El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó que existen elementos que demuestran el maltrato físico, psicológico y abuso sexual al que eran sometidos los internos de la casa hogar La Gran Familia de Zamora, Michoacán.
En conferencia prensa, dio a conocer seis testimonios que “lastiman e indignan”; sin embargo, dijo que hay otras declaraciones que “salvan la buena humanidad” de algunos responsables del albergue, quienes se convirtieron en protectores de las víctimas, motivo por el cual analizan con cuidado quiénes son los responsables de las vejaciones.
El funcionario respondió a los comentarios de organizaciones nacionales e internacionales, así como a intelectuales (como Enrique y León Krauze), quienes han salido en defensa de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, Mamá Rosa, directora del albergue, contra quien existen señalamientos de los menores.
“Desgraciadamente no es el primer caso en que una institución que nos merece una opinión respetable nos decepciona. Pero que no es la opinión personal, ni del procurador ni de nadie, la que puede motivar una acción penal, sino la evidencia. Para mí las declaraciones de las víctimas tienen un peso sustancial en la averiguación y apenas llevamos 12 (testimonios de menores) y nos faltan muchísimos más”, señaló Murillo Karam.
Reiteró que el “primer sorprendido” por la magnitud del problema fue el gobierno federal, además de organizaciones nacionales e internacionales, ya que consideraban a La Gran Familia como un albergue en que se podía confiar el cuidado de los menores.
“Nos sorprendimos porque el propio gobierno, en muchas ocasiones, tanto el local como el federal, auxilió a esta organización. También tenía apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, y contaba con prestigio, como todos sabíamos; incluso la declaración de algunos respetuosos intelectuales así lo confirman”, expresó.
Evidencias
El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, dio a conocer los testimonios de seis de los 12 niños que han declarado hasta el momento.
Un víctima dijo haber sido sometida a maltratos físicos, psicológicos y sexuales por una persona a quien solo conoce como El Sito, quien la obligaba a realizarle sexo oral y la amenazaba con matarla y extraerle los órganos para venderlos en caso de que se negara.
Otro afectado narró que era golpeado con varas que ocupaban en la clase de música y cuando era castigado, lo encerraban en un cuarto al que llamaban El Pinocho, que mide apenas dos por dos metros. Ahí se dejaba a las víctimas por periodos prolongado, sin comida ni agua, y otros menores les llevaban víveres a escondidas.
Este niño también reveló que fue víctima de abusos sexuales por una persona que no fue identificada por las autoridades.
Otra niña comentó que era golpeada en las piernas con una manguera cuando no cumplía determinadas órdenes. También mencionó a un trabajador del albergue la obligaba a tener sexo a cambio dinero.
“La víctima número cuatro declaró haber sido retenida en el albergue contra su voluntad desde los 18 años; fue abusada sexualmente por uno de los administradores y, producto de este abuso, quedó embarazada, siendo golpeada por el mismo sujeto varias ocasiones para provocarle un aborto”, detalló Zerón de Lucio.
El titular de la Seido, Rodrigo Archundia, confirmó que en el operativo del martes en Michoacán fueron rescatadas 154 niñas, 278 niños, seis bebés y 159 mayores de edad.
Precisó que se tiene duda de la edad de cuatro mujeres y seis hombres, debido al alto grado de desnutrición, por lo que serán sometidos a estudios médicos.
El funcionario señaló que en las declaraciones los menores “implican a algunos” trabajadores del albergue, “pero en otros casos señalan a miembros de esta organización que los cuidaban y los defendían”.
En total hay nueve detenidos, quienes realizan su declaración en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Exámenes
La PGR comenzó a tomar muestras de ADN a los 458 niños que permanecían internados en la casa hogar para saber quiénes son sus padres.
En tanto, Rosa del Carmen Verduzco fue internada en el hospital San José de Zamora, debido a que presentó problemas de presión arterial, mientras que las otras ocho personas que laboraban en el albergue continúan declarando ante el agente del Ministerio Público federal.
A la casa hogar han llegado más de 70 padres de familia para reclamar a sus hijos. En algunos casos, dijeron, no los ven desde hace años y acusaron a la directora de arrebatárselos.
Los peritos de la PGR tomaron muestras de sangre a estas personas para confrontarlos con los practicados a los menores.
Por su parte, la Seido revisa cada una de las 50 denuncias que desde hace años se interpusieron contra la encargada del albergue e indaga si existió omisión de las autoridades municipales, estatales y federales.
Agencias
