Murió uno de los activistas contra la minería a cielo abierto baleados por oponerse a que una minera les quite el agua de la comunidad. El activista estaba en coma tras haber sido herido de bala, al medio día del miércoles 18 de enero, por la policía municipal en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.
Un comunicado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA, http://www.afectadosambientales.org/) confirmó la noticia, expresó el pésame de esa coordinadora de luchas y resistencias en conflictos socioambientales, y exhortó a sus compañeros a expresar su apoyo a la comunidad de San José. De nuevo exigió que se cancele el proyecto –en fase de explotación– de la minera canadiense Fortuna Silver, bajo el nombre de Minera Cuzcatlán.
Así expresó su pésame la ANAA: “Con profundo dolor e indignación recibimos la noticia de la muerte del compañero Bernardo Méndez Vásquez, activista miembro de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, defensor de su comunidad ante la sostenida agresión de la empresa trasnacional canadiense Fortuna Silver (Minera Cuzcatlán) y los gobiernos municipal, estatal y federal, cómplices de este terrible crimen.
”Nuestra solidaridad, apoyo y condolencias a la familia de Bernardo, a las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca que defienden sus territorios del despojo y en favor de la justicia. Exigimos, junto con las comunidades afectadas por esta criminal empresa minera, que se castigue a los responsables del asesinato de Bernardo Méndez, y que sea cancelada definitivamente la operación de la criminal Minera Cuzcatlán.
”Pedimos a todas las organizaciones, redes e individuos solidarios con la lucha de San José del Progreso, envíen mensajes de apoyo moral a la comunidad de San José del Progreso. Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA)”.
La otra activista herida es Abigail Vázquez Sánchez. Ambos son integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO). La agresión armada, han denunciado los opositores a la mina, fue realizada con armas de alto poder (R-15) de uso exclusivo del ejército.
Desde el inicio, los agredidos han denunciado complicidad de las autoridades municipales, al servicio de la minera canadiense Fortuna Silver. El anterior comunicado de la ANAA sobre el tema expresó: “el presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio, agredieron impunemente con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15) a pobladores de esa comunidad que solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Inc., de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo que se pretende excavar sin el consentimiento de la población en vistas a explotar el recurso hídrico del subsuelo de esta localidad, para abastecer las instalaciones de la empresa trasnacional.” (Cf: http://www.afectadosambientales.org/boletin/pronunciamiento-de-anaa-en-contra-de-los-sucesos-violentos-ocurridos-en-san-jos%C3%A9-progreso-oa)
Expresan que por anteriores hechos de violencia, ya hay una “denuncia ante la Procuraduría General de la República por la portación y uso de armas de alto poder en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones. Sin embargo se mantiene libre e impunemente “gobernando” el municipio de San José del Progreso.”
Mencionan que los oaxaqueños opositores a las minas han denunciado ya que un grupo armado opera en la región con el objeto de intimidar a los ejidatarios afectados: “los pobladores de San José del Progreso y las comunidades afectadas han denunciado en innumerables ocasiones la presencia de un grupo armado violento, denominado “Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos”, que actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las autoridades municipales.”
Por motivos como eso, la ANAA ha pedido que el gobierno mexicano aplique el artículo 33 constitucional a las mineras canadienses, quienes ostentan alrededor del 88% de las concesiones mineras que abarcan ya la cuarta parte del país (Contralínea:http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/ ), pues éstas intervienen en la política local cooptando a autoridades y a grupos leales, dividiendo, confrontando y enfrentando a ciudadanas y ciudadanos mexicanos.
PROYECTO AMBULANTE.org
