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La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido impulsará un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por presuntas violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional derivadas del operativo en que participaron agentes de la CIA en territorio chihuahuense, dos de los cuales murieron durante la operación.
La decisión fue respaldada por Arturo Ávila, vocero de la bancada guinda en San Lázaro, quien precisó que se trata de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que la propuesta fue consultada con la coordinación del partido y que en los próximos días se presentaría formalmente la solicitud ante el pleno.
El anuncio se produjo tras la negativa de Campos a comparecer ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado de la República, donde había sido convocada para explicar bajo qué condiciones se autorizó la participación de los agentes extranjeros en un operativo contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, vinculado al Cártel de Sinaloa.
En una carta formal dirigida a la Cámara Alta, la gobernadora argumentó que su presencia podría comprometer la confidencialidad de una investigación en curso y la posible exposición de información clasificada relacionada con la seguridad nacional.
Ante la inasistencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, Ignacio Mier, acusó un “desacato político institucional” y anunció que el caso sería remitido a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Será la Fiscalía General de la República la que deslinde y establezca la responsabilidad para cada uno de los que participan”, declaró, aunque reconoció que el Senado no tiene facultades para sancionar directamente a la mandataria por la inasistencia.
Senadores morenistas habían advertido previamente que la conducta de la gobernadora podría configurar violaciones a los artículos 108, 109 y 110 constitucionales, además de a la Ley de Seguridad Nacional, que exige autorización expresa del gobierno federal para la presencia de agentes extranjeros en el país y restringe su actuación al intercambio de información.
El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que hay “elementos irrefutables”, y calificó como especialmente grave el hecho de que los agentes estadounidenses vistieran uniformes de la policía estatal de Chihuahua para disimular su participación en el operativo.
Describió a la gobernadora como “entrampada, que sabe que violó la ley y la Constitución de manera flagrante”.
La gobernadora panista ha sostenido que el operativo correspondía a labores de capacitación y ha ofrecido coordinación con autoridades federales. El gobierno de Sheinbaum, por su parte, informó que no tuvo conocimiento previo de la participación de agentes extranjeros en las operaciones de seguridad.
