Uno de los temores que despertó la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio del 2018 radicó en el regreso de un populismo al estilo Chávez-Maduro. Sin embargo, en nueve meses de gobierno se acumularon evidencias de que el modelo lopezobradorista es de populismo político presidencialista, con el mantenimiento del modelo económico neoliberal de mercado.
El equilibrio no ha sido fácil por las tentaciones del poder presidencial absoluto mexicano. Sin embargo, dos datos están a la vista: el gasto social asistencialista de todo populismo se ha sostenido con la reasignación del gasto presupuestal –quitarles a unos para darles a otros– y no con déficit presupuestal ni aumento de dinero circulante; y, para dejarlo claro, López Obrador se ha comprometido a respetar las reglas y condiciones de la estabilidad macroeconómica que vigila el Fondo Monetario Internacional.
Por tanto, la política económica es neoliberal y la política-política es populista.
Los mensajes han sido asimilados por los agentes productivos. Luego de ciertas fricciones por su participación en la construcción del cancelado nuevo aeropuerto internacional mexicano en Texcoco, el empresario Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México, se subordinó al programa económico de López Obrador. Y los dos bloques de empresarios que en el pasado fueron aguerridos adversarios del Estado intervencionista –el Consejo Mexicano de Negocios y el Grupo de los 10 empresarios más ricos de Monterrey, la ciudad empresarial por excelencia– también parecieron entender la propuesta del nuevo gobierno mexicano y se han ido sumando a proyectos de inversión.
En la historia económica de México hubo tiempos en que los empresarios operaron como factores aliados al Estado promotor de la economía vía inversiones –el largo ciclo 1940-1970– y luego como adversarios del Estado que desplazó con empresas públicas a las empresas privadas en el corto periodo populista 1971-1982. El tercer modelo de desarrollo mexicano se derivó del Tratado de Comercio Libre –de 1994 a la fecha– no tuvo problema con el Estado porque funcionó el mercado como el eje de la actividad económica.
En este contexto, López Obrador se movió en torno al regreso del papel dominante del Estado. El modelo de Salinas de Gortari y su propuesta de Tratado comercial fue de Estado autónomo, en una economía de mercado y con tareas estatales de inversiones sociales sólo a favor de los sectores más empobrecidos. Los temores sociales vieron una doble intención lopezobradorista: un populismo político-social tipo peronista con las masas en las calles confrontando a los empresarios y un populismo económico con la restauración del Estado-empresario.
La política económica de López Obrador se basa en el control de la inflación por el lado de la demanda y la política de desarrollo se sustenta en la actividad empresarial directa, con obra pública y sin creación de ninguna empresa estatal que sustituya las empresas privadas. Este modelo es típicamente neoliberal. En días pasados, el presidente anunció el regreso de la empresa privada a áreas petroleras que parecían de exclusividad del Estado.
El desafío presidencial radica en sacar al país del hoyo de 2% de producto interno bruto promedio anual y llevarlo a una tasa promedio de 4%, con el dato histórico de que en el largo periodo 1934-1982 el PIB anual fue de 6%. La cifra de 6% se requiere para darle empleo formal al millón de mexicanos que se incorpora cada año a la población económicamente activa. La tasa promedio de 2% en el ciclo 1983-2018 provocó un 80% de mexicanos que viven con una a cinco carencias sociales y el 58% de la población económicamente activa viviendo en actividades informales, ambulantes y sin seguridad social.
La clave de la estabilidad macroeconómica radica en controlar la inflación por el lado de la demanda, respetar la autonomía del Banco de México y anclar el déficit presupuestal en 2% anual. Es decir, neoliberalismo puro. La base política y social del lopezobradorismo carece de pensamiento económico como para explorar, por ejemplo, la inflación como un problema de estructura productiva y no de circulante. Regresar al Estado populista 1971-1982 hubiera necesitado de un aumento de 50% de gasto público por la vía del déficit y la impresión de dinero.
El problema de corto plazo radica en que el mercado no está reaccionando con dinamismo. La astringencia de gasto público y los temores empresariales han retrasado la inversión y el PIB de este 2019 podría ser de 0% a 0.5%, debajo de la meta de 2%. Y por razones del efecto de estancamiento o de la posibilidad de recesión se podría tener un PIB de 1% en 2020. Por ello, en la Secretaría de Hacienda se tiene la certeza de que el PIB promedio anual de este sexenio podría ser de 2%, igual al del largo periodo neoliberal, sin que se cumplan las tres metas sociales de López Obrador: aumento del empleo con prestaciones sociales, disminución de cuando menos 20% de mexicanos pobres y distribución de la riqueza por la vía del salario.
El populismo político hasta ahora no ha contaminado al neoliberalismo económico, pero no hay garantías de que ello se mantenga a lo largo del sexenio. En el 2021 se renovará la cámara de diputados federal y el partido Morena de López Obrador quisiera aumentar su bancada de 53% actual a 60%, porque una baja en las expectativas sociales podría disminuirla a 40%-45%.
Pero por lo pronto, el modelo de López Obrador es de un populismo político previsiblemás priísta que chavista y de un neoliberalismo económico estabilizador tipo FMI.
