El morbosamente esperado perfil de José y Alejandro Murat como “los intermediarios de los poderosos” que prometió el diario The New York Times dentro de su amplia serie sobre bienes raíces y fideicomisos en Manhattan, se disparó con pólvora mojada. Lleno de lugares comunes, jamás exploró la activa participación de José Murat, ex gobernador de Oaxaca, como arquitecto del Pacto por México y principal asesor del gobierno federal en las negociaciones con la disidencia magisterial. El sugerente vínculo entre el nuevo rostro del PRI con patas en el viejo PRI, que planteó, fue un intento fallido de análisis y desarrollo.
La investigación del Times, que está presentando perfiles de tenedores de propiedades en Estados Unidos, menciona seis condominios y casas de varios miembros de la familia Murat, aclarando que en ningún caso son ilegales sus operaciones inmobiliarias. El perfil soslaya la relación personal estrecha del ex gobernador con Aurora Alcántara, miembro de la familia que pertenece a la aristocracia priista del Grupo Atlacomulco, hoy en el poder, ni la forma como Alejandro, director del Infonavit, ha ido escalando en la burocracia mexiquense cercana al presidente Enrique Peña Nieto desde los años en que su padre y la señora Alcántara, comenzaron su relación en 2002.
El perfil sobre los Murat tendría un destino sin pena ni gloria, salvo porque el director del Infonavit está decidido, aunque aún no se dé cuenta, a arruinarse su carrera política. Murat hijo, aspira a ser candidato del PRI al gobierno de Oaxaca, cuya elección es el próximo año, y ha venido trabajando para ello. Sin embargo, la publicación en el Times, que debía haber sido un pequeño bordo en el suelo, puede convertirse en un obstáculo. Un solo dato en la investigación periodística los dejaba mal parados, al revelarse que un día después de que la reportera del periódico tocó la puerta del departamento de su hermana, decidieron meter en un fideicomiso las dos casas que tiene la familia directamente en un destino turístico de Utah. Fuera de eso nada era relevante, hasta este miércoles, donde la reacción de Murat ante la opinión pública mexicana, revela culpas inconfesables.
Consultada la oficina de Comunicación Social del Infonavit sobre la posición del director ante la publicación del Times, que explicara si las propiedades a nombre de su esposa las había declarado, su vocero afirmó que Murat no estaba obligado a presentar una declaración de bienes y patrimonio, porque no es funcionario público. Su vocero agregó que el Infonavit no es una entidad gubernamental ni forma parte de la estructura de la Administración Pública Federal.
El joven Murat debe pensar que todos los mexicanos son idiotas. El Infonavit es una institución tripartita desconcentrada del sector central donde participan los obreros, los empresarios y el gobierno, creada en 1972 para facilitar vivienda a los trabajadores con los mejores créditos posibles. El Infonavit y su director son parte del Gabinete Especializado de México Incluyente que conforman 10 secretarias de Estado, la Conserjería Jurídica del Ejecutivo Federal, el jefe de Oficina de la Presidencia, y los directores del IMSS, el ISSSTE y Conagua, entre otros. Al director del Infonavit lo nombra el presidente, por ser un órgano desconcentrado.
Dentro de este contexto, Murat tuvo que haber presentado una declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública al iniciar el gobierno de Peña Nieto, en donde tuvo que haber incluido, como lo marca la ley, que su esposa era propietaria de un condominio en Florida, y que había firmado, junto con ella, una hipoteca sobre el mismo, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Asimismo, como director del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense (Canal 34) en 2009, tuvo que haber declarado como parte de su patrimonio ante la contraloría estatal, que su esposa era propietaria de ese y otro condominio en Manhattan, que costó 1.18 millones de dólares.
Lo que sugirió el vocero del Infonavit, es que él no declaró ninguna de las propiedades, ni cualquier otra que pudiera tener, porque no tenía obligación de hacerlo. Es falso y tendría que haberlo hecho. Murat se quiso esconder mediante una interpretación tramposa del inciso II del artículo 36 que se refiere a la Administración Pública Federal Centralizada, no desconcentrada como es el Infonavit. Sin embargo, el inciso XII del mismo artículo, sobre la base del artículo 5, establece que todos los servidores públicos que manejen y apliquen recursos de la Federación, lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de concesiones, e intervengan en la adjudicación de pedidos o contrato, deben declarar su patrimonio.
La reacción ante la opinión pública mexicana secó la pólvora de la investigación delThe New York Times y obliga a que se inicie una investigación para determinar si el director del Infonavit violó o no la ley al rendir su declaración patrimonial. Este es el tema que ha perseguido al gobierno de Peña Nieto desde hace varios meses y del cual no puede salir. Murat es el siguiente funcionario bajo la lupa y buen material de revisión para el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que hará bien si deja de dar entrevistas y se pone a trabajar.
Raymundo Riva Palacio
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