La LX Legislatura local analiza su adhesión al acuerdo parlamentario tomado por el Congreso del Estado de Chihuahua, en el que se hace un atento llamado al Ejecutivo federal para que de manera urgente emprenda acciones y medidas tendientes al cumplimiento de la obligación de proteger de la explotación laboral a miles de niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en los menores que laboran en el sector agrícola.
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, evento que quedó plasmado en la Hoja de ruta para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016, celebrado en La Haya y signado por más de 450 representantes de 80 países, entre ellos México.
Este acuerdo señala que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de hacer respetar el derecho a la educación de todos los niños y evitar que sean explotados, además de que considera a la agricultura, la minería y la construcción como actividades muy riesgosas para este sector al exponerlos a graves peligros.
Así también, las niñas, habitualmente en circunstancias de empleos encubiertos, son sometidas a situaciones de esclavitud, trabajo de servidumbre, prostitución y pornografía.
Según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo existen 218 millones de niños y niñas entre 5 y 14 años que trabajan. El 70 por ciento, es decir, aproximadamente 152 millones, lo hacen en actividades peligrosas y alrededor de 132 millones se dedican a la agricultura. En México cifras del INEGI señalan que uno de cada seis niños trabaja y los más altos niveles de trabajo infantil se registran en entidades como Veracruz, Chiapas y Puebla.
El documento, turnado a la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social, señala que mayor parte del trabajo infantil es producto de la pobreza, a menudo asociada a una multiplicidad de desventajas. Las desigualdades socioeconómicas relacionadas con el idioma, la raza, las discapacidades y las diferencias entre los entornos rural y urbano siguen profundamente arraigadas.
La propuesta enviada por el Congreso del Estado de Chihuahua y presentada por la diputada María Ávila Serna a la Comisión de Trabajo y Prevención Social señala que una de las tareas fundamentales y responsabilidad de enorme trascendencia de cualquier gobierno, lo constituye la atención, protección y tutela de los derechos de la niñez y los adolescentes.
El enfoque integral de los derechos de la infancia plasmados en la convención antes mencionada, consagra el respeto a sus derechos de supervivencia, desarrollo y plena participación en las actividades sociales, culturales y democráticas necesarias para su crecimiento y bienestar individual.
El trabajo infantil es definido como aquel que priva a los menores de edad de su niñez, potencial y dignidad, generando consecuencias a nivel psicológico y moral. Para calificarlo de esta forma se toma en cuenta la edad, las horas de trabajo, el tipo de actividad y las condiciones en las que se realiza.
