* El titular del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de Gobernación, Enrique Irazoque, dijo en 2023 que la mayoría de asesinatos de estos se concentran en siete entidades, entre ellas: Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
* Para intentar descalificar las denuncias de complicidad de las autoridades de Guerrero con el narcotráfico del obispo Salvador Rangel y golpear a la Iglesia Católica por sus críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se le acusa de diverso sexual y adicto a las drogas.
(A la familia, compañeros y amigos del comunicador Samuel López, ejecutado el sábado en Tehuantepec. Demandamos la intervención de Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y el Comité de Protección a Periodistas, así como de la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional y Defensoría de los Derechos Humanos, para que su asesinato no quede impune como otros tantos casos. Abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz)
Para intentar sepultar la verdad, se radicaliza la estrategia genialmente perversa de matar a los mensajeros para acallar las denuncias y acusar de corruptos, divers@s, adictos o narcos a los críticos del actual régimen.
Aun cuando no es nada nueva esta diabólica maniobra gubernamental, hoy está a la vista del mundo que se ha intensificado su magnitud y dimensión para sembrar el terror y pasar de la autocracia autoritaria a la dictadura.
Para matar enemigos, a veces se usa a las bandas del crimen organizado y a los cárteles del narcotráfico y otras a las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales o a las propias fuerzas armadas.
Con el mayor cinismo maniqueo se oculta que, salvo honrosas excepciones, para acceder al poder y ser fácilmente chantajeado y obligado a cumplir consignas, es obligado ser político corrupto, pertenecer a la cofradía de la mano caída o estar vinculado al narco.
Con el secuestro y ejecución en Morelos de Roberto Figueroa, suman más de 60 periodistas asesinados y cinco más desaparecidos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador más los que se acumulen.
Para intentar descalificar las denuncias de complicidad de las autoridades de Guerrero con el narcotráfico del obispo Salvador Rangel y golpear a la Iglesia Católica por sus críticas al gobierno de López Obrador, se le acusa de diverso sexual y adicto a las drogas.
El secretario de Seguridad de Morelos negó que la desaparición del obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, en Cuernavaca, respondiera a un secuestro exprés, como informó la Fiscalía estatal.
El Almirante en retiro, José Antonio Ortiz Guarneros dijo que el obispo Rangel estuvo en realidad en un motel con otro hombre, y traía consigo pastillas tipo viagra y que había dado positivo a cocaína y benzodiacepinas.
El caso del obispo Salvador Rangel es usado en la guerra en el Gobierno de Morelos, en manos ahora de Samuel Sotelo, gobernador interino, sustituto de Cuauhtémoc Blanco, y la Fiscalía estatal, dirigida por Uriel Carmona, para golpearse entre sí.
Por otro lado, el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, informó que hay datos que obligan a investigar el móvil del asesinato de Roberto Figueroa en relación con su actividad periodística.
México es el país más peligroso sin guerra para los periodistas. El mandatario mexicano incumplió la promesa que hizo en 2018 de acabar con los homicidios contra la prensa y no hizo ninguna propuesta de reforma para proteger a los periodistas y comunicadores.
De acuerdo con los reportes de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), el presidente López Obrador ha mantenido, en cambio, un discurso agresivo y hostil contra los periodistas en sus “mañaneras”.
En 2023, el titular del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque Palazuelos, informó habían sido asesinados 58 periodistas.
Ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que la mayoría de los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos se concentran en siete entidades, entre ellas: Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
Y no falta razón al funcionario de SEGOB, pues al asesinato impune de los periodistas Gustavo Sánchez Cabrera y Heber López Vásquez, en el Istmo de Tehuantepec, se sumó el sábado la ejecución de Samuel López, locutor conocido también como “Vampiro DJ”.
En 2023, se registraron en México 561 agresiones contra periodistas, con un promedio de un ataque cada 16 horas, 200% superior al quinto año de Felipe Calderón, y 30% más que en el penúltimo año de Peña Nieto.
El informe de Artículo 19, “Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿Cambio o continuidad?“, revela que del total de agresiones contra periodistas o medios el año pasado, cinco casos fueron asesinatos de comunicadores “con un posible vínculo a su labor periodística”.
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