La manera tan inusitada de responder en una entrevista radiofónica por parte del Tesorero del Congreso del Estado de Oaxaca, Mauro Alberto Sánchez Hernández, abrió la Caja de Pandora en ese poder legislativo, porque aunque varios diputados han intentado desmentir las afirmaciones del funcionario –por cierto, su empleado-, abrió tamaño boquete en los asuntos ventilados, que podrían convertirse en nota nacional. El primer impacto mediático provocado con sus dichos el Tesorero, es el referido al destino del presupuesto asignado a la Cámara de Diputados local en este 2014, 600 millones de pesos aproximadamente, de los cuales el funcionario afirmó que se destinó el 70% a la gestión social; eso representa en números redondos, 420 millones de pesos. Si en estadística se repartiera por partes iguales –lo cual no sucede así en la realidad- le tocarían 10 millones de pesos a cada diputado, pues la Sexagésima Segunda Legislatura oaxaqueña se compone de 42 legisladores. El asunto es que aún cuando no se hayan repartido por partes iguales, el concepto central sí parece ser verdadero, según lo afirmó Mauro Alberto, y permítame decirle a Usted, amigo lector, mi estupor al enterarme de la cifra porque siempre pensé –incluso cuando colaboré en el pasado Congreso- que los diputados se dedicaban a legislar, derogar y adicionar artículos, presentar iniciativas para nuevas leyes, en fin, realizar trabajos alrededor de la Constitución de Oaxaca, pero no a promover y participar en “gestión social” invirtiendo esas cantidades de dinero, porque Mauro especificó esa “gestión” como regalar cemento, por ejemplo, entre otras cosas por el estilo. Esas actividades –las de gestión social y sus soluciones- le competen al Poder Ejecutivo, y uno puede entender la acción de un diputado ayudando a sus comunidades en agradecimiento al voto recibido, pero ahí ya no caben los plurinominales, por ejemplo, y menos aún destinar ¡70% de todo el presupuesto cameral a la “gestión social”!
AHORA SE ENTIENDE TAMBIÉN…
Las cifras reveladas por el Tesorero permiten analizar el comportamiento legislativo del presente año, pues cualquier lógica medianamente inteligente llevaría a pensar en destinar cuando menos una pequeña parte, digamos un 10% mínimo, a la gestión legislativa ¿no? Porque por otra parte, dijo Mauro Alberto que se pagan 250 asesores entre todos los diputados. ¡250 asesores ¿de qué?! Porque mire Usted, amigo lector, lo que menos ha arrojado esta legislatura son productos legislativos, y si comparamos al personal de base de la Cámara de Diputados conformado por no más de 150 trabajadores, la verdad resulta alucinante pensar en 250 asesores, quienes si se repartieron en partes iguales entre los 42 diputados, les tocarían 11 asesores a cada uno. Otro de los temas pendientes de aclarar en este rubro es la manera de pagarles a los asesores, porque todo indica la existencia de una outsourcing con la finalidad de liberar a los legisladores de relaciones laborales con quienes emplean; si estos temas se resuelven vía outsorucing, muy fácilmente se puede caer en la tentación de limpiar dinero para disponerlo en efectivo y utilizarlo en cualquier rubro que se les ocurra a los diputados, incluso embolsárselo ¿Ya se les habrá ocurrido algo así?
EL CAMBIO DE FORMATO PRESUPUESTAL
La llegada de Mauro Alberto a la Tesorería el 14 de febrero de 2015 fue a propuesta directa de la fracción parlamentaria del PAN, luego de un gran conflicto peleado con la fracción del PRD, y una de las primeras acciones del nuevo Tesorero fue cambiar el modelo de ejercer el presupuesto. Me explico. La evolución de la administración pública con los techos financieros marcó luego de varios años la necesidad de generar facturación de bienes, gastos y servicios en cada dependencia gubernamental bajo una partida presupuestal autorizada en forma anual. Luego de tener ya el techo financiero aprobado, se determinó enviar unos formatos llamados CLC para obtener el dinero de la Secretaría de Finanzas y pagar así lo ejercido o en proceso de ejercer durante cada mes, adjuntando todas las facturas y comprobaciones en trámite. Esta forma derivó del análisis durante varios años del comportamiento presupuestal en las dependencias y aún así se han producido grandes retrasos en el pago a proveedores, sobre todo. En contraposición a esta evolución administrativa, el actual Tesorero regresó al viejo formato ineficaz de pedir mensualmente la parte presupuestal que le toca al Congreso y gastarla en lo que se fuera ofreciendo cada mes, para luego de aplicado, mandar las comprobaciones a Finanzas, exactamente en el antiguo modelo de administración comprobado como ineficaz. La Secretaría de Finanzas no tuvo más remedio que aceptar la petición, pues son dineros de otro poder, el Legislativo. Hoy se habla de un boquete financiero de 25 millones promedio en adeudo a proveedores principalmente, de recursos que ya le fueron entregados al Congreso en su techo financiero, pero el dinero no llegó a proveedores por la discrecionalidad caduca planteada por Mauro Alberto.
LA DEDUCIBILIDAD FISCAL COMO ESPADA DE DAMOCLES
Otro tema revelado por el Tesorero en esa mencionada entrevista de radio fue la deducibilidad fiscal de los recursos entregados a los diputados bajo el rubro de “gestión social”, porque siendo dinero del erario público, debió haber llegado a las cuentas fiscales de los legisladores en transferencia o en cheque de la Cámara de Diputados. Esas cantidades en las que, por ejemplo, la diputada María Luisa Matus Fuentes del PRI reconoció recibir ciento quince mil pesos mensuales, significan en doce meses, un millón 380 mil pesos, cuyo IVA serían aproximadamente 109 mil pesos en el año fiscal 2014 y al menos 250 mil pesos de ISR, con lo cual si la diputada no entregó la facturación correspondiente de ese dinero, debió enterar al fisco 360 mil pesos de impuestos por ese millón 380 mil recibidos para gestión social. Lo más delicado es que eso sería en términos fiscales, pero en términos de administración pública, el Tesorero Mauro Alberto aseguró que todos los diputados van al corriente en sus comprobaciones hasta octubre de este año, lo cual debe significar los testigos y documentos que prueben el destino final de todo el dinero de “gestión social”, es decir, fotografías de cada diputado entregando material de construcción, actas de asamblea de las organizaciones o pobladores beneficiados por los diputados con ese dinero, en fin, elementos de comprobación tangible. En otras palabras, no basta la comprobación fiscal, sino también la legal que no signifique un embolso del legislador del dinero recibido. Si la comprobación de Mauro Alberto son facturas de outsourcing para justificar la entrega de dinero en efectivo a los diputados, estaríamos ante una gigantesca evasión fiscal por una parte, y desviación de recursos por la otra. Pero yo no creo que eso se esté haciendo en la Cámara de Diputados, aunque el Tesorero haya dado esos indicios ¿Usted, amigo lector, los cree capaces?
A 300 MILLONES LA INICIATIVA Y EL RECHAZO DE LOS DIPUTADOS
La respuesta de los diputados a las declaraciones de su Tesorero no se hicieron esperar y en días anteriores el legislador del PRD, Jaime Bolaños Cacho Guzmán, expresó en medios de comunicación la necesidad apremiante de realizar una auditoría a la función de Mauro Alberto Sánchez, pues él no tenía datos precisos sobre el manejo realizado con los recursos de la Cámara de Diputados durante el primer año legislativo. Aseveró también que a partir de los número dados por el Tesorero, 600 millones de pesos en el año, y reconocer haber sacado la Cámara sólo dos iniciativas en todo el período legislativo, le costó a Oaxaca 300 millones de pesos cada iniciativa: “Me da vergüenza”, dijo Bolaños, “pertenecer a la actual Legislatura ante estos resultados tan lamentables y tan caros”. A estas declaraciones, el Tesorero respondió diciendo que era “un tema político del diputado Bolaños Cacho”. Por su parte, el recién nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Félix Antonio Serrano Toledo, declaró a esta columna que desde su nombramiento el pasado 13 de noviembre como presidente de ese organismo le envió un oficio al Tesorero pidiéndole un reporte de cómo ha manejado las cuentas en este 2014, pero hasta la fecha no le ha respondido y también se pronunció por realizar una urgente auditoría y a fondo. Negó, al igual que todos los diputados entrevistados a este respecto, recibir ni por mucho las cantidades declaradas por Mauro Alberto bajo el rubro de gestión social y abundó en la necesidad de aclarar si el funcionario de la Cámara le está dando a algún diputado esos montos: “De entrada, a mí no”, remató. Finalmente, el diputado Sergio Bello Guerra del PAN, fracción responsable del nombramiento del actual Tesorero, también lamentó las declaraciones de Mauro Alberto, pues dijo: “Están desapegadas de la realidad”, toda vez que al menos a él, al diputado Bello, no le dan esos montos revelados: “¡Qué mas quisiera”, expresó el legislador blanquiazul, “recibir no esa cantidad, sino aunque sea más de lo recibido hoy para poder ayudar a tanta gente que se me acerca pidiendo apoyos”.
LO QUE VIENE
Luego de abrir tremendos hoyos a la administración del Poder Legislativo con sus declaraciones públicas, Mauro Alberto deberá ahora entregar al nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix Serrano, su nuevo jefe directo, las cuentas claras de su actuar en 2014 y si como se prevé, hay boquetes pendientes de pago y no se tiene techo financiero, Dios agarre confesado al Tesorero, pues al parecer, trae un distanciamiento con el grupo político que lo nombró, el PAN, y ahora sí “¿Quién podrá defenderlo?” Esta columna concluye con un viejo refrán dedicado a Mauro Alberto Sánchez Hernández con toda la intención de moverlo a la reflexión: “En boca cerrada no entran moscas”. Quien sabe si dure en su cargo. jaimelabc22@gmail.com
