En una acción prometida desde su posicionamiento en la oposición hace ya treinta años, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició un proceso legal de enjuiciamiento de cinco expresidentes de la república del periodo 1988-2018 por ser los responsables del neoliberalismo económico, de fraudes electorales y de la violencia de la inseguridad.
El procedimiento legal es bastante complejo: solicitud al Congreso federal para realizar una consulta al pueblo si se deben enjuiciar a los ex presidentes que tiene que ser avalada por la suprema Corte de Justicia de la Nación; si gana el sí, entonces se deben juzgar a los expresidentes vivos Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (PRI, 1994-2000), Vicente Fox (PAN, 2000-2006), Felipe Calderón (PAN, 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) por la “presunta comisión de delitos” cometidos “antes, durante y después” de sus respectivas gestiones administrativas como jefes del ejecutivo federal.
El asunto complicado radica en el hecho de que los procedimientos judiciales se deben hacer a través de acusaciones concretas, carpetas de investigación y averiguaciones previas, no consultas populares para juzgar periodos presidenciales en bloque. Hasta ahora no se han precisado delitos concretos, sino orientaciones de gobierno.
La clave del procedimiento se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, porque el Congreso tiene la mayoría el partido del presidente de la república. Y la Corte tendrá que validar la legalidad de la consulta para investigar gestiones administrativas “antes, durante y después” de los sexenios formales.
La propuesta del presidente mexicano mezcla acusaciones formales de presunta corrupción con la aplicación de un modelo económico neoliberal como si fuera un delito, además de reiteraciones de fraudes electorales que ya fueron exonerados en las instituciones electorales correspondientes. El asunto no es que no haya habido evidencias de delitos, sino que su momento se cumplieron con los procedimientos legales para cancelarlos. El tema más actual es el del caso Odebrecht hoy en litigio, pero el proceso legal está en curso con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en prisión domiciliaria hasta la entrega de pruebas que pudieran involucrar al hoy expresidente Peña recibiendo sobornos cuando era candidato presidencial del PRI en 2012.
El filtro principal estará en la autorización o negativa que tendría que dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal legal máximo: investigar la “presunta comisión de delitos” sin carpetas de averiguaciones previas y la temporalidad de esos delitos y “antes, durante y después de sus respectivas gestiones”, sin precisar tiempos legales. En términos procedimentales, las autoridades de la Fiscalía tienen facultades para iniciar carpetas de investigación para elaborar sin consultas populares averiguaciones previas que puedan conducir a solicitudes de órdenes de aprehensión contra expresidentes, aunque con el dato legal de que durante sus gestiones sólo podrían ser acusados de “delitos graves de orden común” y de “traición a la patria”.
Al margen de que se trate de un acto político de posicionamiento mediático que renueve el repudio popular contra el ciclo priísta-panista-priísta de 1988 a 2018 y que deje al margen los gobiernos anteriores con los mismos o peores delitos, el hecho es que bien encaminado el proceso pudiera convertirse en un enjuiciamiento social y político al neoliberalismo económico mexicano que profundizó la pobreza y la marginación y el enriquecimiento plutocrático, aunque sin cargos penales. La prueba del repudio social al neoliberalismo fue el voto a favor de López Obrador en el 2018 para inaugurar un periodo económico posneoliberal.
Dentro de ese periodo neoliberal 1988-2018 existieron casos flagrantes de corrupción que debieran de investigarse –inclusive sin consulta popular–, pero que el gobierno de López Obrador no ha iniciado los procedimientos legales. Por ejemplo, la muy criticada privatización de la empresa Teléfonos de México en 1992 para entregársela al empresario Carlos Slim Helú, con el dato de que hoy Slim es uno de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador. O la privatización de Televisión Azteca que se le dio al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tuvo que conseguir un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente que privatizaba la empresa, para completar la inversión. Salinas Pliego también es de los empresarios consentidos del gobierno de López Obrador.
Lo más probable es que la consulta no pase el filtro de la suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de consistencia legal al pedir investigaciones como día de pesca y sin basarse en averiguaciones previas con recopilación de pruebas procesales y legales, aunque un tercio de los ministros haya sido propuesto por el presidente de la república. Cada uno de los expresidentes tiene en su haber asuntos oscuros de corrupción y malversación de fondos, pero sin estar en carpetas oficiales de investigación.
Si la solicitud fracasa, entonces la bandera de enjuiciar la corrupción del PRI y el PAN en la presidencia podría fracasar y afectar la base social y política del partido lopezobradorista Morena que avanza a su primera prueba electoral en junio del 2021 con la elección de la Cámara federal de Diputados y quince gubernaturas y que está resintiendo en pérdida de votos el saldo de muertos por la pandemia, la crisis económica con un PIB promedio anual de 1.3% de 2020 a 2024 y el aumento en la violencia de los cárteles del crimen organizado.
López Obrador encarnó siempre el espíritu de justicia popular contra la élite gobernante depredadora a costa de la pobreza de las mayorías y su elección fue un voto de esperanza para someter a la justicia a los gobernantes anteriores. Sin embargo, se esperaban procedimientos legales muy bien cuidados y no solicitudes generales que pudieran esfumarse en el aire.
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