* Exige considerar crimen de lesa humanidad la masacre por diferencias religiosas al ser varios de los ejecutados protestantes y los agresores católicos, por crimen de odio contra las mujeres y diferencia de género, y por diferencia político-ideológica al pugnar por la apertura democrática contra los caciques.
* El contador y maestro en Fiscal, afirma que, incluso, puede tipificarse como un crimen de estado, al ser torturados por 10 horas ante la presencia de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, así como por los involucrados, como el líder político priista de Salina Cruz José Luis Vásquez Jiménez.
Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, activista del Movimiento de Acción Social y del Comité de Víctimas de la Masacre de San Mateo del Mar, rompe el silencio y revela que el probable autor intelectual es, entre otros, el influyente priista de Salina Cruz, Jose Luis Vásquez Jiménez.
“Él es uno de los azuzadores de la descomposición social y política de San Mateo del Mar y con sus incondicionales serviles en el IEEPCO destituyó en 2021 al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa, a pesar de violar el artículo 2º. Constitucional y el convenio 169 de la OIT”.
Aclara que no son institución investigadora, pero José Luis Vásquez es señalado de tráfico de personas y de huachicol. Los elementos que provocaron la masacre son el interés por conservar el control político y económico del huachicol y del tráfico ilegal de personas. “Confiamos en la investigación de la Fiscalía General del Estado”.
Exige considerar crimen de lesa humanidad la masacre por diferencias religiosas al ser varios de los ejecutados protestantes y los agresores católicos, por crimen de odio contra las mujeres y diferencia de género, y por diferencia político-ideológica, al pugnar por la apertura democrática contra los caciques.
El contador y maestro en Fiscal, afirma que la masacre del 21 de junio de 2020 puede tipificarse como crimen de estado, al ser torturadas las víctimas por 10 horas ante la presencia de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, así como por los involucrados, como el líder político priista de Salina Cruz José Luis Vásquez Jiménez.
Resalta la indiferencia de la Secretaría General de Gobierno como simple espectadora de una barbarie y su silencio cómplice porque los involucrados son sus correligionarios militantes priistas, entrevistado en Detrás de la Noticia Televisión por Regeneración Pluralidad.
Alienta su búsqueda de la verdad, justicia y castigo a los responsables para que la masacre de trece homicidios y dos feminicidios no quede impune la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo para investigar la masacre y la reparación del daño.
Al mismo tiempo, el reconocimiento de la calidad de víctimas de los ejecutados en la masacre por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, representa una victoria que les hace abrigar esperanzas, después de más de dos años de demandar justicia.
Denuncian nacional e internacionalmente la masacre para visibilizarla y que la política no sea barbarie. “Si este crimen queda impune, sentará el nefasto precedente que la barbarie es parte de la política, porque los medios realizaron un linchamiento en mí contra y de mis compañeros del MAS al endosarnos la responsabilidad de la masacre”.
En 2020, inició un largo proceso de descomposición y José Luis Vásquez jugó un papel decisivo en los medios de comunicación afines al PRI y empezaron a atacar a los operadores políticos y simpatizantes de nuestro movimiento para crear el ambiente propicio que justificara la masacre.
La noche del 3 de mayo los paramilitares al servicio de los priistas detuvieron en Huazantlán del Río, a la entrada de San Mateo del Mar, a un grupo de 20 habitantes de Laguna Santa Cruz, por y en la noche inició una cacería de brujas en Huazantlán del Río contra las mujeres activistas.
Es el caso de Rosario Guerra Salazar, quien fue sacada de su casa y la llevaron a golpes a la Agencia Municipal, donde la torturaron y violaron, al igual que a Okaz Maritza Rangel, madre soltera con dos hijas, la mayor huyó y se refugió en el cerro, y Estela Virgen Olavarri Montero.
El 4 y 5 de junio acudieron a la Vicefiscalía en Salina Cruz para interponer su denuncia, pero no les tomaron su declaración ni certificaron médicamente sus lesiones y violaciones. Los funcionarios dijeron que había “línea” política para no hacerlo, actitud que se repitió en la capital oaxaqueña.
No hubo acompañamiento de la Fiscalía del Estado, la declaración les fue tomada a la ligera y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no les otorgó medidas cautelares para prevenir otra agresión; deciden regresar y exigir la destitución del Agente Municipal que violentó sus derechos políticos, física y sexualmente.
La toma de la Agencia de Huazantlán del Río duró 30 días y el domingo 21 de junio que se festejó el Día del Padre y las y los activistas estaban con sus familias, un grupo de priistas encabezados por los paramilitares les atacaron, escoltados por la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional.
Al no poder romper el cerco para escapar, agredieron a más de 30 personas, 15 de los cuales no lograron huir, 13 hombres y dos mujeres, quienes fueron golpeados con palos y las mujeres violadas, al igual que algunos hombres, amén que fueron torturados en una jornada de 10 horas en la Agencia Municipal.
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