Obsesionado por cerrar el paso al PRI, el presidente Felipe Calderón le da argumentos al Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York que ha colocado a México en el grupo de países que representan una amenaza mayor (6º lugar) a la seguridad nacional de Estados Unidos.
El riesgo que ese organismo encuentra en México es la posibilidad de que la violencia asociada al crimen organizado y su combate se agrave en el país, como dice el presidente Calderón que está ocurriendo, y se extienda al territorio estadunidense, lo que haría necesaria la intervención del ejército de ese país.
Para tener una idea de la importancia de ese consejo (www.cfr.org), baste señalar que lo copresiden Carla Hills y Robert Rubin y cuenta entre sus miembros a los expresidentes Carter y Clinton. La calificación, divulgada hoy, resultó de una encuesta entre académicos y funcionarios del gobierno del presidente Obama, sobre las principales amenazas externas para ese país.
En México, el eje de la escalada político-electoral del presidente contra el PRI es la afirmación de que el narcotráfico se ha infiltrado en los procesos electorales. El primer acto de este drama fue Michoacán, debido sin duda a la derrota de Luisa María Calderón por el ahora gobernador electo, Fausto Vallejo. El segundo acto es el proceso electoral federal que culminará el 1 de julio de 2012.
Primero en su mensaje por su quinto año de gobierno, luego en una ceremonia luctuosa y después en un noticiario de televisión, el presidente afirmó que en las elecciones de Michoacán intervino el crimen organizado y que “el país tiene que responder” a la pregunta que él le hace, olvidando que es el presidente quien tiene que responder a las preguntas que le haga el país. Estas palabras suyas sintetizan su posición:
¿A quién beneficia la acción de los criminales y a quién perjudica? Es una pregunta clave que el país tiene que responder. Por lo pronto, ya sabemos a quién perjudica: perjudica al PAN, a sus mejores alcaldes, al mejor alcalde que hayamos tenido, y perjudica al pueblo de México. La pregunta de a quién beneficia también tiene que ser respondida […] Sí, me parece que es una amenaza para México el que el crimen organizado este interviniendo ya tan burdamente en los procesos.
1. Al decir que alguien se benefició de la irrupción del narcotráfico en las elecciones michoacanas, el presidente da pie a que se concluya que los delincuentes actuaron por cuenta de ese beneficiario o al menos con su conocimiento.
2. Cada quien puede escoger a su beneficiario favorito, pero es obvio que si las elecciones fueron ganadas por los candidatos del PRI, ese solo hecho, absolutamente legítimo, los convierte en los primeros sospechosos de las alusiones mal disimuladas del presidente.
3. Por lo mismo, el honor y buen nombre del gobernador, los alcaldes y los diputados locales electos de Michoacán que pertenecen al PRI han sido manchados nada menos que por el primer mandatario de la Nación, lo que constituye cuando menos una arbitrariedad.
4. La función del presidente de la República no es denunciar los ilícitos ante los medios de comunicación; eso está bien para personajes como Javier Sicilia, un líder social sin más poder que su credibilidad.
5. Pero si el presidente tiene información de un ilícito, su deber es hacer la denuncia formal de los hechos y presentar las pruebas ante la Procuraduría General de la República para que cumpla con su tarea de procurar justicia, abra una averiguación previa, persiga y presente a los responsables ante un juez.
6. Si es verdad que el crimen organizado ha escalado al extremo de convertirse en un actor de las elecciones en Michoacán, entonces no puede ser verdad que la estrategia del gobierno para combatirlo ha tenido éxito.
7. Y si la estrategia ha fracasado, no hay más que dos conclusiones: o La Familia Michoacana no ha sido desarticulada, como han dicho las voces oficiales, o los supuestos lugartenientes que con frecuencia se dice que han sido aprehendidos, son piezas menores.
Lo que más preocupa es la repercusión internacional de las afirmaciones poco ponderadas del presidente sobre el narcotráfico y el riesgo cada vez más cierto de que el gobierno intervendrá en el proceso electoral federal de 2012, sea para suspenderlo en los lugares que a su juicio que no tienen condiciones de seguridad o de plano para cancelarlo, lo que sumiría al país en una crisis política y constitucional.
Ya lo decía el senador Pedro Joaquín Coldwell al asumir la presidencia nacional del PRI: “Al gobierno federal le exigimos que no haga de este tema un arma para minar la confianza en las autoridades electorales, socavar el proceso o agredir a partidos y a candidatos”.
Santiago Creel Miranda propuso un pacto entre partidos y sus candidatos para cerrarle la puerta al crimen organizado y el PRI, en palabras de su nuevo dirigente, “está dispuesto a pactar con las otras fuerzas políticas, con la autoridad electoral y las de procuración de justicia, las medidas que sean necesarias para blindar el proceso electoral de la infiltración del narcotráfico”.
Un pacto de los partidos contra la intromisión del narcotráfico es positivo, pero debería complementarse con una acción institucional: el TFPJF y el Congreso de la Unión, deberían hacer un llamado respetuoso pero claro al presidente de la República para que se abstenga de hacer referencias públicas al proceso electoral de 2012, pues las que ha hecho hasta ahora deslegitiman el acto masivo más importante de nuestra democracia.
NOTA: Al desear a mis amables lectores un feliz fin de año, les informo que, por vacaciones, ésta es la última entrega del año de la columna Por los caminos de Sancho, para reanudar su publicación el jueves 12 de enero de 2012. RGM.
