Diana Méndez
Según Víctor Mares Ruiz, investigador de la UNAM y co creador de un informe sobre los centros de atención de adicciones en Oaxaca, más del 90% de estos centros operan de manera clandestina. Esta situación no solo pone en riesgo la salud de los pacientes, sino que también facilita graves violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de tortura y maltrato.
Señaló que, actualmente es imposible establecer con precisión cuántos centros de atención existen en el estado. En 2022, solo se registró un centro que cumplía con la normativa de salud para su operatividad. Este escaso número resalta la falta de regulación en el sector, lo que permite que la mayoría de los centros actúen al margen de la ley.
El investigador también expresó su profunda preocupación por las condiciones de vida de los internos en estos centros clandestinos. Muchos de ellos son privados de libertad y, lamentablemente, los actos de violencia han ido en aumento, llegando incluso a casos extremos de muerte. “Estas prácticas no solo son inaceptables, sino que socavan la dignidad de las personas que buscan ayuda para superar sus adicciones”, apuntó.
La falta de supervisión y regulación adecuada ha creado un entorno donde los derechos de los individuos son sistemáticamente vulnerados. Es urgente que las autoridades estatales tomen medidas para abordar esta problemática.
Víctor Mares hizo un llamado a las autoridades competentes para garantizar una regulación estricta y una supervisión efectiva de estos espacios, asegurando así la protección de los derechos de quienes buscan atención para sus adicciones.
Mencionó, que es fundamental promover la creación de centros de atención que operen bajo estándares de calidad y respeto a los derechos humanos. La atención a las adicciones debe ser un proceso digno y humano, que incluya no solo la desintoxicación, sino también el apoyo psicológico y social necesario para la reintegración de los individuos en la comunidad.
