Diana Mendez
En México, la crisis de desaparición continúa profundizándose. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 27 de enero de 2026 se contabilizan más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia humanitaria que enfrenta el Estado mexicano.
Estos datos fueron expuestos en el marco de la presentación del informe “Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, elaborado por Amnistía Internacional, Sección México, presentado en la Biblioteca Henestrosa, con el respaldo de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca y colectivas como Consorcio Oaxaca.
El informe advierte que la crisis de desaparición está estrechamente vinculada a una crisis forense, que incluye más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar y la localización de al menos 5 mil 696 fosas clandestinas en todo el territorio nacional. Las entidades con mayor número de personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz, de acuerdo con cifras oficiales.
Frente a este escenario, el documento subraya que han sido las mujeres quienes han asumido mayoritariamente las labores de búsqueda, ante la omisión, ineficacia y falta de respuesta de las autoridades. En el país existen más de 234 colectivas de mujeres buscadoras, integradas principalmente por madres, esposas, hermanas e hijas de personas desaparecidas.
Amnistía Internacional señala que estas mujeres no solo enfrentan el dolor de la ausencia, sino también múltiples violencias, entre ellas la violencia institucional, ya que pocas veces denuncian los riesgos que enfrentan debido a la falta de confianza en las autoridades, la cooptación del crimen organizado en instancias públicas, el desconocimiento de sus derechos, así como la discriminación y revictimización al intentar acceder a la justicia.
El informe documenta que muchas mujeres buscadoras se han visto obligadas a adentrarse en centros de detención, zonas controladas por el crimen organizado, terrenos baldíos y fosas clandestinas, e incluso a cruzar fronteras y recorrer rutas migratorias con la esperanza de localizar a sus seres queridos.
Para llevar a cabo estas tareas, las buscadoras han tenido que formarse por cuenta propia en áreas como legislación, excavación de fosas, identificación y análisis de restos humanos, así como en el acompañamiento psicosocial a otras familias afectadas.
Amnistía Internacional reiteró que la obligación de buscar, investigar y garantizar verdad, justicia y reparación recae en el Estado mexicano, y urgió a las autoridades a adoptar medidas efectivas de protección para las mujeres buscadoras, así como a fortalecer las instituciones encargadas de atender la crisis de desaparición en el país.
