El gobierno de México cuestionó el informe que dio a conocer la Organización de Naciones Unidas —sobre el tema de desapariciones— que establece que se trata de un fenómeno generalizado ya que, aseguró, el documento “no refleja adecuadamente la información presentada por México ni aporta elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”.
En respuesta a las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada, en las que se establece que es un fenómeno generalizado en el país y que hay total impunidad, la Secretaría de Gobernación difundió el informe que presentó hace apenas unos días a la ONU.
En un documento de 49 páginas las autoridades responden 24 preguntas formuladas respecto al contexto jurídico, las acciones emprendidas y los esfuerzos en el tema.
El gobierno mexicano aporta datos fundamentales, como el que se refiere a que en el país existen 239 averiguaciones previas por desaparición forzada, de acuerdo con las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, apuntó que no se ha consignado ningún expediente por ese delito, por tanto, “no existen inculpados que hayan recibido sentencia condenatoria”.
Sobre la llamada guerra sucia, el gobierno mexicano respondió que pasaron al conocimiento de la Coordinación General de Investigación de la PGR “un total de 268 indagatorias, de las cuales en 252 averiguaciones previas se investiga la desaparición de 492 personas, y el resto, por diversos delitos como homicidio, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, entre otros”.
Y se aclara que “estas 252 averiguaciones previas por desaparición forzada no forman parte del total de averiguaciones previas reportadas en la respuesta 11 por haberse iniciado en un periodo anterior a 2006” y “tampoco están vinculadas a las averiguaciones previas abiertas desde 2007 en la unidad que se hizo cargo de las averiguaciones previas de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”.
En el informe presentado en Ginebra, México acreditó ante el comité “el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas”.
Las autoridades hablan de una disminución de denuncias por supuestas conductas ilícitas imputables a personal militar, pues en 2012 se presentaron seis quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cifra que subió a 36 en 2013 y bajó a 14 en 2014. Un total de 56, de las cuales 44 ya fueron concluidas por no acreditarse las conductas denunciadas y 12 aún están en trámite.
Se informó que la Secretaría de Gobernación otorgó reparación del daño en 87 de 275 casos acreditados. La pasada administración erogó 1.7 millones de dólares en 55 casos. En el presente sexenio se han erogado 2.3 millones de dólares.
DESDE GINEBRA
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU examinó el informe que México presentó ante este organismo los pasados 2 y 3 de febrero, y desde Ginebra, Suiza, comunicó sus conclusiones. Asegura que el país no ha cumplido a cabalidad con los lineamientos que firmó en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en Guerrero, ilustra los serios desafíos en enfrenta el Estado en este tema”. Por eso realizó las siguientes recomendaciones.
Primero, exhortó a México a reconocer su autoridad como comité, pues “aún no han reconocido nuestra competencia para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales”.
Segundo, sobre el delito de desaparición forzada, urgió al Estado mexicano a expedir a la brevedad la ley general en materia, toda vez que determinó que “las distintas jurisdicciones presentan desiguales niveles de cumplimiento de las obligaciones que establece la convención”. Si bien reconoció las varias iniciativas de ley al respecto, recomendó diseñar la ley con cuatro lineamientos: prevención, investigación, juzgamiento y sanción.
Sugirió que este delito —a escala nacional y estatal— cuente con penas apropiadas en las que “se prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos”.
En la información revisada, el comité afirmó no haber encontrado ninguna condena ni sentencia; pero sí detectó obstáculos para la investigación de este delito, ya sea por lentitud, tardanza de las autoridades o porque los casos son clasificados bajo otros delitos menos graves. Por ello propuso redoblar los esfuerzos para agilizar las investigaciones, aun sin denuncia de por medio. Indagar a todos los agentes u órganos involucrados sin que éstos se conviertan en investigadores. Y crear una fiscalía de investigación de desaparición forzada adscrita a la PGR.
Sugiere proteger a los denunciantes, blindarlos contra amenazas y sancionar a quien lo haga. A los desaparecidos pide encontrarlos y liberarlos, pero en caso de hallarlos muertos, identificar sus restos pese a haber detectado “dificultades prácticas” en las áreas de búsqueda e identificación, mismas que pide resolver.
En el documento de 11 cuartillas, el comité se dice preocupado ante la falta de cifras que indiquen cuántas personas extraviadas o desparecidas hay. Sin ese dato, asegura, no es posible evaluar la magnitud del problema ni implementar políticas públicas para su combate. Por ello recomendó enriquecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con los datos de la víctima como sexo, edad, nacionalidad, lugar y fecha de los hechos, así como otros que permitan diferenciar si son desaparición forzada.
En cuanto a la ley del registro, señaló que ésta no puede funcionar sin reglamento, por lo que apresuró su expedición.
Las autoridades militares también fueron observadas. Sugirió que sean juzgadas por autoridades civiles, pues “los tribunales militares no ofrecen la independencia e imparcialidad requeridas por la convención”.
Sobre el tema de migrantes reconoció que, pese a los avances en el tema, tampoco hay estadísticas. Por lo que propuso trabajar con los países involucrados para encontrar a los desparecidos, identificar a los muertos, incluir a sus familias en las investigaciones, sancionar a los culpables y proteger a los denunciantes.
Respecto a la guerra sucia, el comité observó falta de avances en su investigación, falta de sanciones y lento progreso en la reparación del daño. Por lo que requirió agilizar estos rubros, encontrar a los muertos, identificarlos, reparar el daño y garantizar el derecho a la verdad.
La comisión dio al Estado mexicano un año como plazo para informar de la aplicación de sus recomendaciones.
Milenio
