* La simulación política en general y, en particular la de algunas supuestas defensoras de los derechos humanos, hace mucho daño a los auténticos reclamos de justicia y respeto a los derechos humanos de las mujeres violadas, agredidas y asesinadas.
* Prueban este señalamiento el caso de la niña Wendy, violada, que dio a luz el día que cumplió 11 años, a finales de abril en el Hospital General Aurelio Valdivieso, y el doble feminicidio de madre e hija, ocurrido este 2 de mayo en San Francisco Tutla.
Tras tomar por asalto el poder de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) con Arturo de Jesús Peimbert Calvo y Flavio Sosa Villavicencio, algunas feministas solo exigen justicia hipócritamente en casos de feminicidios de activistas.
En los casos de violencia contra las mujeres, violaciones, asesinatos y feminicidios de mujeres no activistas de organizaciones feministas supuestas defensoras de los derechos humanos muy explicablemente guardan silencio cómplice, porque su lucha es ideológicamente interesada.
Y ello no ocurre exclusivamente en la mártir Oaxaca. L@s farsantes proliferan a lo largo y ancho de la República Mexicana como hongos en época de lluvias. Han prostituido la defensa de los derechos humanos por dinero y posiciones políticas.
Son la quinta columna, cómplices de los imperios que se disputan el control del poder global y utilizan la supuesta defensa de los derechos humanos como cabeza de playa y caballo de Troya contra los gobiernos del Estado mexicano.
A estas hipócritas farsantes no importa, en realidad, la violación de los derechos fundamentales del pueblo bueno y sabio. Están dedicadas a proteger los probables delitos cometidos por activistas, agitadores y subversivos de organizaciones radicales.
Para no ir tan lejos por ejemplos claros y concretos, dos hechos prueban fehacientemente este señalamiento: El caso de la niña, violada, que dio a luz el día que cumplió 11 años a finales de abril, en el Hospital General Aurelio Valdivieso.
El otro caso es el doble feminicidio de madre e hija, ocurrido este 2 de mayo en San Francisco Tutla. ¿Y la tronante y enérgica voz de las feministas? ¿Por qué guardan silencio cómplice ante crimen tan despreciable?
¿Dónde está la denuncia pública y enérgica exigencia de justicia como en otros casos de Yésica Sánchez Maya, dirigente de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, quien buscó ser titular de la Defensoría de los Derechos Humanos?
Y la denuncia del espacio civil de Oaxaca que apoyan a Yésica como Calpulli, Centro de Acompañamiento al Migrante, Centro de Derechos Humanos “Tepeyac”, Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas, Colectivo Mujer Nueva.
Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Colectivo Si no están ellas no estamos todas, Comité de Familiares y Amigos de Damián Gallardo Martínez, Centro para los Derechos de la Mujer Naaxwiin, Diversidades.
A ellas se sumaron Escuela para la Libertad de las Mujeres, Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, Espiral por la Vida, Fundación Manos en Acción, Herramientas para el Bienvivir,
Red Chimalli por los derechos de Todas y Todos.
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Oaxaca, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Oaxaca (DDESER ikoots), Servicios para una Educación Alternativa, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca SURCO y Tianguis Indígena.
La razón y explicación es muy simple y sencilla. L@s dirigentes e integrantes feministas de organizaciones supuestamente defensoras de los derechos humanos están dedicadas a denunciar solo los feminicidios de activistas.
La denuncia interesada de los feminicidios de sus activistas es, a nuestro juicio, evidentemente de mala leche. Únicamente les mueve el protagonismo político para presionar y chantajear a las autoridades de la Fiscalía General y del Gobierno del Estado.
El bebé de la niña nació por cesárea, pesó tres kilos y no se reportaron complicaciones durante el parto, refirió el reporte médico de los Servicios de Salud de Oaxaca. El alumbramiento ocurrió el martes 16 de abril cuando ingresó al hospital. La menor llegó acompañada por una funcionaria del DIF. En esa misma fecha cumplió 11 años de vida.
Ambos menores de edad fueron dados de alta y reinstalados en la casa hogar del DIF que, junto con la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Oaxaca (Prodennao), resguarda a la víctima desde el octavo mes de embarazo y da seguimiento a la carpeta de investigación por el probable delito de abuso sexual y violación.
La estudiante de quinto año de primaria afirma que volverá a la escuela y a su casa con su madre y dos hermanos -de 9 y 5 años, respectivamente, debido a que actualmente se encuentra bajo custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde hace un mes.
La Prodennao está facultada para denunciar ante el Ministerio Público dentro de las siguientes 24 horas de las que se tenga conocimiento de aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito, además de solicitar la imposición de medidas urgentes de protección especial cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de los infantes y adolescentes.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) en su informe ‘Embarazo infantil forzado en México: cada niña cuenta’ revela que en Oaxaca entre 2017 y 2018 hubo 1,511 niñas embarazadas.
En el año pasado en el país, 10,280 niñas y adolescentes, de 10 a 14 años, se convirtieron en madres; lo que indica que en México a diario nacen 28 bebés producto de embarazo infantil forzado o presunta violación.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), agrupación participante en la campaña #NiñasNoMadres, cuatro de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 15 años.
En el 60 por ciento de los casos los agresores resultan ser familiares o personas conocidas, detalló la organización que también documentó que entre 2009 y 2016 se recibieron 111,000 413 denuncias por violación en el territorio nacional. Sin embargo, el sistema de Salud sólo reportó 63 abortos legales por la causal violación, vigente en todo el país. La Norma Oficial Mexicana 046 establece que:
“En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada”.
@efektoaguila
