Desde el plantón instalado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrantes de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, junto con el Congreso Nacional Indígena (CNI), la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio y organizaciones solidarias, exigieron la libertad absoluta de Miguel Ángel Peralta Betanzos y la cancelación de las órdenes de aprehensión que mantienen en el exilio a 14 habitantes de esa comunidad.
En un pronunciamiento, denunciaron que desde hace 12 años enfrentan una persecución judicial que, aseguran, está relacionada con la defensa del territorio, la autonomía comunitaria y el río Xangá Ndá Ge.
De acuerdo con los firmantes, el conflicto se remonta a 2014, cuando alrededor de 50 personas defensoras de la comunidad habrían sido señaladas en distintos procesos penales. Como consecuencia, sostienen, 21 personas fueron encarceladas y hasta 33 familias resultaron desplazadas, mientras que 14 habitantes permanecen en el exilio desde hace más de una década.
Los inconformes señalaron que los procedimientos judiciales se han prolongado durante años y acusaron a las autoridades de utilizar el sistema penal para debilitar la organización comunitaria y obstaculizar la defensa de los recursos naturales.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la situación jurídica de Miguel Ángel Peralta Betanzos, defensor comunitario que obtuvo un amparo el 20 de febrero de 2026, mediante una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca.
Según la comunidad, la sentencia determinó su libertad absoluta. Sin embargo, advirtieron que la resolución podría ser revisada por la Suprema Corte, luego de que la diputada local de Morena, Elisa Zepeda Lagunas, promoviera un recurso para cuestionarla.
Ante esta situación, los manifestantes solicitaron que se admita y resuelva el recurso de reclamación presentado por Peralta para impedir la revisión del amparo que obtuvo.
Asimismo, acusaron a Zepeda Lagunas y a su padre, Manuel Zepeda Cortés, de estar vinculados con la persecución judicial contra integrantes de la comunidad. Estas acusaciones forman parte de los señalamientos de los firmantes del pronunciamiento.
La comunidad también informó que el amparo contra 200 órdenes de aprehensión emitidas en 2025 quedó firme el pasado 24 de septiembre, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, desechara los recursos de revisión que buscaban impedir que la protección federal se mantuviera vigente.
De acuerdo con el documento, esta resolución protege a más de 40 personas señaladas por delitos de incendio y robo, relacionados con hechos que presuntamente ocurrieron en 2014.
Los firmantes sostuvieron que este fallo representa un avance jurídico para las personas defensoras, pero afirmaron que aún está pendiente resolver la situación de los 14 mazatecos que permanecen fuera de su comunidad.
Por ello, demandaron al fiscal general de Oaxaca y al juez mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez que atiendan la petición de cancelar las órdenes de aprehensión que, aseguran, mantienen a sus compañeros en el exilio.
Además de las demandas relacionadas con Eloxochitlán de Flores Magón, las organizaciones exigieron la liberación de Jesús Plácido Galindo, integrante del Congreso Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ); Francisco Moreno Hernández, integrante de la comunidad tseltal de Jotolá, Chiapas, detenido el 12 de febrero de 2026, y María Cruz Paz Zamora, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
Finalmente, convocaron a organizaciones sociales, colectivos y personas solidarias de México y otros países a acompañar de manera permanente su movimiento, al considerar que la organización colectiva es fundamental para enfrentar la criminalización de quienes defienden el territorio y los bienes comunes.
Entre sus principales exigencias reiteraron la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión contra los 14 exiliados mazatecos, el respeto a la resolución favorable a Miguel Ángel Peralta Betanzos y el cese de la persecución judicial contra integrantes de los pueblos indígenas.
