La reorganización de la administración pública federal que quiere el presidente electo, Enrique Peña Nieto, podría no ser la solución de fondo para los problemas de seguridad y corrupción en México, coincidieron analistas consultados por ADNPolítico.com.
Carlos Elizondo Mayer-Serra, Pedro Peñaloza, Eduardo Bojórquez y Jana Palacios evaluaron, a petición de este sitio, las implicaciones de la iniciativa presentada esta semana al Congreso a través de los legisladores del PRI y el PVEM.
Las reformas implican fortalecer a la Secretaría de Gobernación, adscribiéndole las funciones de la actual Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y sustituir la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la nueva Comisión Nacional Anticorrupción.
El politólogo Carlos Elizondo Mayer-Serra consideró que la integración de la SSP en una ‘Subsecretaría del Interior’ en Gobernación tiene más riesgos que certezas.
“¿Cuál es el costo de esta decisión? El uso de estas dependencias se puede politizar. La razón por la que hemos tenido unas instituciones policiacas tan débiles es porque se usan para control social en lugar de combate a la inseguridad.
“Creo que se corre el riesgo de perder lo que se ha construido con dificultades: una SSP que se estaba encaminando a ser una dependencia profesional, con buenos modelos de organización, con buenos programas de control de confianza y que estaba fuera del control político”, comentó.
La ventaja, dijo, es que supeditar las tareas policiacas en una dependencia fuerte permite mayor coordinación entre las áreas de seguridad y el apoyo político que requieren.
“Puede existir más coordinación, más control sobre lo que se hace. Tener a la policía en el modelo anterior permitía caminar todos hacia una misma meta, en lugar de tener objetivos diferentes. Podemos ver más cohesión en la estrategia.
“Mi preocupación sería todo el costo de transmisión organizacional, toda la complejidad de un aparato mucho más grande, puede distraer mucho de la energía que se requiere el combate el crimen”, indicó.
Pedro Peñaloza, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, es poco optimista y considera que la propuesta de Peña para Gobernación es una vuelta al pasado.
“Es el viejo PRI, puesto que volver al esquema de tener una policía dentro de la Segob pretende copiar a los antiguos modelos de la región que colocan en el mismo sitio a la política con la seguridad.
“Si prospera la iniciativa, el mensaje de fondo es que se va a razonar políticamente con las políticas policiacas. Habrá, en el mismo edificio, una puerta para usar el diálogo y otra para el garrote”, señaló.
Advirtió además sobre el riesgo de que esta secretaría tenga también poder en las cárceles, el resto de las policías de país y la seguridad nacional en general.
“No es democrático, no es eficiente, no es el enfoque de desarrollo social que se requiere para atacar el crimen organizado y va en contra de lo que muchos expertos han señalado como el camino para frenar la violencia”, dijo Peñaloza.
Sobre la iniciativa anticorrupción, el director de la asociación civil Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez, dijo que la desaparición de la SFP no es relevante, mientras el gobierno no haga cambios en la Procuraduría General de la República.
“El esfuerzo de crear una comisión nacional atiende a una exigencia social para reducir la presión social, pero el hecho es que – más que la Función Pública – la PGR es la que pierde los casos de control de impunidad.
“Si hay un lugar donde los expedientes de la Auditoría Superior de la Federación se ‘pierden’ es en el PGR, no en Función Pública. Ése es uno de los huecos enormes del sistema y se perdió de vista en la iniciativa”, señaló Bojórquez.
Aseguró que el combate a la corrupción no es un tema de auditorías, sino de procuración de justicia y, a su juicio, sin ese enfoque en las reformas no habrá un avance sustancial.
“Este cambio no es un ascenso o descenso en la prioridad del combate a la deshonestidad en el gobierno, es únicamente un cambio de estrategia y como tal hay que verlo. Sin grandes expectativas ni de manera derrotista”, opinó.
Jana Palacios, directora de Proyectos de Buen Gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad, criticó que desaparezca la SFP sin que se conozca qué pasará con el resto de sus funciones que no tienen que ver con combate a la corrupción.
“Para mucha gente, la Función Pública hace sólo trabajos de contraloría, pero también hace trabajos que tienen que ver con contrataciones públicas, regulación, buen gobierno, gobierno electrónico.
“Me preocupa que el mensaje sea: el tema de corrupción de Función Pública va a la Comisión Nacional Anticorrupción y el resto a la Secretaría de Hacienda ¿y qué van a hacer con contrataciones, gobierno electrónico? ¿van a desaparecer los contralores internos? Hay muchas cosas que no están claras”, dijo Palacios.
Aseguró que este tema es relevante porque la SFP regula las compras del Gobierno Federal, que representa un gasto aproximado del 10% del Producto Interno Bruto del país.
“Creo que aún falta mucha claridad, que nos expliquen muy bien la desaparición de la Función Pública por una Comisión Nacional y sus alcances. No todo es corrupción en esa secretaría y podrían estar dándole al traste a algo muy importante”, advirtió.
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