* El responsable de la política interior cotidianamente pasa las de Caín, sin competencia legal en materia agraria y, sobre todo, sin recursos económicos, humanos y materiales para operar.
* A pesar de las grillas e intrigas palaciegas, el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, afirmó que “nadie de buena fe puede negar que la gobernabilidad está fortalecida”.
¡Vaya que el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, sigue bailando con la dependencia más fea de la administración estatal para fortalecer la gobernabilidad en el Estado!
El responsable de la política interior cotidianamente pasa las de Caín, sin competencia legal en materia agraria y, sobre todo, sin recursos económicos, humanos y materiales para operar.
Es de invaluable ayuda al pueblo y Gobierno de Oaxaca que, por tercera ocasión, el istmeño, oriundo del puerto de Salina Cruz sea el responsable de la política interior del Estado.
No obstante, el amplio y probado conocimiento de Mafud sobre los conflictos político-sociales, especialmente agrarios y municipales; no basta por sí misma su sola trayectoria y experiencia.
El mayor problema que enfrenta diariamente el Secretario General de Gobierno es la abierta falta de colaboración de los amigos y colaboradores más cercanos del Gobernador Alejandro Murat.
El menosprecio de los llamados “yupis” contra los “yopes”, se traduce en los hechos en una preocupante y peligrosa traición a su amigo y jefe, quien les invitó a venir a servir a Oaxaca.
En el programa radiofónico Crónica Política conducido por Rosy Ramales en Stereo Uno, Flavio Sosa puntualizó que Héctor Anuar Mafud no cuenta con interlocución en el actual gobierno y no puede garantizar gobernabilidad política porque “ninguno de los jóvenes le toman la llamada”.
A pesar de estas grillas e intrigas palaciegas, el Secretario General de Gobierno afirmó, “Oaxaca está fortaleciendo su gobernabilidad”, al comparecer este martes ante integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la LXIV Legislatura del Congreso Local.
Convocatoria que dejó mucho qué desear, en virtud que no hay diálogo, mucho menos análisis y discusión, toda vez que ésta última es sustituida por intervenciones sin fundamento y agresiones.
Mafud reiteró que el Gobierno del Estado hace un esfuerzo como mediador y conciliador en la búsqueda de soluciones, pero no tiene competencia para emitir mandatos e imponer soluciones agrarias.
En relación a los asuntos agrarios, señaló que actualmente se tiene un universo de 356 asuntos, la mayoría por límites; de los cuales 30 fueron de alto riesgo, 60 de mediano y 266 de bajo riesgo.
A la luz de esta realidad, resulta hondamente preocupante que existan en Oaxaca tantos conflictos agrarios como días tiene el año, muchos de ellos prefabricados por organizaciones sociales, iglesias y organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico.
Mafud destacó que la dependencia a su cargo ha trabajado de manera constante en la atención de este tema prioritario para la gobernabilidad del Estado. “A todos los conflictos se les ha dado puntual atención y seguimiento”, aseguró.
Recordó a los diputados que, como conocedores de la trascendencia del tema agrario en la vida de las comunidades de Oaxaca, saben que para su solución se requiere inevitablemente de la voluntad de las partes en conflicto; y el Gobierno del Estado hace un esfuerzo como mediador, como conciliador en la búsqueda de las soluciones.
“Todos sabemos que, incluso, en muchas ocasiones el mandato contenido en una sentencia jurisdiccional no es respetada por una comunidad que considera que no está acorde a la realidad, a las pruebas aportadas, o por alguna causa que da motivo a la asamblea de la comunidad para no aceptarla”.
Entonces, puntualizó durante su comparecencia, que el único camino que queda es la conciliación, “lo que nosotros, de buena fe, hacemos antes y después de la resolución jurisdiccional”.
Como resultado del trabajo comprometido de la Segego, sumado a la voluntad y disposición de las comunidades, Mafud enfatizó que se ha logrado la resolución de 11 asuntos agrarios, que sumados a los cinco resueltos el año pasado, reflejan el interés que tiene el gobernador Alejandro Murat para avanzar en este tema prioritario para Oaxaca.
Asimismo, en materia de asuntos municipales, el titular de la Segego aseveró que derivado del proceso electoral del año 2016, los tribunales electorales anularon 38 elecciones municipales, por lo que en esas localidades se nombraron comisionados municipales provisionales. En este sentido –dijo- la Segego y la Legislatura del Estado a través de sus comisiones, promovieron la resolución de estos conflictos, logrando que solo queden seis comisionados.
Detalló que en el caso de las elecciones extraordinarias en San Dionisio del Mar, la Segego a petición del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEPCO), llamó a las partes al diálogo, la concordia, prudencia y no violencia a través de diversas mesas de diálogo.
En Oaxaca existen y actúan 425 organizaciones sociales. A todas ellas se les atiende en sus peticiones para llegar, en la mayoría de los casos, a soluciones que permitan fortalecer la gobernabilidad del Estado. Por ello, se han realizado 909 mesas de trabajo.
El diálogo que ha propuesto a los ciudadanos, a las organizaciones y a las expresiones políticas, requiere de la actitud prudente, pero firme, del Gobierno, así como el respeto a las opiniones y protección de las minorías, como lo exige una auténtica democracia.
Respecto de los desplazados triquis, dijo que este año, durante los meses de marzo y abril de 2018, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se realizó un nuevo censo para conocer la situación actual de los beneficiarios de esta medida, resultando, en dicho censo, que a la fecha existen 60 personas cauteladas.
A estas personas, se brinda alimentación, renta de casas habitación y locales comerciales, atención médica, apoyos educativos, acceso a actividades culturales y recreativas, así como seguridad y vigilancia, cumpliendo con ello la medida cautelar provista.
Existe quien se niega a recibir los apoyos toda vez que éstos deben quedar documentados. Ante esta situación, lo que toca es mantener bajo resguardo y a su disposición los documentos correspondientes.
Resaltó finalmente que los observadores de derechos humanos y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la UNICEF, así como las organizaciones sociales que acompañaban a los migrantes, no emitieron observación alguna al trabajo del Gobierno del Estado.
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