El desafío principal de los partidos políticos y sus candidatos ante 2018 será presentar una plataforma ideológica y programática estructurada y viable, que dé respuesta a los temas más sensibles para los mexicanos, comenzando por una propuesta para modernizar y tecnificar el campo, el sector más amenazado por las nuevas condiciones planteadas por el arribo de Donald Trump al gobierno de nuestro principal socio comercial.
La apertura indiscriminada de 1994, al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se hizo sin actualizar el marco jurídico local y sin otorgar apoyos efectivos en materia agropecuaria. Si ha de revisarse ese tratado a la luz de las nuevas condiciones internacionales, tendría que defenderse como nunca el interés nacional y, en particular, el trato hoy desventajoso para el agro mexicano.
Se precisa, en todo caso, reformar el andamiaje legal del país para crear las condiciones que generen empleo y justicia en el campo, ante la perspectiva ominosa de la deportación masiva de trabajadores indocumentados y el bloqueo físico para la emigración de miles de connacionales más en los próximos años. ¿Cuál es la propuesta específica y sustentada de cada fuerza política en este tema delicado?
Hablamos de un tema muy importante para la nación: a diferencia de los países más industrializados, marcadamente urbanos, en las zonas rurales de México todavía vive 22 por ciento de la población. Ahí están los mayores rezagos y también algunos de los mayores recursos, eso sí, deficientemente explotados, como los recursos mineros y forestales, ambos sin criterio de rentabilidad y sustentabilidad ambiental.
No en todos los terrenos abrirse al exterior ha sido una fórmula exitosa para México. Salta a la vista que mientras el TLCAN favoreció al sector secundario de la economía, pues se incrementó notablemente la exportación de los productos manufacturados, y aun al sector terciario, de servicios, ya que repuntó el turismo, las actividades primarias, relativas a la producción agropecuaria, han sido sacrificadas.
No hay gran sofisticación en la respuesta: además del mayor desarrollo tecnológico de nuestros socios en ese tratado comercial, Estados Unidos y Canadá, los gobiernos de esos países mantuvieron, y aun incrementaron, los subsidios y apoyos subrepticios a sus productores, mientras en México esas ayudas desaparecieron o se acotaron.
Las reglas del libre mercado las adoptó y aplicó dogmáticamente el gobierno de nuestro país a fines del siglo XX y la primera década del actual milenio, al tiempo que nuestros socios comerciales les daban instrumentos fiscales, crediticios y apoyos directos a sus productores rurales, cada vez más volcados a la agroindustria y la exportación, para incrementar sus tasas de plusvalía y ganancia.
El resultado ha sido el incremento de la dependencia alimentaria del país las pasadas dos décadas y la agudización de las carencias en la dieta de los 55.3 millones de mexicanos ubicados en la franja de la pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2014).
La pérdida de soberanía alimentaria de México la retrata el hecho contundente de que tan sólo en 2012 la importación de maíz alcanzó 9.5 millones de toneladas, que provinieron casi en 90 por ciento de Estados Unidos y representaron cerca de 27 mil millones de pesos, según cifras oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
De los alimentos que consumimos los mexicanos, 57 por ciento tienen origen en nuestro país y el 43 por ciento restante viene de fuera a un alto costo. Por productos, el país compra a otras naciones la tercera parte del maíz que comemos, la mitad del trigo, 80 por ciento del arroz y entre 30 y 50 por ciento del frijol, así como poco más de 30 por ciento de la leche en polvo.
Al año, México invierte alrededor de 15 mil millones de dólares en compras al exterior para completar la canasta básica, cifra mayor a unos ingresos petroleros crecientemente a la baja, lo que nos coloca en una posición frágil y dependiente, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Por eso es preciso impulsar una reforma estructural y de fondo al hoy disperso y desarticulado marco legal que regula las políticas públicas, y específicamente los incentivos, para las actividades productivas del campo mexicano.
Las nuevas reglas de operación de los programas gubernamentales federales para transitar a un nuevo enfoque que privilegia la productividad son un paso adelante, pero no dejan de ser sólo medidas administrativas, sexenales.
Por eso, una reforma estructural para el campo tendría que considerar, entre otros puntos:
1) La creación de una sola entidad pública o financiera, o al menos la armonización de criterios y la coordinación estrecha de las distintas instituciones creadas para financiar y apoyar al campo, como el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
2) De manera especial, consolidar la banca de desarrollo que financia la modernización del sector rural.
3) Una legislación que considere los rubros de biotecnología, financiamiento, comercio internacional, competitividad y precios justos.
4) Un sistema nacional de garantías para minimizar riesgos para el productor, siendo las inversiones agropecuarias inciertas por naturaleza.
5) El nuevo andamiaje legal debe propiciar el salto cualitativo hacia la agroindustria, para que haya mayor valor agregado y mejores ingresos para los productores rurales, sin olvidar a los sectores tradicionales.
6) El nuevo marco legal debe tener como uno de sus ejes la innovación científica y tecnológica, para garantizar la seguridad alimentaria, fundamental para la soberanía y la estabilidad social.
7) Adoptar la sustentabilidad como ingrediente indispensable del desarrollo en el campo, a la luz del cambio climático, una realidad ineludible.
En suma, antes que la revisión de nombres y prospectos para 2018, los ciudadanos exigirán de partidos y candidatos ofertas claras, articuladas y viables para dar respuesta a los grandes desafíos que nos imponen las nuevas y exigentes condiciones del mercado mundial: es imperativo reformar el marco legal para propiciar la modernización del agro, dar productividad y competitividad a las actividades primarias, alcanzar así la soberanía alimentaria y enfrentar la embestida de la derecha trumpista contra los intereses nacionales, especialmente contra las mujeres y los hombres del campo.
