Janet Martínez
En San José de Gracia, Oaxaca hay una mina de oro que decidió mirar hacia otro lado. Mientras el gobierno habla de paz y gobernabilidad, Don David Gold México, S.A. de C.V. ha optado por sentarse a negociar con un grupo señalado por multihomicidios, extorsión, bloqueos y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
El abogado que abre esa puerta se llama Óscar Ulises Lara Amador, representante legal de la minera en México. Del otro lado de la mesa están Marco Antonio Sánchez Cruz, viejo líder de la CTM convertido en símbolo de la violencia sindical en Oaxaca; la contadora Noemí Ramírez García, cerebro financiero de sindicatos y partido político; y Saúl Jesús Molina Jiménez, el hombre cuya firma aparece al pie del sindicato 189.
Los papeles ya están sobre la mesa. De un lado, un oficio del sindicato con registro 189 —encabezado por Molina y Ramírez— donde se presiona a la mina para cancelar contratos con empresas locales de Totolapam y colocar a nuevos prestadores “aliados”.
Desde San Pedro Totolapam, las autoridades municipales ya levantaron la voz: si la empresa minera insiste en hacer tratos con ellos, habrá conflicto social. La pregunta es por qué, con este historial, el gobierno y la mina siguen fingiendo que no saben quiénes son sus interlocutores.
Un líder con muertos en el expediente
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y múltiples notas de prensa, Marco Antonio Sánchez Cruz fue detenido en noviembre de 2017 por su presunta participación en el homicidio calificado de cinco transportistas ocurrido el 13 de junio de 2013 en San Pedro Totolapam. Aquella noche, las víctimas fueron atacadas a balazos desde una camioneta en movimiento cuando regresaban de una reunión; la orden de aprehensión lo señalaba como probable responsable de ese multihomicidio.
Su captura no ocurrió en silencio: agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones se enfrentaron a tiros con sus escoltas antes de lograr detenerlo, y al día siguiente grupos de la CTM paralizaron la ciudad de Oaxaca con bloqueos y cierres de carreteras para exigir su liberación, evidenciando el poder de fuego y movilización que tenía detrás.
No era la primera vez que su nombre aparecía en expedientes penales. Versiones de la propia Fiscalía y notas periodísticas refieren que ya había sido investigado por narcomenudeo, robo calificado y tentativa de secuestro en años previos, además de estar relacionado con disputas violentas por el control del transporte de carga y la obra pública en la zona metropolitana de Oaxaca.
En 2021, tras casi cuatro años en prisión, un juez resolvió que no había pruebas suficientes para mantenerlo preso por el multihomicidio de Totolapam y quedó en libertad. Oficialmente fue una decisión sustentada en la insuficiencia probatoria; extraoficialmente, distintas voces en la clase política oaxaqueña hablaron de una operación de alto nivel alrededor de su caso. Presuntamente Flavio Sosa, actual secretario de Cultra y el ex fiscal Arturo Peimbert, hicieron un acuerdo con el entonces gobernador Alejandro Murat para sacarlo. El compromiso de Sánchez Cruz, era pagar la campaña de la entonces aspirante a la gubernatura Susana Harp.
Lejos de retirarse, Sánchez Cruz reapareció como dirigente de la CIT/FITO (Federación Internacional de Trabajadores de Oaxaca). Desde esa plataforma, el actual gobernador Salomón Jara Cruz lo ha señalado públicamente como uno de los líderes que extorsionan y chantajean a comunidades y empresas, particularmente en la región donde se construye la supercarretera Mitla–Tehuantepec. En conferencias oficiales, el mandatario lo ha nombrado entre los “generadores de violencia” que lucran con bloqueos y tomas de obras.
El 7 de noviembre de 2024, la violencia lo alcanzó nuevamente. Un comando armado atacó a Sánchez Cruz a la salida del restaurante “El Che Gaucho”, en la colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca. El saldo: cinco escoltas asesinados y varios heridos; él resultó ileso. La Fiscalía abrió carpeta de investigación por homicidio y tentativa de homicidio, en un ataque que analistas han descrito como parte de la disputa entre grupos criminales y estructuras sindicales armadas.
A ello se suma que, en 2018, fue asesinado Wilfrido Sánchez Cruz, ex presidente municipal de Santa Cruz Amilpas y hermano de Marcos. Ese crimen reforzó la percepción de que el entorno de poder de Sánchez Cruz está cruzado por viejas lealtades políticas, negocios de transporte y la sombra del crimen organizado.
Con este historial, no se trata de un personaje desconocido: el gobierno estatal, los empresarios y las corporaciones de seguridad saben perfectamente quién es Marcos Sánchez y qué arrastra detrás.
El brazo financiero: Noemí Ramírez García
A un lado de la estructura política de Marcos Sánchez aparece la contadora Noemí Ramírez García. En el papel, es dirigente de al menos dos organizaciones sindicales del sector construcción y transporte: Transportes y Servicio de Personal de México y el Sindicato Nacional “Juarista” de Trabajadores de la Industria del Transporte, la Construcción, Comercio y Servicios en General, donde figura como secretaria tesorera junto a Saúl Jesús Molina Jiménez como secretario general.
Pero su rol no se limita al mundo laboral. En la estructura del Partido Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus Regiones (MUJER) —organización política local que diversos análisis vinculan a la CIT y a Marcos Sánchez—, Noemí Ramírez ocupa la Secretaría de Administración y Recursos Financieros del Comité Directivo.
De acuerdo con información que forma parte del acervo de esta investigación, Noemí Ramírez García fue objeto de una carpeta de investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2014 y 2015, que habría concluido con un no ejercicio de la acción penal durante la gestión de Santiago Nieto. Ese episodio, lejos de acotarla, la dejó —según fuentes consultadas— más segura de su impunidad y con mayor margen para operar.
Hoy, esa misma operadora financiera aparece firmando como dirigente sindical, presionando una mina de oro y plata con el aval de un abogado corporativo extranjero.
Saúl Jesús Molina Jiménez: el rostro formal del sindicato 189
El tercer actor es Saúl Jesús Molina Jiménez, quien figura como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Similares y Conexos, CTM, registro 189. Es su firma, junto con la de Noemí Ramírez, la que aparece en el oficio enviado a Don David Gold México para exigir un giro radical en la contratación de servicios.
En esa carta, el sindicato notifica a la empresa que, a partir de ese momento, ya no deberá trabajar con las empresas del pueblo que prestan servicios de transporte, alimentación, seguridad y acarreos, y anuncia que propondrá otras compañías para sustituirlas. El argumento: supuestas deficiencias, mala reputación y violaciones a normas de seguridad y ambientales.
La comunidad lo lee de otra forma: una maniobra para sacar a las empresas locales y colocar firmas vinculadas al grupo de Sánchez–Ramírez–Molina, usando la vieja fórmula de la presión sindical para capturar contratos.
El papel de Óscar Ulises Lara Amador: el eslabón corporativo
El encargado de recibir ese oficio, procesarlo y sentarse a negociar no es un intermediario menor. Es Óscar Ulises Lara Amador, representante legal de Don David Gold México y responsable de asuntos legales de la compañía en el país.
No es un actor a ciegas. Sabe, o debería saber, quiénes son los interlocutores que lo buscan:
– Un líder sindical con antecedentes de multihomicidio, investigaciones por delitos graves y un atentado reciente.
– Una operadora financiera que combina puestos en sindicatos y en un partido local ligado a ese mismo líder, con antecedentes de investigación en la UIF.
– Un secretario general sindical que pone su firma para exigir cambios de contratistas en una mina ya señalada por la comunidad.
Según trabajadores y fuentes internas consultadas, Lara Amador no sólo recibe los oficios: ha avalado en los últimos años decisiones que afectan directamente a la plantilla laboral, como:
- La falta de reparto de utilidades en 2023 y 2024, pese a que la Ley Federal del Trabajo obliga a distribuirlas entre las personas trabajadoras (participación de utilidades: artículos 117–131; aguinaldo: artículo 87; indemnizaciones por despido injustificado: artículos 48 y 50).
- Despidos sin las liquidaciones completas previstas en la ley, presionando para que se firmen finiquitos a la baja.
- Incumplimientos o retrasos en el pago de aguinaldos, también garantizados por la legislación laboral.
Todo esto mientras se les abre la puerta a los operadores de un grupo que carga con un historial de violencia y corrupción.
El aviso desde Totolapam
Frente a este escenario, las autoridades agrarias y municipales de la zona han hecho lo que les corresponde: expresar su preocupación por la comunidad, por la integridad de las y los trabajadores y por la seguridad de sus ciudadanos. Hay una preocupación real y creciente por el nivel de acuerdos que la empresa estaría tejiendo con personajes que no representan a la comunidad y que arrastran un historial de violencia y conflicto.
Mientras la mina mantiene producción y utilidades, son los trabajadores y las empresas del pueblo quienes ponen el cuerpo: sin reparto de utilidades, con precariedad en sus derechos y con la amenaza de que, si se impone el grupo de la violencia, serán los primeros en perderlo todo.
La pregunta ya no es qué antecedente tiene cada uno. La pregunta, hoy, es hasta cuándo el gobierno y la compañía seguirán pretendiendo que no saben con quién se están sentando a negociar.
Lo que ocurre hoy en San José de Gracia y San Pedro Totolapam no es un pleito menor por contratos. Es un aviso. Cuando el oro se extrae a la sombra de la violencia, tarde o temprano alguien va a pagar el costo. Y casi nunca son los de arriba.
