El desgaste que vive actualmente la Procuraduría General de la República, abre posibilidades que hasta ahora han sido poco conocidas fuera de los círculos académicos e intelectuales en los que normalmente se tienen casos de estudio de otras naciones. Es un hecho que en México, ese desgaste que se nota en la figura del órgano de procuración de justicia nacional tiene su origen en las decisiones que se han tomado desde el poder, pero también —y sobre todo— por la desconfianza ciudadana que, a estas alturas, parece insalvable. ¿Qué podría ocurrir ante esta evidente pérdida de credibilidad?
En efecto, en nuestra entrega anterior sosteníamos que una de las primeras necesidades de fondo que tendrá quien resulte electo Presidente el próximo 1 de julio, será la de generar las condiciones y establecer las bases —jurídicas y políticas— para la transición entre la agonizante Procuraduría General de la República, y la nueva Fiscalía General de la República, y también para propiciar el nombramiento del nuevo Fiscal General. Hoy, con el enésimo uso de la PGR como un instrumento de orden político, y de cara a los antecedentes del órgano de procuración de justicia, es claro que la viabilidad de la PGR es sólo de corto plazo, aún siendo optimistas.
Lo que queda, en realidad, es la transición de instituciones y el nombramiento de un nuevo funcionario. Si bien será necesaria una enorme inversión de capitales políticos para culminar el proceso de creación de la Fiscalía General, resulta todavía más complejo el proceso político y legislativo para el nombramiento del nuevo Titular de la Fiscalía. Ello implica un proceso sinuoso y complejo, y aún así no se ataja por completo la posibilidad de que de todos modos tanto el proceso, como la persona que resulte electa, no genere la suficiente legitimidad entre los mexicanos, por sus rasgos de independencia, idoneidad y compromiso con la ley.
En ese escenario, que no resulta del todo descabellado, y que puede ocurrir si de nuevo la clase política pondera sus intereses por encima de temas como la correcta aplicación de la ley y el combate a la corrupción, entonces habría que pensar en nuevas formas —para México— de enfrentar esos flagelos que lastiman en su conjunto a la sociedad mexicana. No son nuevas las formas, porque en otros países ya se ha recurrido a organismos supranacionales no sólo para procurar, sino también para impartir justicia. Y ese sería un punto relevante por el momento actual que vive el país.
En el caso de Guatemala, por ejemplo, Estados Unidos a través de la Organización de las Naciones Unidas, impulsó la creación de una comisión que fuera coadyuvante de su figura del Ministerio Público, para la investigación y persecución de casos de corrupción. A esa Comisión se le reconoció la facultad de ejercitar la acción penal directamente. Y el resultado fue el propio enjuiciamiento del Presidente de aquella nación, que se vio obligado a dejar el poder para enfrentar acusaciones relacionadas con su participación en la comisión de delitos relacionados con importación y exportación de productos en condiciones ilícitas.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Junto a figuras como la utilizada en Guatemala, hay otras. De acuerdo con Mark L. Wolf, la ‘grand corruption’, entendida como el abuso del puesto público en los escalones más altos de la política para obtener beneficios privados, es endémica en muchos países. Las redes de corrupción florecen gracias a la impunidad que se genera cuando los líderes de una nación no permiten que funcionen las leyes para castigar a sus colegas, amigos, familiares y, principalmente, a ellos mismos. La indignación pública frente a la persistencia de la corrupción está desestabilizando a muchos países. Este proceso de desestabilización genera graves peligros para la paz y seguridad internacionales que la mayoría de los países han acordado proteger a través de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Debido a que la corrupción sistémica está generando una crisis global, es evidente la necesidad de una Corte Internacional Anticorrupción capaz de hacer valer los códigos y reglamentos que sancionen los actos de corrupción (http://www.nexos.com.mx/?p=30452).
Según Wolf, el primer paso está dado. Prácticamente todos los países han promulgado leyes anticorrupción pero el problema radica en su aplicación. Una Corte que procese los casos de corrupción de manera eficiente puede ser una herramienta de disuasión que contribuya a frenar la corrupción. En términos de gobernabilidad y democracia, una Corte que pueda sancionar los actos de corrupción también permitiría la elección de líderes dedicados a servir a sus representados en lugar de enriquecerse a sí mismos, pues vigilaría que los procesos democráticos operen de forma honesta y limpia.
Debe reconocerse que la corrupción sistémica no es un crimen sin víctimas. Sus costos y consecuencias son devastadores. Los gobiernos corruptos facilitan la adherencia a grupos terroristas en muchos países, como Nigeria, y proveen refugios seguros para terroristas internacionales en países como Afganistán y Yemen. De la misma manera, los políticos corruptos y las empresas criminales poderosas, incluidos los cárteles mexicanos de la droga, suelen estar relacionados y actuar en contubernio. La corrupción sistémica también destruye la democracia y es devastadora para los derechos humanos, mismos que todos los gobiernos dicen proteger. Los líderes de los países con los peores índices de corrupción el mundo —incluyendo Somalia, Afganistán, Sudán, Iraq y Siria— son también los que registran mayores violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Y luego, Wolf va al problema particular de México, al señalar que la corrupción no florece por una carencia de leyes. 178 países, incluido México, son Estados parte de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas. Esta convención exige a cada uno de los países miembro estatutos que criminalicen el soborno, la extorsión y el uso inapropiado de los recursos públicos. Además, es una obligación internacional crear instituciones para hacer cumplir dichos estatutos, incluso en contra de los miembros del gobierno más importantes. Sin embargo, los compromisos no son acatados porque los políticos corruptos controlan a la policía, a los fiscales y a las cortes. Puesto de otra forma, no se establecen los controles y contrapesos necesarios para asegurar que las leyes anticorrupción se cumplan y los culpables sean sancionados.
Esta falta de obligatoriedad y cumplimiento de las leyes que prohíben la corrupción ha sido reconocida como un problema fundamental en México. En palabras de Juan Pardinas, director del IMCO: ¿Cómo se puede resolver el problema de la violencia y el crimen organizado si no se resuelve el problema de la corrupción? […] Investigaciones realizadas muestran que casi todos los crímenes de corrupción quedan impunes, y aquellos a los que encuentran culpables no son miembros importantes del gobierno. […] Las instituciones del Estado son completamente incapaces de perseguir los actos de corrupción.
¿IR POR UNA CORTE?
Es complejo el basamento de una corte internacional anticorrupción. Pero la cuestión central es que ya se habla del tema; que éste no es privativo de México, y que aunque incipiente, es una discusión que en el mediano plazo tendrá contenido. El SNA es el primer paso antes de llegar a esta figura, que quizá pudiéramos llegar a ver en operación en los próximos años.
http://columnaalmargen.mx
ortizromeroc@gmail.com
@ortizromeroc
