En México hay más de 2 mil niños que viven con sus madres presas, pero en condiciones de vulnerabilidad, hacinamiento, peligro y mala alimentación, a pesar de que este año el presidente Felipe Calderón expidió el decreto que avala el derecho de dichas mujeres a mantener a sus hijos en condiciones de dignidad y seguridad.
Elena Azaola Garrido, antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México, explicó que en ese decreto se establecen las Normas Mínimas de Readaptación Social de Sentenciados con las que se “garantizan derechos fundamentales a esos niños”, como dormir en un lugar digno (actualmente lo hacen en lugares colectivos) y tener una alimentación especial.
En el artículo tercero de esta normatividad se menciona por primera vez que “las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluidos servicios de alimentación, salud y educación hasta los seis años cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia”.
En tanto, la SSP federal está obligada a que se cumplan esas condiciones en las prisiones femeniles a su cargo, lo que implica crear albergues, guarderías, escuelas o espacios educativos y, sobre todo, un lugar a salvo de cualquier amotinamiento, pleito, abuso o violación que ponga en peligro su vida.
Sin embargo, dijo la especialista, el decreto no se ha cumplido, porque “no hay recursos” y, por tanto, “no se tienen garantizados y a salvo los derechos de los niños que viven con sus madres”.
Se calcula que en las cárceles mexicanas hay 11 mil mujeres que purgan diferentes sentencias y algunas desean hacer valer el compromiso legal del gobierno federal para llevarse a sus hijos a vivir con ellas.
“Simplemente se lanzó el decreto, pero los directivos de los reclusorios dicen ‘cómo les doy atención médica y educación si carezco de presupuesto’”, dijo Azaola Garrido. “La realidad es que las instituciones penitenciarias no están recibiendo recursos adicionales para cumplir con este decreto”, añadió.
“Sabemos que los servicios médicos en las prisiones son muy deficientes. No hay servicios educativos tampoco; de hecho, la madre comparte su cama con el menor en un dormitorio colectivo y también su alimento, aunque no sea el adecuado”.
Decisión discrecional
Hasta la expedición de las Normas Mínima de Readaptación Social de Sentenciados eran las autoridades de los penales las que decidían la estancia del menor.
En algunas cárceles se permitía que las mujeres tuvieran a sus niños hasta los tres o seis años de edad, durante el periodo de lactancia de las reclusas (o solo unas semanas), pero muchas veces se les negaba cualquiera de estas posibilidades.
Azaola Garrido es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y se ha dedicado en las últimas dos décadas a realizar diversos estudios sobre mujeres en situación de cárcel.
La especialista comentó que muchas reclusas están solicitando a las autoridades penitenciarias tener a sus hijos en las cárceles. “Si consideramos que hay 11 mil mujeres, estamos hablando de que en conjunto hay 20 mil niños.
“Siempre ha habido un debate intenso sobre si los niños deben o no estar con sus madres. Hay puntos de vista opuestos, porque, desde luego, nadie considera que la cárcel sea un ambiente idóneo donde los niños crezcan y se desarrollen.
“Pero, ¿qué se hace con los niños que no tienen familiares o cuyas madres se niegan a que vayan a casas hogares?”, se pregunta. “Su destino puede ser incierto”.
En México la condición de cárcel afecta de manera distinta a la pareja. Si el padre va a prisión, es la madre la que se encarga de los cuidados de los menores.
Pero si es la mujer la que cae en esa situación las puertas
—muchas veces— se le cierran. No hay ayuda ni apoyo de la familia. “Es muy raro que los padres se hagan cargo de los hijos (…) son menores que pierden a ambos padres y a sus hermanos en caso de tenerlos, porque nadie los acoge”.
Agencias
