* En medio de la polémica por la detención-liberación de Archivaldo y Ovidio Guzmán, Oaxaca fue sede de la Segunda Reunión Regional de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal.
* El Gobernador presumió el aseguramiento de armas y la detención del presidente municipal de Morena y policías de Jalapa de Díaz, por la Fiscalía General del Estado, por el delito de desaparición cometido por particulares.
Ante la primera gran crisis nacional del gobierno de la 4T por el “affaire” Culiacán, con visión y sensibilidad, Alejandro Murat y Rubén Vasconcelos sacan las castañas del fuego al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño.
El mismo favor hicieron al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González; al Secretario de la Marina Armada, José Rafael Ojeda Durán, y a Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, severamente cuestionados por el fallido operativo en Culiacán.
Para apoyar a Alfonso Durazo en el control de daños, en medio de la álgida polémica por la detención liberación de Archivaldo y Ovidio Guzmán, Oaxaca fue sede de la Segunda Reunión Regional Zona Sureste de Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal.
Además, dada las graves carencias de las corporaciones policiacas, fue una bocanada de aire puro la entrega de 183 patrullas a 26 municipios del estado, 11 mil 520 uniformes y dos mil 951 Certificados Único Policial a igual número de elementos de la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y corporaciones municipales de la entidad.
Los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones pidieron a Alfonso Durazo mejores condiciones laborales e investigación de la tortura y asesinato de su compañero Wilbert Méndez por el dirigente de CODEDI, Abraham Ramírez Vázquez, en Santiago Xanica.
Los agentes estatales de investigación agradecieron la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y se solidarizaron tras los hechos acontecidos en el estado de Sinaloa.
No faltó razón al Gobernador Murat Hinojosa al asegurar que “hay mucho por hacer, pero en cuestión de seguridad, en Oaxaca vamos en la ruta correcta”, ya que la Reunión Regional de Secretarios de Seguridad Pública se vio empañada por varias ejecuciones, un asalto bancario, bloqueo y quema de llantas por maestros de la CNTE.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presumió el aseguramiento de armas y la detención de 10 personas, entre ellas el presidente municipal de Morena Arturo García Velázquez y policías de San Felipe Jalapa de Díaz, en la Cuenca del Papaloapan, por el delito de desaparición de personas cometido por particulares.
Tras realizar los seis cateos simultáneos en domicilios particulares, la Fiscalía reiteró el cumplimiento de la premisa de combatir frontalmente la criminalidad y no permitir que ningún hecho violento que afecte a las personas y a las comunidades, queden en la impunidad.
La diputada federal Irma Juan Carlos, cercana al alcalde de Jalapa de Díaz responsabilizó al gobierno de Oaxaca que encabeza Alejandro Murat de cualquier cosa que le ocurra al munícipe que forma parte de la demarcación electoral de su distrito.
La obligación primera y primaria del Estado mexicano y de sus órdenes de gobierno es garantizar seguridad a sus gobernados. No hay atenuantes de responsabilidad, mucho menos pretextos ni justificación alguna para no hacerlo.
Con todo y que ante la Ley algunos son más iguales que otros, a pesar que constitucionalmente ésta prescribe obligatoriamente que todos son iguales, no es ninguna exageración afirmar que sin seguridad no hay justicia ni democracia.
No hay mayor obligación del Estado mexicano que tutelar los derechos humanos más fundamentales que la vida, la libertad y la dignidad, y con ello la integridad física, emocional y patrimonial, según se desprende del párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, cuya redacción señala lo siguiente:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Sabedores de ello el Gobernador Alejandro Murat y el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, fortalecen acciones conjuntas del Gobierno de Oaxaca y la Fiscalía en la aplicación general de la Ley.
La suma de esfuerzos se da en un marco de respeto a la soberanía y autonomía entre ambos organismos, para garantizar el Estado de Derecho y que prevalezca la paz y el desarrollo que demanda la sociedad oaxaqueña.
El Mandatario Estatal resaltó que solamente trabajando en equipo los tres Poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, junto con los Gobiernos Federal, estatal y municipal, se avanzará en los problemas que enfrenta hoy la sociedad mexicana y oaxaqueña.
Con motivo del Día del Ministerio Público, sostuvo que “sin titubeos, que quede claro que estamos unidos. Hoy en Oaxaca cerramos filas con el Gobierno Federal, con el Presidente de la República y las Fuerzas Armadas para combatir la impunidad que lacera y ofende a la sociedad del país”.
Ante el fiscal general del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, agradeció y reconoció la labor que realizan los más de 400 ministerios públicos que laboran con compromiso y responsabilidad en la entidad para cumplir una función estratégica en el fortalecimiento de la legalidad y la tranquilidad ciudadana.
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