Los diputados tienen diez días para aprobar o rechazar la iniciativa de reforma laboral enviada por el presidente Calderón. Esto es una insensatez, una irresponsabilidad o una locura, pues se pretende que en tan breve lapso, los legisladores estudien, investiguen y negocien dentro y entre las fracciones políticas un dictamen sobre dicha iniciativa.
No estamos jugando. La legislación laboral es uno de los tres o cuatro ejes de la vida nacional, pues repercute en todo lo demás: el circuito inversión-empleo-ingreso-mercado-consumo-producción-inversión; el precario equilibrio político en que vivimos; los proyectos económico, político y social del próximo gobierno, la exportación e importación de mercancías, servicios, capitales y trabajadores, etc.
Si se aprueba al vapor una iniciativa de este calibre, cambiará muchos factores políticos y económicos y sociales del país y afectará los proyectos, acciones y compromisos del próximo gobierno. Y como el equipo de transición no se ha pronunciado al respecto, supongo que el presidente electo conoció la iniciativa al mismo tiempo que los legisladores, lo que sería una “neronada” más del presidente Calderón.
El problema no se reduce al posible albazo político, sino que puede tener efectos mayores. Un ejemplo: la posición que asuma la fracción del PRI –en el priismo hay divergencias– podría desatar una ruptura precoz del partido con los sindicatos priistas o pro-priistas y con todos los demás. Dudo, además, que tomar la reforma laboral como el primer tema de la discusión política de fondo propicie la reconciliación política, indispensable para la gobernabilidad.
Pero vayamos a la iniciativa, así sea en sus rasgos más visibles. Es cierto que la legislación laboral no está actualizada, que las relaciones de trabajo son inequitativas y discriminatorias, y que el derecho laboral procesal es anacrónico, pero si esta iniciativa es esencialmente igual a la que no prosperó en la anterior legislatura, en efecto actualizará la ley, pero para agravar y no para reducir esos problemas.
Como demuestra Carlos Tello en La revolución de los ricos y obras anteriores, los salarios no elevan los precios ni reducen la competitividad; son las utilidades de los monopolios (Telmex, Televisa, Cemex, Maseca, etc.) el factor decisivo de los altos precios y la baja competitividad. Un botón de muestra: las tarifas de telefonía celular son de las más altas del mundo y el servicio es deplorable.
Por lo demás, los salarios medios en México están a la baja y la mitad de la fuerza de trabajo está en la economía informal, donde los únicos que ganan, y mucho, son los mayoristas, que suelen distribuir mercancía robada, introducida al país de contrabando o prohibida por la ley, como las armas y las drogas. Es incalculable el número de “trabajos” que ofrece el crimen organizado y el desempleo juvenil es enorme.
Según el INEGI, en estos años han crecido más los empleos de menos de tres salarios mínimos que los de cinco o más, lo que da a México una “ventaja” competitiva en materia salarial. Si por algo no se aprobó la anterior iniciativa de reforma laboral panista fue porque apretaba aún más la pinza. ¿Apoyarán los diputados del PRI lo mismo que rechazaron hace un par de años?
Se dice en la exposición de motivos que no existe la democracia en el ámbito sindical, y eso es cierto en muchos casos. Elba Esther Gordillo –soporte y factor de presión a los gobiernos priistas y panistas– es una figura representativa de la corrupción y el poder de chantaje de los grandes sindicatos que quedan. También existen numerosos sindicatos blancos (al servicio de los patrones) y una cantidad indefinida de vivales armados con una franquicia, que extorsionan a empleadores individuales, como los que contratan albañiles para construir su vivienda. Y supongo que también hay dirigencias sindicales que cumplen honesta y lealmente su misión.
Pero los vicios del sindicalismo no justifican que el Estado lo fracture, sino que tutele a los trabajadores para que recuperen, democráticamente, la capacidad de decisión que le han arrebatado las dirigencias para reforzar su capacidad de chantaje político y su poder económico. Sé que esto es fácil es fácil de enunciar pero muy difícil de traducir en disposiciones legales, pero esa debe ser la función de la reforma laboral.
Por otro lado, las dirigencias sólo tienen que rendir cuentas a los trabajadores del uso de sus cuotas y comprobar al gobierno el uso de las transferencias, que éste, a su vez, debe justificar ante la Cámara de Diputados. ¿Cómo proteger los derechos de los trabajadores no sólo de los patrones, sino de sus dirigentes? Este es uno de los problemas que no podrán resolver los legisladores en los diez días que faltan para que se cumpla el plazo para votar la iniciativa de Calderón.
Por eso lo más sensato es que el Congreso rechace la iniciativa de Calderón y se comprometa públicamente a analizar y negociar con tiempo razonable una reforma laboral que proteja a los trabajadores, propicie la democracia sindical sin intervenir en los sindicatos, preserve el derecho de huelga (que no incluye los llamados “paros”) y propicie la inversión, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
