El Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana (México SOS), presidido por Alejandro Martí, condena el reprobable secuestro y homicidio de un menor de edad cuyo padre había recibido su liquidación como ex trabajador de Luz y Fuerza del Centro.
El menor de nombre Giussepe fue secuestrado el pasado 24 de agosto en el Fraccionamiento Las Alamedas, en Atizapán, y pese a que sus padres pagaron el rescate, el pequeño de 10 años fue privado de la vida.
De las indagatorias, según se desprende de testimonios periodísticos, se produjo la detención de Omar Alin Rayas Becerra, quien se encuentra recluido en el Penal de Barrientos.
México SOS no sólo demanda de las autoridades del Estado de México el esclarecimiento total de este crimen, así como la detención del 100% de los integrantes de la banda, sino que condena la insensibilidad de los diputados federales, quienes a la fecha no han dictaminado la minuta de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
Queda claro que los tiempos del país y de los mexicanos, victimizados por delitos graves como el secuestro, no son los tiempos de los diputados. Han dado suficientes muestras de privilegiar sus estrategias de poder, antes que resolver los grandes problemas que nos aquejan como ciudadanos, y que es la violencia que victimiza a la sociedad.
Si los diputados hubiesen dado celeridad para aprobar dicha minuta en el pasado periodo ordinario de sesiones -porque la urgencia del país así lo demanda-, hoy ese presunto criminal detenido estaría siendo juzgado bajo la nueva ley, que implicaría la elevación de la pena cuando la víctima sea menor de edad y/o se le prive de la vida. Así como que a este trabajador de la extinta Luz y Fuerza, el estado le reintegraría la totalidad de lo pagado por el rescate, así como contaría con otros apoyos que el proyecto de ley contempla.
Entre más se retrase la aprobación de ese instrumento legal, mayor espacio se abre a la impunidad.
