Pese a la decisión de la juez Blanca Lobo de suspender provisionalmente la exhibición de Presunto culpable en las salas de cine, el documental se mantendrá en cartelera hasta que sus distribuidores y realizadores no reciban una orden judicial en la que se puntualice que deba ser retirada.
En tanto la cadena de cine que distribuye el documental puntualizó que no modificará o editará la obra fílmica para evitar mostrar el rostro del testigo Víctor Daniel Reyes Bravo, quien solicitó el amparo ante el juzgado número 12, por considerar que su imagen ha sido exhibida sin su autorización.
“No es una censura en el sentido tradicional, no hemos utilizado la palabra ‘censura’, sólo que nos parece sospechoso e indignante que de repente surja una orden de suspensión provisional de la autorización para exhibir la película”, comentó Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, cadena que distribuye el documental.
Víctor Daniel Reyes Bravo, quien aparece en el documental como el único testigo que señaló a Antonio Zúñiga como asesino, argumentó ante el juzgado número 12 que su imagen ha sido expuesta a través del documental sin su permiso; a lo que Alejandro Ramírez calificó este acto como “sospechoso” y lo considera una campaña en contra de la cinta.
“No quisiera hacer una teoría de conspiración, pero me parece sospechoso que de pronto surja este juicio de amparo por parte de una persona que entiendo está detenida. Más allá de los argumentos que se puedan esgrimir en cuanto a los derechos de imagen del testigo que aparece en el documental, existe una campaña para evitar la exhibición de la película e impedir que más mexicanos sean testigos de este poderoso documento”, aseguró Ramírez.
“Nos parece por demás irónico que una película que transparenta los vicios e ineficiencias del sistema de justicia, ahora sea víctima de ese mismo sistema que, a todas luces, es disfuncional. Con la orden de suspensión girada ayer (miércoles), se hace evidente que cohartar la libertad de expresión no es el camino adecuado”, añadió el directivo y distribuidor de la cinta producida por los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete.
Conforme a ley, se establece que se tiene un lapso de 24 horas antes de que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía (RTC), haga llegar la orden girada por la juez a los distribuidores para no exhibir el documental.
Aunque Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de Segob, comentó que se conducirán con apego a derecho, considera que los argumentos emitidos por la juez “carecen de claridad”, por lo que le pedirán una explicación sobre su decisión, antes de notificar a Cinépolis de la suspensión provisional. Y mientras ésta no llegue a su destino, la cinta permanecerá en cartelera.
“Si se nos gira una orden, la tendremos que acatar, pero si existe un recurso legal para evitar la suspensión, la agotaremos. Nuestra esperanza es llevarla a todo el país, ese era el plan desde el principio”, dijo Alejandro Ramírez.
Tanto el distribuidor como los realizadores desconocen si el testigo busca algún beneficio personal.
“Ignoro si el testigo quiere regalías, nosotros estamos haciendo la distribución en Pro-bono desde el inicio, siempre se plasmó que cualquier ganancia llegaría a la Fundación Renace, que se dedica a apoyar a personas que no tienen recursos para una defensa o abogado”, explicó Ramírez.
“No he tenido oportunidad de platicar con Roberto y Layda sobre las posibles razones del testigo, pero a mí, honestamente, me sorprende mucho este amparo, me sorprende que este chavo se haya organizado de tal forma, pero tengo entendido que está detenido, de hecho, se comentó la semana pasada en un programa que él está detenido, así que no sé si su motivación sea generar ruido, no lo sé y no quiero especular”, concluyó.
Los datos
Según aprecia Cinépolis, es la primera ocasión en la que se busca frenar la distribución de una cinta, por lo tanto no hay precedentes que validen el amparo, sobre todo cuando se considera constitucional que las audiencias son de índole pública.
Anteriormente hubo otra promoción de juicio de amparo, promovida por los familiares de la persona que supuestamente fue asesinada por Antonio Zúñiga; sin embargo, el juez negó la suspensión provisional.
Hasta el momento, Presunto culpable ha generado más de 22 millones de pesos en taquilla, posicionándolo como una de las más vistas en la historia del cine mexicano, lo cual llena de orgullo a sus realizadores y a Cinépolis.
Se estrenó con 120 copias y debido a la demanda del público, se sumaron 70 copias más.
Antes de conocer sobre el amparo, la cadena de cine estaba en proceso de incrementar el número, pero con tal noticia no saben qué procederá.
El director de Cinépolis considera que Presunto Culpable es un documento valioso con el que se demuestra que la sociedad sí puede generar cambios y presión ante el poder con la intención de modificar algún problema que perjudique a la sociedad.
Milenio
