Las manifestaciones y declaraciones públicas no influirán en los resolutivos de las impugnaciones de la elección presidencial, pues éstas serán resueltas apegadas a derecho, aseguró Pedro Esteban Penagos, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así lo reporta el diario Reforma.
“Vamos a resolver una cuestión de derecho, para esto desde luego no influyen las declaraciones que en un momento dado pudieran hacerse a nivel medios de comunicación, no influyen, como consecuencia, y esto lo digo con todo respeto, ni marchas, nimanifestaciones.
“Porque el sistema democrático en México, por voluntad del legislador, quedó completamente arreglado, (…) el instrumental jurídico del que disponemos realmente nos permite resolver de manera integral y completa, actual, todos los medios de impugnación”.
En la protesta de este domingo, denominada “Segunda Megamarcha contra la Imposición”, decenas de personas acusaron al Tribunal Electoral de inacción.
Entrevistado en el programa “Justicia Electoral a la Semana”, que se transmite por el Canal Judicial, el juzgador enfatizó que el Tribunal, que deberá calificar la elección, actúa con absoluto profesionalismo, transparencia y certeza jurídica.
Explicó que entre 330 y 340 “profesionales y técnicos” se encargarán de hacer el estudio respectivo de 364 juicios de inconformidad, de los cuales 361 son contra los cómputos distritales de la elección presidencial y 3 “genéricos” para invalidar la elección.
Tras reiterar que el único color de los juzgadores del Tribunal es el de las leyes, Esteban Penagos aseguró que se cumplirá en tiempo y forma con los plazos que marca la ley e incluso confió en que la calificación de la elección se haga antes del 6 de septiembre.
El TEPJF deberá resolver todos los juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial a más tardar el 31 de agosto para que, con base en ello, la Comisión Especial, integrada por tres magistrados, elabore el dictamen sobre la validez de la elección, el cómputo final, y en su caso, la declaratoria de Presidente Electo, resolución que deberá ser aprobada a más tardar el 6 de septiembre.
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