Hace unos días renunció o fue despedido uno de los más importantes funcionarios del sector Salud, Miguel Ángel Toscano Velasco, director, o su equivalente, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Este organismo tiene facultades de regulación en alimentos y bebidas, medicamentos, alcohol, tabaco, cosméticos, dispositivos médicos y una larga lista de productos más.
Contra las presiones de los restauranteros y de las compañías tabacaleras, la Cofepris logró que se legislara para prohibir le emisión de humo de tabaco en locales cerrados y obligar a los restaurantes, cafeterías y establecimientos similares a separar un espacio abierto para los clientes fumadores. También impulsó la prohibición de la venta de antibióticos sin receta médica, a pesar de las resistencias de la industria farmacéutica.
A principios de febrero la Cofepris convocó a los sectores interesados a que examinaran y opinaran sobre un proyecto de reformas al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, cuyo objetivo era prohibir la publicidad engañosa que atribuye poderes preventivos o terapéuticos a productos de belleza, perfumería, herbolarios o suplementos alimenticios, que se anuncian como panaceas para curar enfermedades como el cáncer la osteoporosis, la obesidad, la depresión, la artritis y el sobrepeso.
El negocio de estos charlatanes es redondo y los daños que causan son impunes. Como sus mercancías no están registradas como medicinas, se pueden vender sin receta y burlar así la credulidad o desesperación de los enfermos. La autoridad no cuenta con instrumentos legales para proteger a la población del fraude que cometen a diario estas empresas a través de la televisión. Los productos son avalados por actores, deportistas y personajes que como ellos ejercen influencia en las decisiones de consumo de amplios sectores de la población y son presentados por sujetos disfrazados de médicos y consumidores que han probado la eficacia de esas mercancías y recomiendan su uso.
Esto es lo que intentaba regular Miguel Ángel Toscano Velasco a través del proyecto de reglamento que pondría a consulta, en el que se preveía proteger la salud del público víctima de la charlatanería. No se pretendía prohibir la publicidad de las yerbas o las cremas, sino prohibir que se siguieran anunciando como remedios mágicos para la cura de enfermedades. Era una medida indispensable para proteger la salud de la gente, en especial de quienes sufren enfermedades graves o terminales.
El intento no prosperó pues de pronto se anunció que Miguel Ángel Toscano Velasco renunciaba a la Cofepris por “motivos personales”, pero la percepción generalizada –esa que el presidente Calderón se propone mejorar– es que fue cesado o que le retiraron todo apoyo en su intento de regular los productos “milagro”, por lo que no tenía sentido que continuara en el cargo.
Toscano Velasco tiene fama de ser un funcionario valiente y decidido, por lo que es difícil creer que haya decidido retirarse del organismo uno o dos días después de dar a conocer su intención de poner orden en la publicidad de esas mercancías. El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, asegura que la renuncia fue una decisión personal del ahora ex comisionado y “no tiene nada que ver con los productos milagro [pues] esto [la renuncia] es algo que ya se iba a dar” y que “es más bien una decisión de él de cambiar de actividad”.
El doctor Córdova es visto como un funcionario serio y confiable; acostumbra hablar con seguridad y mesura y quien lo escucha suele creer en su palabra, en claro contraste con la desconfianza que irradian otros funcionarios del actual gobierno, incluyendo a importantes colegas del doctor Córdova. Pero versión no es verosímil porque si, como él sugiere, había indicios de que Toscano estaba a punto de retirarse, no se entiende por qué embarcó a la Cofepris en la consulta de un reglamento que no sólo afectaba intereses ilícitos de las empresas que venden productos “milagro” que, según el analista Ricardo Raphael, tienen una inversión de 7 mil a 11 mil millones de pesos anuales, sino también a las poderosas empresas televisivas que habrían perdido una jugosa fuente de ingresos si se hubiese prohibido la publicidad engañosa de esas mercancías.
Cualquiera puede tomar una decisión sorpresiva por los motivos más diversos, pero si Toscano estaba a punto de renunciar, como sugiere el doctor Córdova, la propia autoridad tiene que explicar por qué entonces permitió que iniciara un proceso de consulta sobre un reglamento que, como reconoce el propio secretario, podría afectar fuertes intereses empresariales. Me inclino a pensar que como miembro del gabinete, Córdova asume como el deber de dar la cara públicamente en un asunto que podría tener un trasfondo de corrupción y presiones, a fin de limitar su potencial de escándalo.
Sería una pena que el doctor Córdova se hubiese visto obligado a faltar a la verdad porque supongo que todos desearíamos creer que, como él mismo dijo, el proyecto de regular la publicidad de productos “milagro” seguirá adelante; me temo que esto no sea así, aunque el secretario de Salud lo quisiera, pues será muy difícil que el funcionario de Hacienda que sustituye a Toscano opere en un mar infestado de tiburones que no conoce.
En cualquier caso, los enfermos graves tienen derecho a que el Estado los proteja de la acción de los charlatanes, pues es difícil imaginar un negocio tan inmoral como el anuncio de cremas cosméticas como si fueran medicinas para curar la diabetes. Si la autoridad no pone un freno a esta monumental estafa porque no quiere, no queda más que presumir algún tipo de corrupción. Si no lo hace porque no puede, la conclusión lógica es que la industria de la charlatanería es más fuerte que el Estado, y esta sería la peor de las posibilidades.
