La creación de una empresa estatal comercializadora de medicinas para la salud pública y el uso pagado de las televisoras privadas para la transmisión de clases públicas de emergencia reabren la vieja agenda de la izquierda socialista: la nacionalización de la industria químico-farmacéutica y la expropiación de Televisa por ser instancias claves en la configuración del social del ciudadano.
Esas dos demandas estuvieron en las últimas propuestas del Partido Comunista Mexicano antes de solicitar su legalización en 1978 y, de hecho, quedaron como banderas en la oposición populista. Sin embargo, de manera paulatina fueron arriadas cuando el PCM cedió su registro legal a los priístas de la Corriente Crítica de Cuauhtémoc Cárdenas para fundar el PRD con las metas del neo/pos cardenismo y no del socialismo de izquierda.
Inclusive, las dos demandas expropiatorias fueron propuesta de la primera campaña legal del PCM con registro legal en 1979 y la primera presidencial como PSUM en 1982. El funcionamiento privado de la producción y comercialización de medicinas y de las televisoras como forjadoras del pensamiento social habían sido, inclusive, cuestionadaspor grupos priístas progresistas o por funcionarios del gobierno.
Lo que pueda hacer la nueva empresa estatal comercializadora de la 4-T tendrá que someterse a los dictados del oligopolio de las medicinas y el Estado sólo usará pagando el espacio público concesionado a las televisoras privadas para uso comercial. La emergencia medicinal por el coronavirus y la necesidad de mantener funcionando el sistema educativo sin presencia en las escuelas ha vuelto a poner en la mesa de debates el funcionamiento privado o utilitario de funciones privadas concesionadas por el Estado.
En el sexenio de Echeverría hubo iniciativas para aumentar el control público sobre los negocios privados que tenían que ver con la salud pública –física y mental– de los mexicanos. Echeverría se quejó que la televisión destruía por las noches el esfuerzo educativo de las mañanas. Y el poder de las farmacéuticas impedía regulaciones que bajaran los precios y que aumentaran las disponibilidades de medicinas indispensables para la salud pública.
A lo largo de veinte meses el actual gobierno federal no ha podido romper el bloque de poder y sus influencias políticas de la industria farmacéutica, sobre todo porque muchos políticos del PRI se convirtieron en empresarios del sector y con ello fortalecieron su fuerza contra instituciones políticas donde todavía hay una representación del PRI. La Secretaría de Salud está dirigida por funcionarios que ignoran las funciones vitales del Estado con la salud de los mexicanos y sólo miden la comercialización social der las medicinas en función de presupuestos viables de corto plazo.
La televisión ha sido cuestionada por la 4-T, pero a la hora de las decisiones siempre se atraviesan las complicidades del poder o la debilidad de clase del nuevo grupo gobernante. Sin embargo, el gobierno actual no ha podido construir una televisión pública con penetración social como para marginar los recursos de la televisión privada, ni una industria de las medicinas.
Uno de los principales redactores y promotores de la agenda presidencial del Partido Comunista en 1978-1981 fue el dirigente de la Juventud Comunista del PCM y pivote del partido, Pablo Gómez Álvarez, quien ha hecho carrera legislativa representando al PCM, al PRD y ahora a Morena. Y con él una corriente del viejo PCM ha tratado de ir imponiendo algunos puntos de la agenda, aunque casi sin éxito porque el PRD era de expriístas y ahora Morena también y además carece de una propuesta programática de la izquierda ideológica.
Las condiciones para la nacionalización de la industria químico-farmacéutica y la expropiación de Televisa nunca han estado en la agenda del PRD o Morena, pero sí en los sobrevivientes del viejo PCM que andan pululando en las goteras de la política populista. La crisis en el abasto social de medicinas y la dependencia del régimen de la condescendencia de Televisa, TV Azteca y los nuevos oligopolios mediáticos cuando menos exigiría una reforma para obligarlos a apoyar labores sociales del Estado.
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