avance gubernamental, pero eso se logrará solamente aplicando la Ley, como consecuencia de la Reforma Constitucional Educativa.
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