Gerardo Albino González es un funcionario que a pesar de haber detentado durante dos sexenios posiciones políticas y económicas, sobre todo, de primer nivel, invariablemente ha mantenido un perfil bajo hacia los medios de comunicación, en una labor mucho más técnica y al interior del gabinete del gobierno en turno, pero ahora afloran negocios con severos tintes de corrupción en los cuales podría estar involucrado Albino. Así lo demuestran acuerdos realizados por el funcionario durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, principalmente por uno de los ejes del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, el programa Bienestar, el cual deriva de una iniciativa del mandatario con peticiones de la izquierda oaxaqueña, programa que por cierto, entró con paso de caballo y ahora avanza con trote de mula, pues ha disminuido el presupuesto de varias de sus vertientes, pero eso será tema de otras columnas. Gerardo Albino trabajó estrechamente con Diódoro Humberto Carrasco Altamirano cuando éste fue gobernador del estado y su función fue el tema económico a través de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, Coplade, en la cual obtuvo un prestigio de tecnócrata eficiente. De esos tiempos y esos equipos conoció y compartió gabinete con el actual mandatario Cué Monteagudo, quien era secretario Técnico del propio Carrasco, de ahí la amistad en pocas palabras. Durante el presente sexenio, Albino fue reciclado primero como coordinador general de los Módulos de Desarrollo Sustentable, sustitutos de las delegaciones regionales de gobierno; posteriormente fue nombrado titular la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Sedesoh, al dejar ese cargo Carlos Altamirano Toledo, quien se fue como auditor Superior del Estado; finalmente fue nombrado Albino otra vez como cabeza de la Coplade, luego de que en los primeros dos años del gobierno de Cué esa dependencia había desaparecido en un fortalecimiento del control presupuestal de quien fuera poderoso secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, quien centralizó lo controles financieros en la primera parte del actual sexenio. Al llegar al relevo de Finanzas el actual secretario, Enrique Celso Arnaud Viñas, el gobernador decidió reinstalar la Coplade y entregársela nuevamente a Gerardo Albino, como en los viejos tiempos del diodorismo, pero ya había dejado su estela con tufo de corrupción en la Sedesoh.
SPI Y LOS CUARENTA MILLONES
Javier López Casarín es un joven empresario que fundó la consultora Soluciones y Programas Integrales, SPI, en el 2011, justo en el primer año formal de gobierno de Cué Monteagudo – a lo mejor es coincidencia- con la finalidad de “acompañar” a los gobiernos estatales en la gestión, administración y aplicación de recursos, sobre todo derivados de la federación, es decir, de lo que comúnmente se le conoce como “bajar recursos” del presupuesto nacional. El asunto es que uno de los primeros contratos de López Casarín fue en la Sedesoh de Albino González en un asunto incomprensible para las instituciones bancarias consultadas por esta columna, las cuales solicitaron el anonimato para revelar información. El monto del contrato de SPI con Gerardo Albino fue de 40 millones en el 2011, otros 40 millones en el 2012 y otros más en el 2013, es decir, lleva cobrados, según los datos obtenidos, 120 millones de pesos en tres años por una actividad totalmente absurda, como lo es dispersar el dinero de los programas Bienestar a través de tarjetas bancarias; es decir, el dinero de los programas Bienestar se le deposita a las cuentas de SPI o se les vincula para que ésta empresa reparta el dinero de los beneficiarios de programas como apoyo a personas de la tercera edad, discapacitados, becarios, etcétera. Esto es absolutamente inútil, pues cualquier banco puede hacer esa dispersión del dinero, prácticamente sin costo para el erario estatal; sin embargo, SPI cobra 40 millones de pesos anuales por este servicio. Como un servicio adicional, López Casarín agregó un seguro de vida para los beneficiarios aproximadamente de 150 mil pesos, pero a decir de los datos de referencia, en los tres años no ha pagado arriba de 300 mil pesos por este concepto, aunado al hecho de que una empresa de esta índole no puede vender seguros de vida sin la autorización previa de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo cual o está violando la ley SPI, o tiene sub contratada a una aseguradora, fungiendo como intermediaria de la venta, al igual que lo hace con la dispersión de los recursos, los cuales finalmente los realizaba Banco Santander primero, y ahora lo hace Banamex. SPI sólo cobra por poner su logo en las tarjetas de los beneficiarios, aunque algunos consideran un poco excesivo pagar 40 millones de pesos anuales por estos servicios.
LA DEFENSA DE ALBINO
Una revisión de la firma de renovación de los servicios de SPI para que también le contraten en este 2014 ha arrojado una intervención de Gerardo Albino en el círculo de primer nivel con una férrea defensa del contrato de su amigo López Casarín y SPI, pues ante el cuestionamiento de los nuevos especialistas de Finanzas de no comprender el sentido de ese contrato, la respuesta de Albino fue que si se deja de contratar a SPI, se perderán los índices de disminución de la pobreza en Oaxaca, los cuales fueron reportados por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Nacional, Coneval, en una disminución del 67 al 61.9% en el período de 2010 al 2012, pero eso es una absoluta falacia, porque esos índices no disminuyeron por la empresa de Javier López Casarín, sino fundamentalmente por la aplicación de los programas Bienestar, por lo tanto, el argumento de Albino es una manipulación de defensa para sostener el contrato de SPI. Funcionarios bancarios entrevistados relataron como al principio del contrato, en el 2011, Javier López acudía a las reuniones con los involucrados en la aplicación de los recursos Bienestar y hablaba de colocar hasta cajeros automáticos en regiones remotas alejadas de las zonas urbanas: “Nosotros”, los de los bancos, “le decíamos si tenía idea del costo de un cajero automático, porque sus ideas en general, si las hubiera llevado a cabo, hubieran implicado inversiones de varios millones de pesos”, indicaron. Sin embargo, desde el 2012 ya ni a las juntas se para López Casarín, sino siempre envía empleados de segundo nivel, quienes atendían beneficiarios hasta hace unos meses en una casa ubicada en la calle 20 de noviembre, a unas cuadras del mercado Benito Juárez en el centro de la ciudad. Durante el presente año no se ha renovado el contrato de SPI de estos servicios con la Sedesoh porque luego de varias protestas, se encuentra a revisión en un comité especial de adquisiciones.
OTRO NEGOCIO DE ALBINO
El jueves pasado, cerca de 350 pequeños productores de mezcal derramaron casi mil litros supuestamente de esa bebida en la explanada de Santo Domingo de Guzmán, encabezados por Abel Alcántara López, quien a su vez representa a la asociación “Maestros del Mezcal”, en protesta de reconocimiento oficial de sus productos y en demanda de recursos económicos al gobierno estatal. El asunto liga a Gerardo Albino, pues fue quien le dio entrada y jugada de operación a Alcántara López cuando era titular de la Sedesoh, mezcalero oriundo del estado de Guanajuato, y amigo de varios años atrás de Albino. Una de las inconformidades de Abel Alcántara, aunque no la manifestó en la protesta del jueves pasado, es porque Gerardo Albino y él habían promovido varias decenas de miles de pesos de apoyo a mezcaleros, todo coordinado por ellos, pero para su mala suerte, el dinero sí salió, pero Albino ya no estaba en Sedesoh, sino en Coplade, y el nuevo secretario, Emanuel Alejandro López Jarquín, fue quien entregó los cheques a los mezcaleros en forma directa, y no a través del liderazgo de Abel López, lo cual pudiera ser uno de los orígenes de sus protestas actuales. De esta manera, al menos dos ejemplos reflejan sucios negocios que podría estar realizando Gerardo Albino González.
DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, EL ORIGEN
La Descentralización Educativa fue promulgada el 19 de mayo de 1992 como un intento de Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República en la cual intentó delegar todos los temas de la educación a los estados de la República. A final del cuentas, ese intento fracasó porque no se concluyó, sino sólo se transfirieron acciones administrativas y algunos controles laborales a las entidades, y el grueso de las decisiones en materia de programas y manejo de recursos quedó en manos de la federación, la cual hasta nuestros días, mantienes ese control; así, no pueden los estados decidir las rutas y cantidades de sus presupuestos, sino apegarse a las decisiones del centro. Ahora con la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, esa centralización se vuelve mucho más radical y la federación le avienta una bomba nuclear a entidades como Oaxaca, y luego le dice al gobernador que se haga bolas con esas decisiones, sin mayor apoyo complementario a las decisiones federales. Cuando en los tiempos de Salinas en el país y Heladio Ramírez López como gobernador de Oaxaca, ya de salida el sexenio heladista, Oaxaca era el único estado que no firmaba la Descentralización Educativa, de hecho fue el último en firmarla, justamente por el desacuerdo con la Sección 22 de esos tiempos. De esta manera, confluyeron dos escenarios que influyeron en el futuro de nuestro estado: 1.- La intención de Heladio de quedar bien con el presidente de la República y 2.- La intención de Lino Celaya Luría, titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEEPO, en esa época, de ser gobernador. Estas dos circunstancias llevaron al gobernador Ramírez López a formar acuerdos de entreguismo total a la Sección 22 del IEEPO y de dinero a caudales, concesiones que desde entonces se alegan como conquistas sindicales, cuando no fueron más que acuerdos de chantaje político del magisterio para allanar el camino de la ambición política. Esos personajes endeudaron a Oaxaca y hoy le deben. jaimelabc22@gmail.com
