El general Ricardo Escorcia Vargas declaró a un juez federal que la Procuraduría General de la República (PGR) lo obligó a firmar testimonios falsos en los que aceptó haber participado en actividades ilícitas con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Asimismo, este diario confirmó que el general Rubén Pérez Ramírez forma parte desde hace semanas del programa de testigos colaboradores de la PGR. El divisionario está detenido, acusado de ser el enlace con otros militares de Cancún para permitir el aterrizaje de aeronaves con cargamentos de cocaína procedente de Sudamérica. Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre su paradero.
Lo anterior fue revelado por funcionarios federales relacionados con el caso, quienes señalaron que Tomás Ángeles Dauahare, el general Roberto Dawe González y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández se declararon inocentes.
Indicaron que durante la comparecencia en una sala de audiencias del penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, los militares pidieron la duplicidad del término constitucional para el desahogo de pruebas a su favor.
En la diligencia, que comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las siete de la noche, el general Ricardo Escorcia manifestó al juez tercero de distrito de procesos penales federales, Raúl Valerio Ramírez, que el personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que integró la averiguación previa en su contra lo “obligó a estampar” su firma en declaraciones que nunca realizó.
Por esa razón, explicaron, el juzgador ordenó que se le tomara una nueva declaración para conocer sobre estos hechos.
Testigo colaborador
Respecto al general Rubén Pérez Ramírez, quien tuvo a su cargo la guarnición militar de Cancún, Quintana Roo, mencionaron que dicha persona forma parte del programa de testigos colaboradores de la PGR, por lo que goza de algunos beneficios.
Sin embargo, los funcionarios federales consultados no dieron a conocer el paradero de este militar por razones de seguridad, pues sus declaraciones aportaron elementos para proceder contra el general Dawe y otras personas que supuestamente guardan relación con el crimen organizado.
De acuerdo con los testimonios rendidos por el testigo colaborador con nombre clave Jennifer, Pérez Ramírez aceptó colaborar con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, no para obtener beneficios económicos, sino para evitar problemas con la agrupación delictiva.
No obstante, en su declaración ministerial del 3 de mayo del presente año el general reconoció que en febrero de 2007 recibió una llamada del entonces coronel Roberto Dawe (hoy general brigadier), quien le refirió que “unos familiares” iban a viajar a Cancún con el propósito de vacacionar y que viera la posibilidad de gestionar un “descuento de hospedaje”.
El encargado de la guarnición militar relató al Ministerio Público federal que los visitantes dijeron que iban de parte del general Dawe y la intención era ofrecerle dinero por permitir que los elementos del Ejército en el aeropuerto de Cancún no revisaran las aeronaves con cocaína.
Ante la petición, Pérez Ramírez pidió a las personas que abandonaran su oficina “y que si eran familiares o no del general daba por concluida la plática, optando por no dar parte ni reclamar al general Dawe respecto a las personas que le mandó”.
Agencias
