A nueve años de la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la paridad está lejos: de 4 mil 456 cargos políticos de primer nivel, sólo 761 están en manos femeninas. Esto es, apenas el 17 por ciento de las principales posiciones de poder público en México.
Actualmente, no hay gobernadoras, sólo hay cuatro mujeres en el gabinete presidencial, no hay legisladoras presidiendo el Senado o la Cámara de Diputados, ni coordinadoras parlamentarias. Tampoco presidentas nacionales de partidos políticos.
Ministras, magistradas, senadoras, diputadas federales y locales, alcaldesas y embajadoras son minoría en un país con 57.4 millones de mujeres y 54.8 millones de hombres.
Aunque hay mujeres presidiendo tres de los cinco órganos autónomos a nivel federal (IFAI, INEE y Cofece), las consejeras y comisionadas en estos organismos representan apenas la tercera parte del total.
En 2006, cuando se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se establecieron como metas la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular, la representación equilibrada dentro de las estructuras de los partidos políticos y la participación equitativa en altos cargos públicos.
El compromiso de garantizar a la mujer igualdad de acceso y plena participación en las estructuras de poder y en la toma de decisiones derivaba de la Plataforma de Beijing, un instrumento adoptado a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en aquella ciudad en 1995 y considerada un parteaguas en la lucha por la igualdad entre los géneros.
A punto de cumplirse 20 años de aquel acontecimiento, México está muy lejos del 50-50 en el ejercicio del poder.
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