Piensa mal y acertarás, enseña Maquiavelo en El Príncipe. Es indispensable partir de esta premisa como hipótesis de trabajo para intentar explicar el nuevo brote violento de la reedición de la revuelta impulsada por Manuel Andrés López Obrador, a través de Morena y de la CNTE.
Después del enfrentamiento contra el PRI de Pepe Meade, promovido en Puerto Escondido por candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional y de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, MALO volvió a “soltar el tigre” en Ciudad Judicial.
Para ello, utilizó, ahora, a los activistas y milicianos de Santo Domingo Teojomulco, quienes con estrategia y tácticas guerrilleras aplicadas por los elementos de su Policía Comunitaria retuvieron ilegalmente por doce horas a más de dos mil trabajadores en el complejo de Ciudad Judicial.
En el fallido intento por “reventar” la gira proselitista del candidato presidencial del PRI, PVEM, Panal, Pepe Meade, apareció la mano negra del candidato plurinominal de MORENA, Irán Santiago Manuel, dirigente de “Los Pozoleros” de la Sección XXII de la CNTE y ex Auxiliar de la Comisión de Pagos, vinculado al titular de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña.
En el ataque a los trabajadores del complejo de Ciudad Judicial, aparece la mano negra del presidente del Consejo para el Desarrollo de los Pueblos de Oaxaca (CDEPO), Daniel Gutiérrez, candidato a diputado federal por el X Distrito, integrado por municipios de la Sierra Sur con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Los inconformes son asesorados, también, por el candidato a diputado local de MORENA, Emigdio López Avendaño, quien se desempeñó en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo como subsecretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Alimentación (SEDAFPA), cuando Salomón Jara Cruz, era saqueador de esa dependencia.
Sin embargo, ahora, hay dos elementos más sumamente preocupantes, la presencia real del narcotráfico y la guerrilla en la Sierra Sur. En este último caso existente desde la década de los 70. No hay que olvidar que los guerrilleros del PROCUP que ejecutaron al Secretario General de la UABJO, Carlos Hernández Chavarría, eran de Chaneque Verde, Santiago Textitlán.
Al igual que en el enfrentamiento en Puerto Escondido, la retención y agresión a los trabajadores del complejo de Ciudad Judicial, fue una nueva trampa tendida al gobernador Alejandro Murat en una especie de carambola de tres bandas contra Héctor Anuar Mafud y Raúl Bolaños Cacho Guzmán.
Como Secretario General de Gobierno, el primero, es responsable de la política interior del Estado y, consecuentemente, de la gobernanza y gobernabilidad de Oaxaca, y el segundo, directo responsable del proceso instruido en contra de dos policías comunitarios de Teojomulco, acusados de homicidio.
El tres veces Secretario General de Gobierno y ex magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia está obligado a ser respetuoso de la división de poderes entre el Ejecutivo y Judicial, pero esta actitud republicana le llevó a cometer un error de cálculo al esperar que el Poder Judicial cumpliera con sus obligaciones sin que lo hiciera y atendiera el reclamo de Teojomulco.
Ello no quiere decir, de ninguna manera, que el magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, se comprometiera a liberar de inmediato a los policías comunitarios Miguel Roque Osorio y Fortunato Osorio, detenidos en 2013 por el homicidio de Mauro López, detenido por ebrio escandaloso.
El juez penal correspondiente, sentenció a 35 años de cárcel a los hermanos Miguel y Fortunato Roque Osorio, por lo que el abogado apeló a la determinación, sin embargo, los magistrados de la Tercera Penal del Tribunal Superior de Justicia han dilatado la resolución final, rebasando así el tiempo procesal, lo que no ocurrió con la reposición del caso del médico Luis Alberto Pérez Méndez por el probable homicidio doloso del niño Edward Luna Trujillo.
¿Quién o quienes sabían o “filtraron” desde el propio Gobierno del Estado que una comisión de altos funcionarios del Banco Mundial se reunirían el miércoles en Ciudad Judicial? ¿Quién o quienes sabían que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa estaba ausente de Oaxaca?
Además de sus 18 largos años de campaña, con probable financiamiento del narcotráfico como se ha denunciado documentadamente por diversos medios de comunicación y PejeLeaks, el éxito de Manuel Andrés López Obrador ha radica en capitalizar a su favor el Estado fallido en México.
Es innegable que el PRI-gobierno, fue el primero en mandar “al diablo las instituciones”, pues MALO, como priista autoritario de viejo cuño, también lo hace, a través del Movimiento de Regeneración Nacional y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
El candidato presidencial vitalicio de la izquierda populista capitaliza a su favor, asimismo, la estructura burocrática heredada a Alejandro Murat por sus aliados y cómplices Gabino Cué Monteagudo, Jorge Enrique Castillo Díaz y Ángel Benjamín Robles Montoya.
Los gabinistas infiltrados en los altos mandos y mandos medios en el gobierno de Alejandro Murat sabotean permanentemente los planes, programas y acciones de éste aprovechando, sobre todo, la ineptitud y desconocimiento de Oaxaca de sus amigos y colaboradores más cercanos, motejados como “yupis”.
De esta manera, desde esos altos mandos y mandos medios, ubicados en secretarías y dependencias, estratégicas, se traiciona cotidianamente al gobernador Alejandro Murat, a partir de las ambiciones despertadas en los gabinistas por el supuesto triunfo inevitable de MALO y Morena.
Que el Estado mexicano, siga en deuda con los pueblos indígenas no justifica la violencia. La deuda histórica es más grande aún con los oaxaqueños, que reúne casi la cuarta parte de grupos y pueblos indígenas del país, dieciséis; y que reúne también la mayor superficie de propiedad comunal indígena.
En otras palabras, Oaxaca es la versión postmoderna de la Torre de Babel en la que es más que difícil debatir el complejo tema de los territorios indígenas en el que prácticamente dos tercios del territorio de Oaxaca son territorios indígenas comunales de lo que se aprovecha Manuel Andrés López Obrador, Morena, la CNTE y las organizaciones sociales como Comuna.
Muy ilustrativa resulta la investigación del doctor en sociología Jaime Bailón Corres sobre la masacre de Xochiltepec supuestamente por la disputa por límites agrarios, con saldo sangriento de 26 campesinos masacrados con armas de alto poder por un comando encapuchado, en el paraje conocido Agua Fría, el 31 de mayo de 2002.
La lucha histórica por la tierra entre Santo Domingo Teojomulco y Santiago Xochiltepec, se agravó por los siguientes elementos: a) la escasa atención histórica del gobierno federal y del gobierno local a esta difícil región; b) la falta de determinación para definir una política de corte nacional y estatal que resuelva de una vez por todas los conflictos por límites; c) la disputa por permisos de aprovechamiento forestal y la falta de oficio político de los funcionarios del área; d) la existencia de vacíos de las instituciones de los gobiernos federales y estatales en la región, lo que ha llevado a que Organizaciones no Gubernamentales, grupos y sectas religiosas, católicos y protestantes, partidos políticos, representantes del magisterio democrático y seguramente cuadros de la
guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR), hayan participado de las demandas de estos pueblos olvidados; e) el narcotráfico, quizás no como actividad organizada, sino en la pequeña escala de la economía familiar puede también estar presente; f) la falta de detección de los focos rojos por parte de la delegación regional de gobierno, entidad intermedia (que funciona como instancia de operación política precisamente en ese sentido, el de apagar los posible fuegos políticos que se gesten en las regiones, mismos que se anticipaban en oficios recibidos semanas anteriores por el gobierno del estado)206; g) la incapacidad del gobierno del estado, como instancia global del control político regional para actuar a tiempo; h)una tradicional atracción de los hombres de la montaña por la posesión de armas de fuego como resguardo por sus conflictos vecinales; y i) la revancha por supuestas o reales ejecuciones de personas de la comunidad supuestamente agresora. Habría que agregar una grave omisión del gobierno del estado de José Murat en el año de masacre de los 26 campesinos de Xochiltepec por parte de sus vecinos de Teojomulco, con los que se disputaban la tierra: el desmantelamiento de Bases de Operaciones Mixtas en la región (que conjuga fuerzas policíacas y militares), instaladas desde años antes
a raíz de la irrupción del EPR en Oaxaca.
Todos los anteriores aspectos se conjugaron para configurar la masacre. Sin embargo, la base estructural que desencadena el asunto es de corte agrario. Su falta de resolución por parte del Estado mexicano se expresa como conductas no sólo etnocidas, sino quizás genocidas.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
