Amar es un derecho humano, dice un lema de la organización Amnistía Internacional. Pero obligar a una persona a contraer matrimonio, “comprar” a una esposa o raptar a una pareja debe ser considerado un delito.
Así lo considera la diputada federal Olivia Guillén, quien, como parte de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, presentó una iniciativa en noviembre de 2010 para reformar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas e incluir como un delito el matrimonio forzado.
Los defensores de derechos humanos respaldan esta propuesta, pues señalan que en un matrimonio forzado la mujer se convierte en un objeto y el hombre, en su verdugo.
“Ellos se sienten con el derecho de tratarlas como esclavas y ellas, sin ver otra salida, se sienten obligadas a estar con ellos”, dice Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan.
Peor ocurre, dicen los especialistas, si quien es obligada a casarse tiene menos de 18 años de edad. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta 2009 había 130 mil matrimonios en los que estaban involucrados adolescentes de entre 12 y 16 años de edad.
Eso sucede, señala la Red por los Derechos de la Infancia, porque en casi todo el país, con excepción de Guerrero e Hidalgo, los códigos civiles permiten las uniones entre adolescentes.
Pero también existe esa práctica en las comunidades indígenas por sus usos y costumbres.
El matrimonio prematuro, dice el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), viola la Convención sobre los Derechos del Niño porque “acarrea trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia contra las víctimas”. Datos de esta organización establecen que del total de los matrimonios que se realizan cada año en México, alrededor de 600 mil, 20% corresponden a parejas de jóvenes de entre 15 y 19 años, cifra similar a la que hay en Guatemala y Paraguay y superior al promedio de América Latina que se ubica en 11.5%.
En Indonesia, por ejemplo, el promedio también es de 20%; en Egipto es de 14% y en países africanos la tasa aumenta a 75% en Mali, 59% en Nigeria y 44% en Camerún.
Incluso, en Europa los matrimonios forzados se han convertido en tema de reciente discusión, lo que llevó, en abril de 2009, a que la Asamblea Parlamentaria del Congreso europeo pidiera al comité de ministros que elaborara un Convenio para Combatir las formas más severas y extendidas de violencia contra las mujeres, lo que incluye los matrimonios forzados.
Según el informe de los legisladores europeos Actuar para combatir las violaciones de la persona humana basadas en el sexo, incluyendo los secuestros de mujeres y niñas, se estima que en Reino Unido y Suiza se realizan cada año 400 mil y 17 mil matrimonios forzados, respectivamente, y, peor aún, en Alemania, se calcula que anualmente ocurren 190 mil uniones civiles por la fuerza.
Por ello es que el congreso de este país también inició una discusión a finales del año pasado para tipificar al matrimonio forzado como delito e imponer una pena de prisión de 5 años.
Esposas compradas
Erminia y Esperanza fueron compradas para tener una vida matrimonial. Ambas son originarias de Ixtlahuaroja, en la montaña de Guerrero, donde el matrimonio forzado es una tradición ancestral que se ha transformado para pasar a ser de una unión aparentemente inofensiva a un negocio vinculado con la trata de personas.
El ahora esposo de Erminia pagó 40 mil pesos por ella y Esperanza fue comprada —por la misma cantidad— por un señor que la quería como “regalo” para su hijo sordomudo de 15 años.
Erminia tenía 15 años de edad cuando en 2008 Facundo Sánchez decidió que ella sería su esposa en caso de que su entonces pareja faltara. Esperanza tenía 14 años cuando la obligaron a vivir en pareja.
La familia de Erminia, en cuanto se enteró de la transacción —dado que ambas fueron vendidas por un señor de la comunidad donde ellas habitaban que no era su familiar—, trató de rescatar a su hija, pues además se enteraron que era víctima de abuso sexual.
Por esa razón y luego de pedir la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, el esposo de Erminia está siendo procesado por el delito de trata y actualmente está preso en el reclusorio de Tlapa de Comonfort. Sin embargo, Erminia escapó de su casa para vivir con su esposo en prisión.
“Ella sabe que la situación económica de su esposo es estable porque él estuvo trabajando en Estados Unidos y prefirió quedarse con él, aun sin el consentimiento de sus padres, yo creo que con la esperanza pues de tener una vida económica mejor porque en su familia son 10 hermanos y siempre han vivido en la pobreza”, comenta la abogada Arias, que lleva el caso.
Esperanza, asegura la defensora, regresó a su comunidad luego de ser rescatada de sus captores. Pero resultó embarazada y ahora tiene que mantener a su hijo. “Su caso es complicado porque, además de haber sido víctima de un delito, ahora se tiene que hacer cargo de un hijo y hasta ahora no cuenta con ninguna ayuda”.
Afirma que la entrega de adolescentes al matrimonio por parte de sus padres es una costumbre ancestral en las comunidades indígenas de esta entidad. Pero la tradición dictaba que la paga por una mujer era una dote que el esposo debía entregar a la familia en señal de agradecimiento. Era un ritual. Ahora, esa práctica se transformó y para mal. Los hombres de comunidades cercanas o alejadas visitan los poblados en busca de una mujer adolescente que comprar.
Una vez hecha la negociación con los padres o cualquier otro adulto, se llevan a las mujeres a sus casas, donde son vejadas y explotadas en labores domésticas y en la crianza de hijos o, en el peor de los casos, son trasladadas a otros estados o fuera del país y las meten a trabajar en burdeles, bares y cantinas para prostituirlas. Los familiares en estos casos jamás vuelven a saber de ellas, comenta Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe.
Para la legisladora federal del PRI Olivia Guillén, este es un abuso que “atenta contra la libertad que tiene una mujer para elegir y decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo, y eso debe ser un delito”.
La diputada considera que el matrimonio forzado es una modalidad de la trata de personas —penada en nuestro país— porque las víctimas están sujetas a la subordinación de un tercero, “el cual, mediante engaños, amenazas o ambas situaciones, obliga a que éstas realicen actividades que no harían si gozaran de su plena libertad”.
Guillén reconoce, sin embargo, que su persecución en tribunales sería difícil dado que las víctimas viven amenazadas y con miedo a denunciar a su “comprador”.
Para la abogada Neil Arias, el acceso a más oportunidades de educación es parte de la solución, pues asegura que, por experiencia, en las comunidades de la sierra de Guerrero las adolescentes que estudian la secundaria o más grados se niegan a ser vendidas a un hombre. “Hemos tenido casos de chicas que vienen a pedirnos ayuda, acompañadas de un maestro o de un vecino, para que platiquemos con sus padres porque ellas ya no están dispuestas a casarse en contra de su voluntad. Muchas prefieren salir de sus comunidades porque a veces sucede que los padres, al no poder hacer su voluntad, las corren de sus casas y a ellas las hemos tenido que apoyar”, relata.
Esclavas extranjeras
El matrimonio forzado también ocurre en las ciudades y con mujeres adultas, cuando un hombre se casa con una mujer extranjera, a quien maltrata, explota y amenaza constantemente para hacerles “pagar” el dinero que ellos gastan en su traslado al país y en los trámites migratorios, señala Ulloa.
La organización Sin Fronteras ha documentado algunos casos como el de Paula, una mujer originaria de Guatemala que ingresó a México en 1985 sin documentos. Ese mismo año conoció a Leonel, un mexicano con quien vivió en unión libre por más de ocho años y con quien procreó tres hijos.
En 1988 obtuvo una forma migratoria que le autorizaba permanecer en México al lado y bajo la dependencia económica de su pareja. Pero en la convivencia diaria, Paula era objeto de malos tratos por parte de su pareja y su suegra, quien constantemente la insultaba y la golpeaba si no hacía todo lo que se le pedía.
Cuando Paula se cansó de la situación y fue amenazada de alejarla de sus hijos, acudió a una agencia del Ministerio Público para denunciar a Leonel, pero como él desde el año 2000 le negó su apoyo para actualizar su documentación migratoria, las autoridades judiciales se negaron a recibirla en tanto no demostrara su estancia legal en México.
Leonel le quitó a los dos hijos mayores y Paula, con asistencia de Sin Fronteras, sigue su proceso legal y vive con su hijo menor.
De acuerdo con esta organización, las normas migratorias acentúan la problemática, ya que la documentación para demostrar su estancia legal en México es determinada en muchas ocasiones por la dependencia económica de su pareja.
Así que para la legisladora priísta Olivia Guillén y las organizaciones defensoras de derechos humanos, esta forma obligada de relación de pareja encubre prácticas que debieran estar erradicadas en las sociedades actuales: la venta de personas y la explotación sexual y laboral.
La propuesta que está a discusión en el Congreso de la Unión es que el matrimonio forzado se penalice con hasta 18 años de prisión.
El Universal
