El proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad para implementar el mando único no constituye un cambio de fondo a la política de seguridad pública en nuestro país, toda vez que se preservan los mismos esquemas de control de confianza que probadamente han fracasado, así como la perspectiva eminentemente policiaca de la seguridad y la cerrazón de las instituciones de seguridad a la ciudadanía, consideró hoy el Senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya.
El legislador federal subrayó que el proyecto de reforma constitucional, que empezará a discutirse en el Senado de la República a partir de este lunes, no plantea mecanismos de control y contraloría ciudadana que, a su juicio, tanta falta les hace a las instituciones de seguridad pública.
En ese sentido, apuntó que al Consejo Consultivo ciudadano, que se plantea crear como parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, no se le otorgan facultades de contraloría respecto a las instituciones policiales, por lo que no constituye un verdadero mecanismo de supervisión ciudadana a las policías.
“Todo lo anterior garantiza la subsistencia de fenómenos como la corrupción, la colusión con la delincuencia y la práctica de la tortura al seno de las instituciones policiales”, señaló.
Para el legislador por Oaxaca la apertura de las instituciones policiales al control ciudadano es un tema que debería ocupar un lugar central en la discusión de la reforma; sin embargo, señaló que no parece haber una verdadera voluntad del Gobierno Federal y de los Gobernadores para abrirlas a los ciudadanos, pues prefieren seguir controlándolas como si fueran un instrumento de control social.
“Esta cerrazón de las instituciones policiales provocará que sigan estando alejadas y tengan la desconfianza de los ciudadanos”, enfatizó.
Otra de las preocupaciones que reviste el proyecto es que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expuso, se vuelve una suerte de “súper secretario”, pues se le otorgan facultades amplísimas que incluyen asumir de oficio el control de cualquier institución de seguridad pública del país y determinar las condiciones en que lo hará.
Sin embargo, el principal problema en este punto, mencionó, es que en los hechos, el Ejecutivo Federal tendrá bajo su control a este súper Secretario Ejecutivo, pues a pesar de requerir la aprobación del Senado para su nombramiento, el Presidente de la República lo podrá remover libremente, por lo que previsiblemente el Secretario responderá a los intereses del Ejecutivo en aras de no ser destituido.
“Ello garantizará que continuemos viendo el uso político de la seguridad y los grandes perjudicados serán los ciudadanos”, apuntó.
Robles Montoya se pronunció también por la creación de un instituto autónomo de servicios periciales, que permita separar dichos servicios de la estructura de las procuradurías y fiscalías, en aras de lograr su profesionalización y romper los esquemas de complicidad con policías y Agentes del Ministerio Público.
El legislador aseguró que llevará estos planteamientos a la Tribuna del Senado de la República, en busca de modificar el proyecto y logar una verdadera reforma de fondo en materia de seguridad.
