Luego de casi siete años de permanecer presa, Florence Cassez ve una posibilidad de recobrar su libertad, ya que Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte, propuso ampararla y ordenar su inmediata y absoluta libertad, pues dijo que este caso está plagado de irregularidades que generaron un “efecto corruptor” en todo el proceso penal y “viciaron la evidencia” incriminatoria en contra de la francesa.
Subrayó que carecen de “fiabilidad” las pruebas presentadas contra la extranjera, ya que los testimonios de las víctimas, así como las declaraciones de los policías, son producto de una deformación de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigación, la cual depende de la PGR.
El ministro estableció que se enfrenta un caso en el que la violación a los derechos fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora, produjeron, por sí mismas, “una indefensión total de Cassez”.
Dicha posición contrasta con la resolución dictada por el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito el 10 de febrero de 2011, que aseguró que estaba plenamente acreditado que la extranjera era responsable del delito de secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, por lo que ratificó la sentencia de 60 años en prisión.
En el proyecto de sentencia, el cual será discutido el 21 de marzo por la Corte, el ministro señaló que está acreditado que los elementos de la AFI, la cual en ese entonces era dirigida por Genaro García Luna (hoy secretario de Seguridad Pública federal) no contactaron de inmediato al consulado francés, motivo por el cual violaron “el derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular”.
También, a juicio del ministro, se comprobó que la francesa no fue puesta a disposición inmediata del MP federal, “sino que, por el contrario, fue llevada al rancho Las Chinitas a fin de que participara en un montaje preparado por las autoridades que la detuvieron”.
El proyecto señala que no encuentra justificación constitucional alguna por el que Florence fuera retenida en esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la AFI.
A unas horas de que un ministro de la SCJN propuso amparar y liberar a Cassez, la PGR manifestó su preocupación por el alcance que pretende dar el ministro ponente a los supuestos vicios encontrados en el juicio y por la posible descalificación del valor de las declaraciones de las personas secuestradas, sin que obre elemento alguno que acredite la supuesta deformación de la realidad a la que alude Zaldívar.
La PGR confía en que los demás ministros que integran la primera sala atiendan a la defensa de los derechos de las víctimas, y se modifique el sentido del proyecto del ministro dejando incólume la responsabilidad penal.
Agencias
