Hace dos años y medio la pelea por la Gubernatura de Oaxaca se iniciaba. Los partidos afinaban las listas de precandidatos y la arrebatiña por llegar a ser candidato se intensificaba. Fue un proceso accidentado, toda vez que uno de los aspirantes no cumplía con los requisitos que marcaba la Constitución Local; varios más no recomendables por estar señalados por actos de corrupción e impunidad.
En consecuencia, aspirantes descalificados, por una u otra causa, para aspirar a gobernar un estado controvertido y difícil como Oaxaca.
El partido en el poder, hasta ahora, tuvo que recurrir a los viejos trucos y trampas, a fin de sacar adelante la candidatura de sus aspirantes. Incluso, se violó y modificó la Constitución Local por la Cámara de Diputados y se recurrió al apoyo de ministros de la Suprema Corte de Justicia, para sacar adelante una candidatura que no reunía los requisitos de ley, —las fotografías de los diarios de aquellos días lo confirmaron—. Afortunadamente, la SCJN no cedió ante dichas presiones, sin embargo poco más de seis meses después, el Tribunal Electoral avaló el pisoteo a las Leyes Locales al aceptar un candidato que no cumplía los requisitos mínimos de ley.
El TEPJF esta integrado al poder judicial del país y es la institución a la cual se recurre para reclamar justicia en temas electorales, en última instancia, cuando las alternativas se han agotado; pero cuando algunos de sus miembros que la integran ceden a presiones políticas la institución se debilita y se coloca en duda y da paso a la incredulidad. “Al diablo las instituciones” afirmó ya saben quien.
El tiempo ha pasado, casi dos años de aquel episodio político forzado; y la situación presente del estado evidencia que los reclamos de aquel tiempo, en el sentido de respetar la Constitución Local, fueron acertados y que los magistrados de la TEPJF que aprobaron la candidatura no actuaron con justicia.
El manchón jurídico—político de hace dos años evidenció que las viejas prácticas políticas del “si pierdo arrebato” continúan sin que nada suceda, excepto la protesta airada que se lleva el viento.
Hoy, la trapacería judicial reaparece causando vergüenza y preocupación por la violación a la Ley Federal Electoral que cometió el Tribunal Federal Electoral al incluir en la boleta a Jaime Rodríguez “el Bronco”, echando abajo la decisión del Instituto Nacional Electoral e ignorando las falsificaciones y alteraciones de credenciales.
La decisión tomada por cuatro magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pone en duda la imparcialidad de magistrados que actuaron torciendo la ley.
¿Como justificar y hacer valer que aspirantes a candidaturas hayan falsificado firmas de electores cientos de miles de veces; incluso, de electores ya fallecidos?
¿De que sirvió el gasto de la nación para crear instituciones electorales que diseñaran sistemas modernos de elección, a efecto de continuar edificando la incipiente democracia mexicana, si un grupo de magistrados como Felipe Fuentes Barrera, Idalfer Infante, Monica Soto Fregoso y Jose Luis Vargas lastiman el trabajo del Instituto Nacional Electoral, y el de la dirección judicial honesta de la presidenta del propio Tribunal Federal Electoral, Janine Otálora, y el de los tres magistrados, Felipe de la Mata y Reyes Rodriguez Mondragón que votaron en contra del golpe electoral dado por la cúpula del poder y la mayoría de cuatro que integran el propio Tribunal Federal Electoral.
Golpe de poder que no ayuda al sistema político mexicano y, mucho menos, a la jornada electoral que se lleva a cabo. Incluso, la sospecha de que un fraude ya asomó la cabeza es comentario más frecuente y, por supuesto, en las reflexiones de los inmediatamente afectados, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Andrés Manuel Lopez Obrador; por la sencilla razón de que la maniobra del Tribunal Federal Electoral para integrar a Jaime Rodríguez alias “El Bronco” a la boleta electoral posiblemente les restará sufragios el día de la elección.
Es pertinente subrayar, que esta mayoría de cuatro que integra el TEPJF es la misma que validó las polémicas elecciones en el Estado de México en las que el primo hermano del Presidente, Enrique Peña Nieto, se convirtió en gobernador.
Estos cuatro magistrados fueron los que validaron las discutidas y oscuras elecciones en Coahuila; son los mismos que aprobaron el uso del conflictivo sistema de monederos electrónicos en las campañas electorales que dieron lugar a las trapacerías y negligencias cometidas por los equipos de los aspirantes a integrar la boleta electoral.
Jurídicamente justo y políticamente atinado, hubiese sido que el TEPJF, de forma unánime, votase con la ley en la mano, como lo propuso la propia presidenta, Janine Otálora y los dos magistrados que votaron igualmente en contra, en el sentido de que al “El Bronco” se le hubiese ampliado el tiempo para aclarar la autenticidad de las credenciales dudosas o falsificadas y no abrirle la carretera hacia la boleta en la forma discutida, criticada y sospechosa que se hizo.
Lo hecho por los cuatro magistrados a modo es grave para la credibilidad de las instituciones, las perjudica al validar la falsificación aprobando la trampa, y coloca al Tribunal en la tabla de calificaciones como reprobado en cuanto a la honestidad de cuatro funcionarios electorales que ahora están bajo sospecha en la opinión pública por haber convalidado requisitos electorales injustificados.
@luis_murat
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