El llamado pago por “derecho de piso”, era hasta algunos meses una práctica común de bandas de delincuenciales, principalmente en el norte del país, sin embargo un informe realizado durante el primer semestre de 2011, por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, indica que al menos mil quinientos vendedores ambulantes son víctimas de esta actividad ilegal.
De acuerdo a dicha investigación, realizada por un equipo especial de inteligencia, con elementos que no pertenecen a las corporaciones estatales, se pudo determinar que bandas organizadas e incluso el crimen organizado amenazan y extorsionan a vendedores ambulantes sobre todo aquellos que venden productos “fayuca”.
Sin embargo, los principales blancos de los delincuentes son aquellos que vende discos “piratas”, ya sea de audio o de video, todos ellos, según el informe tienen que aportar una cantidad de dinero quincenalmente para poder trabajar ya sea en la vía pública, tianguis o plazas comerciales.
Los montos a pagar van desde los 5 mil pesos hasta los 10 mil dependiendo la zona de venta, siendo el pago más alto aquellos que vende películas piratas en los diversos tianguis que se instalan durante la semana, el más importante hasta el momento es el del parque Juárez el Llano.
Partiendo que una película precio de costo tiene un precio de 5 pesos y que se expenden hasta en 20 por unidad o 3 por 50 pesos, la ganancia es superior al 500 por ciento y eso lo saben los delincuentes por lo que dichas cantidades aún pueden ser amortizadas por los vendedores.
De acuerdo con la SSPE, existen zonas especificas, como las Trujano, Las Casas y adyacentes al Mercado de Abasto, Díaz Ordaz, Miguel Cabrera entre otras donde las cuotas oscilan entre los 7 a 10 mil pesos quincenales, en los tianguis el costo general es de 10 mil pesos, en centros comerciales es de 5 mil.
Casos documentados indican que un grupo de personas, normalmente armadas contacta al vendedor ambulante a quien “convencen” de aportar voluntariamente dicha cantidad, so pena de que su mercancía sea robada o que le pueda ocurrir un accidente, en el 90 por ciento de los casos acceden.
Debido a la naturaleza de las amenazas no existe una sola denuncia formal ante autoridad alguna, todo se maneja de “oídas” o como un secreto a voces, incluso se sabe que al menos son 5 grupos los que controlan dicho mercado de “venta de suelo”, tampoco se tiene un dato exacto de cuánto dinero se mueve, pero se habla de cerca de 10 millones de pesos al mes.
La misma autoridad determinó que parte del problema es aquel ciudadano que compra una película o disco pirata, porque genera un recurso tanto para el vendedor, como para las bandas que se dedican a vender el derecho de piso e incluso protección ante las autoridades.
Hasta el momento solamente la autoridad federal es la que se dedica a realizar operativos de aseguramiento de este tipo de productos, donde extrañamente nunca o pocas veces ha detenidos, pero a tercer día nuevamente aparece el puesto en el mismo lugar y con nuevo producto.
Por su parte las autoridades han catalogado en diversas variantes este tipo de delito de la siguiente manera:
Extorsión.- Los delincuentes fijan el pago exigido a la víctima sin considerar su profesión, ocupación o condición social. Se produce casi siempre una sola vez contra un empresario, comerciante, profesionista, empleados, amas de casa y casi cualquier persona.
Derecho de piso.- Las víctimas son comerciantes semifijos o ambulantes, en especial tianguistas que pueden dedicarse a la venta de mercancía legal o a la “piratería”. Se prolonga indefinidamente en el tiempo.
Venta de protección.- Grupos criminales hacen víctima a comercios, restaurantes, empresas en forma permanente. Siempre se hace bajo un promedio. Incluso, llegan a quedarse con la propiedad de los negocios si resulta rentable para ellos, para lo cual cuentan con notarios, contadores y abogados.
Derecho de piso o venta de protección.- Tienen la particularidad de que la víctima no puede acudir a la Policía, pues ésta tiene nexos o relaciones con la delincuencia y el peligro de denunciar es mayor que el de pagar.
Daños.- El Estado pierde autoridad al no cumplir con su obligación de proteger a los ciudadanos y se ve suplantado en su función de recaudar impuestos para sus fines.
Beneficios a la delincuencia.- Los ingresos que obtiene la delincuencia por esta ilícita actividad les permite principalmente cubrir gastos de mantenimiento de sus “ejércitos de sicarios” y pagos a policías corruptos.
Finalmente ante la situación, las autoridades siguen insistiendo en que al ser víctima de alguna de estas prácticas, sean denunciadas ante la Fiscalía de delitos de Alto Impacto, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, donde existe la figura de la denuncia anónima.
