Tim Golden es un periodista estadounidense muy prestigiado. Nació en Los Ángeles, California en 1961. Ha sido editor jefe y reportero en el área de investigación periodística en The Marshall Project; antes fue redactor principal en The New York Times, donde trabajó veinte años también como periodista de investigación, y cuyos trabajos cubrieron las primeras planas de este diario reportando sus investigaciones.
Ha ganado dos veces el prestigiado premio periodístico Pulitzer por periodismo de investigación sobre temas extremos como, por ejemplo, la tortura y abuso de prisioneros de Irak en la cárcel Abu Ghraib… Y tanto más que hacen que sus entregas tengan el sello de lo impecable… O por lo menos esto es lo que ha ocurrido a lo largo de sus muchos años como periodista de investigación.
Y fue precisamente este reportero quien dio un campanazo que cimbró al gobierno federal mexicano y, en particular, a la presidencia de la República, al señalar que en las elecciones de 2006 parte del equipo electoral del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador recibió dos millones de dólares como apoyo a la campaña, con la condición de que si llegaba a la presidencia los dejaría hacer ‘sus trabajos’ con toda libertad.
Esto es: El periodista Tim Golden, editor especial de ProPublica, explicó que en el 2010 la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) inició una investigación sobre la entrega de aproximadamente 2 millones de dólares por parte de narcotraficantes a quienes entonces eran operadores del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en el 2006, los cuales, supuestamente, se habría utilizado para financiar su campaña.
Golden publicó el martes 30 de enero el reportaje “¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?” sobre la investigación realizada por autoridades de Estados Unidos y que fue cerrada en el 2011.
“Después de mucho tiempo, incluyendo una parte en la que investigaron dentro de México, el Departamento de Justicia y los fiscales en Nueva York decidieron cerrar el caso, sin avanzar, y realmente el reportaje nuestro es una visión de la dificultad que tiene la justicia estadounidense para investigar este tipo de casos y los problemas que presenta” dijo Golden hace unos días.
Aseguró que ‘fue un caso en el que los investigadores tuvieron un número inusual de testigos, como Mauricio Soto Caballero, un hombre cercano a la campaña de López Obrador, quien reveló detalles sobre las supuestas donaciones de los narcotraficantes.’
El texto fue publicado en ProPublica -medio de Golden- como también en Deutsche Welle, en Alemania, sobre el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa. Esto indignó al presidente. Acusó a Golden de hacer periodismo mercenario, de obedecer a las grandes empresas de medios, a grandes propietarios de medios neoliberales… etcétera. “Es -dijo el mandatario mexicano- una estrategia de ataque vulgar”.
Mucho tiempo antes, la periodista mexicana de investigación, Anabel Hernández, publicó este presunto apoyo en un libro. Señaló la ruta que siguió este enlace, el modo y los actores quienes pudieron participar en la trama, más propia de una película de cine negro; pero esto es vida real.
E igual. Se la descalificó. Se anuló el impacto de aquel reportaje y de pronto parecía que nada habría de ocurrir para saber si fue cierto, o no, este apoyo económico para beneficiar sus actividades ilegales.
Por supuesto lo que sigue ahora es que el presidente mismo aporte pruebas fidedignas de que esto no ocurrió, que no se recibieron esos presuntos apoyos en recursos para forzar a un gobierno a que hiciera la vista gorda a actividades criminales.
Por lo pronto ha exigido una disculpa pública al presidente Joe Biden por haber permitido la publicación de estos documentos de la DEA y en los que se le involucra en un tema que definitivamente descarta, que niega y que -según su interés político- debe aclararse desde EUA.
El tema que se ha querido desvanecer por instrucciones superiores, es extremadamente delicado porque de ser cierto este apoyo estaría configurando asimismo un delito político al prefigurar una forma de complicidad en las actividades ilegales de grado extremo.
El grupo cercano y beneficiarios políticos de la 4-T han cerrado filas en torno al presidente. Por supuesto están en su papel. Más en tono de lambisconería que con pruebas firmes en favor del mandatario.
Pero sería mucho más eficiente que para probar que esto no es como publicó Golden o Anabel Hernández se iniciara una investigación seria, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos -por estar involucrado en la acusación pues se suponen documentos de la DEA- y se transparente dicha investigación para que los mexicanos sepamos si el narco estuvo o pudiera estar involucrado en el gobierno federal mexicano.
No es suficiente con descalificaciones a periodistas o acusaciones de ímprobos: Sí es suficiente que se aclare este señalamiento y que se explique la casi intocabilidad de ese crimen organizado que asola al país y que según datos oficiales ha alcanzado hasta 176 mil homicidios dolosos en lo que va de este sexenio.
Y sí, todo esto tiene peso político-electoral para junio de 2024. ¿Lo tendrá en consideración el ciudadano elector el día de los comicios?
