El debate sobre el consumo de marihuana se dará en un triple escenario:
1.- Los ministros de la Primera Sala que aprobaron el amparo estaban concientes de que comenzaron al revés: primero la autorización para sembrarla, de tal manera que se generaría presión para autorizar después su consumo.
2.- Los mismos ministros violaron el derecho humano a la salud porque votaron a favor de la siembra de marihuana considerándola una droga que daña la salud. El Estado tiene la obligación coercitiva de proteger la salud de los ciudadanos.
3.- El consumo de marihuana ha aumentado en México a partir de una menor vigilancia coercitiva y del debate que promueve el argumento de que no es dañina. Los datos varían pero la encuesta nacional de adicciones 2011 reveló que el consumo de marihuana se duplicó al pasar de 0.6% de la población en el 2002 a 1.2% en el 2011. Sin embargo, los Centros de Integración Juvenil revelan aumento de 15% en el consumo de marihuana en jóvenes.
El debate sobre la marihuana se ha minimizado con argumentos no científicos ni comprobables: que su uso no causa adicción, que tiene efectos medicinales y que es casi igual al del alcohol o el tabaco. Sin embargo, en los Centros de Integración Juvenil hay datos científicos que revelan que los consumidores jóvenes por razones lúdicas o de recreación tienen historial de delincuencia, violencia intrafamiliar, maltrato y deterioros graves de salud.
En este contexto debe repetirse la afirmación del ministro Arturo Zaldívar que redactó el proyecto de amparo para sembrar marihuana: “¡por supuesto, la marihuana es una droga, no es inocua, genera daños!” Pero sin presentar pruebas, el ministro afirmó que los daños que provoca la marihuana no justifican prohibición absoluta.
El problema es de definición del derecho: individual o social, el primero permite abusos en la persona para sí mismos y el segundo protege a la sociedad. El aumento en producción, comercialización y consumo de marihuana aumentará el porcentaje de ciudadanos dañados por la droga con efectos colaterales en la sociedad. Ahí es donde el Estado tiene una función coercitiva de protección del bienestar de la sociedad aún cuando ésta quiera drogarse.
El derecho es protector de derechos individuales y tutelar de derechos sociales. En una conferencia pronunciada en el 2000, la ministra Olga Sánchez Cordero citó un argumento de José Francisco Ruiz Massieu como subsecretario de Salud: “los derechos individuales imponen al Estado una obligación de no hacer (…) en tanto que los derechos sociales conllevan obligaciones de hacer para el Estado, (…) el Estado debe generar las condiciones necesarias para que el derecho social pueda ejercerse”.
El derecho a la salud fue violado como derecho social y derecho humano por los ministros de la Primera Sala de la Corte. La ley general de salud precisa cuatro de las siete finalidades de la función del Estado al proteger la salud y que se dañarían con el consumo de marihuana:
- El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;
- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.
Sólo para sus ojos:
- Como una de las últimas entidades en ser afectada por el clima de violencia criminal, Baja California Sur dio pasos muy adelantados para enfrentarlo y vacunarse contra los efectos sociales de la delincuencia. En días pasados estuvo en la entidad una misión de alto nivel operativo del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de EE.UU.
- Encabezados por la directora de Programas Internacionales de la Sección de Asuntos Anti-Narcóticos y Aplicación de la Ley para México, Marcia Friedman, y de la directora de Coordinación Operativa del Sistema Nacional de Seguridad de México, Helem Mayorga Contreras, el gabinete de seguridad del gobierno estatal de Carlos Mendoza Davis dio un paso adelante para consolidar políticas y acciones de seguridad.
- La reunión en BCS fue significativa por la presencia bilateral: En la reunión estuvieron Donald Thornhill y Richard Cañas, asesores de la policía de la división de asuntos anti-narcóticos; Bruce Hintz, subdirector del Programa Internacional de Formación de Investigaciones Criminales de Asistencia para México; y Orlando Ybarra, asesor del grupo de Amenazas a la Seguridad del Grupo Penitenciario de Asuntos Anti-narcóticos para México, así como los representantes en el estado de la SEDENA, SEMAR, PGR, PF, CISEN y todas las autoridades estatales encargadas de la seguridad.
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