* Si el Estado de Derecho se respetara en México, los titulares de los tres poderes en los tres órdenes de Gobierno del Estado mexicano serían sujetos de juicio político, destitución y, en su caso, probable responsabilidad penal. Provocan una crisis constitucional.
* La violación de los derechos humanos fundamentales a la vida y a la salud, son delitos de lesa humanidad que jamás prescriben. A la luz del derecho penal internacional la muerte de miles de mexicanos por contagio del COVID-19 puede tipificarse como genocidio.
(A la salud de los enfermos contagiados por el coronavirus COVID-19 y de manera especial a mi amigo-hermano Anselmo Vásquez Villalobos. Clamo al Cielo para que Dios y la ciencia le permitan mejorar y recuperar su salud. Un abrazo fraterno y solidario a su esposa Milda y a su hijo Luis)
Las noticias cotidianas son verdaderamente devastadoras. El número de casos de contagio y muerte son imparables. Y eso que México no ha llegado al punto máximo de casos de coronavirus COVID-19. ¡Imagínense, cuando eso ocurra!
El rockstar Hugo López-Gatell reiteró que, si se toma el conjunto de las curvas epidémicas en el país, aún no se ha llegado al punto máximo de contagios y todavía durante varias semanas se seguirá anunciando, día con día, que “hay más casos hoy que ayer”.
El funcionario reiteró que las 32 entidades están en rojo en el semáforo epidemiológico, el máximo nivel de riesgo, con solo tres de ellas con la tendencia de hospitalizados en descenso y con 23 estados en ascenso, entre ellos Oaxaca.
México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes confirmadas por COVID-19 y el decimocuarto en casos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, ubicada en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.
Pese a cumplir ocho días con el plan de reactivación económica de la “nueva normalidad”, México está en la fase más crítica del brote con más de 120 mil casos y más de 14 mil muertos confirmados por coronavirus hasta ayer.
Consecuentemente, muchos mexicanos en general y en particular muchos oaxaqueños morirán solos, abandonados en una cama de hospital, en el mejor de los casos, si encuentran espacio ante la saturación de los nosocomios.
Su contagio será resultado de la estupidez, egoísmo y soberbia de otros tantos miles o quizás millones de compatriotas. En el menor de los casos no quedarse en casa será por necesidad o ignorancia; que no es excluyente de responsabilidad.
Y entre esa estupidez destaca el egoísmo y soberbia de los dirigentes de las 45 organizaciones de comerciantes de la Central de Abasto, quienes ayer reabrieron ese centro comercial, considerado zona de alto riesgo de contagio del SARS-COD-2-COVI-19.
Dimos permiso a que la muerte se entronizara en México y Oaxaca. Es responsabilidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Que no nos vengan con la idiotez que no se podían frenar y abatir los contagios y las muertes de miles de mexicanos. Nueva Zelanda, nación del Pacífico Sur, lo consiguió. Impuso uno de los bloqueos más estrictos del mundo.
El gabinete de salud exigió a todas las personas que se quedaran en casa y permitieron únicamente los servicios esenciales. El confinamiento obligatorio se mantuvo durante siete semanas, que finalizaron el 14 de mayo.
La Primera Ministra Jacinda Ardern dijo que todas las restricciones a personas y empresas, excepto los estrictos controles fronterizos para contener el virus, se levantarían, allanando el camino para la reanudación de la vida normal.
Decidió que era seguro reducir el nivel de alerta de la nación a 1. Se exige a las personas que hagan un seguimiento con quién se han reunido y dónde han estado para ayudar a localizar contactos si surgen casos futuros.
De la mano del nuevo coronavirus SARS-COD-2-COVI-19 la muerte llegó para quedarse en México. Jamás se reconocerá oficialmente que la pandemia está fuera de control. Lo mismo ocurre con el colapso del sistema de salud.
Los titulares de los tres órdenes de Gobierno incurren en graves violaciones constitucionales. Violan de manera flagrante, continúa y permanente la Constitución federal y las leyes en materia de salud que de ella emana.
Si el Estado de Derecho se respetara en México, los titulares de los tres poderes en los tres órdenes de Gobierno del Estado mexicano serían, por tanto, sujetos de juicio político, destitución y, en su caso, probable responsabilidad penal.
A los titulares de los tres niveles de Gobierno, federal, estatales y municipales, no les exime de responsabilidad que no se acepte ni prospere su cese y consignación. Incumplen con garantizar los derechos humanos a la salud y la vida. Los juzgará la historia.
Y la violación de los derechos humanos fundamentales a la vida, a la salud y a la libertad, entre otros, son delitos de lesa humanidad que jamás prescriben. En consecuencia, en cualquier momento pueden ser denunciados nacional e internacionalmente.
En otras palabras, provocan una crisis constitucional al no respetar el Estado de Derecho. No hay causa debidamente motivada y justificada para no hacerlo. Es de lamentar que las amplias redes de corrupción y la complicidad de la partidocracia les garanticen impunidad.
Este último es hasta ahora un aspecto poco observado y sumamente preocupante y hasta alarmante. Salvo mejor opinión en contrario, a la luz del derecho penal internacional la muerte de miles de mexicanos por contagio del COVID-19 puede tipificarse como genocidio.
Y el genocidio es considerado por la Corte Penal Internacional de La Haya un delito de lesa humanidad. Y este tipo de delitos por su trascendencia intemporal son imprescriptibles, al atentar contra la humanidad.
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