Tras aprobarse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya reiteró que es un gran avance porque la sociedad mexicana ya no está dispuesta a soportar la opacidad de los gobiernos y los servidores públicos que se enriquecen a costa de la pobreza del Pueblo.
Ante los diversos escándalos de corrupción que han protagonizados funcionarios públicos y hasta la familia Presidencial, el también presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República comentó que en el país hay una crisis de desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades e instituciones.
“En Oaxaca, les quiero platicar, he emprendido una lucha en contra de la corrupción que prevalece en mi estado; es una lucha donde he sido acompañado por amplios sectores y en ese sentido a mí me parece que la Ley General de Transparencia, sin duda, pretende ser un avance importante para la consolidación del derecho que deben tener las y los ciudadanos a la información y a conocer, cómo están actuando las autoridades y cómo ejercen el ejercicio de la función pública”, enfatizó.
Y es que en la entidad oaxaqueña, el congresista ha hecho lo propio al encabezar junto con organizaciones sociales la campaña “Ya Basta de Corrupción”. En este sentido, a lo largo de las últimas semanas ha denunciado penalmente ante la PGR a dos funcionarios del gobierno estatal, acusándolos con prueba en mano de enriquecimiento ilícito.
Sin duda, consideró Benjamín Robles, los alarmantes niveles de corrupción y de impunidad que privan en el Gobierno mexicano son inadmisibles porque violentan la Constitución, las Leyes y evidentemente los más elementales principios del ejercicio del Servicio Público, situación de la que aseguró la ciudadanía ya está harta.
Pese a que con esta nueva Ley se dará un paso muy importante en la materia, al cumplir con la reforma constitucional de Transparencia, Robles Montoya hizo un par de observaciones en lo que respecta a los artículos 110 y 148, referente a las lagunas que hay en cuanto al tiempo en que la información contenida dentro de las investigaciones deje de ser reservada y el qué hacer en caso de que los sujetos obligados entreguen información falsa al solicitante.
